Autor: Redactor

Santa Cruz de Tenerife, 19 sep (EFE).

– El I Salón Náutico de Canarias, que se celebra en el Recinto Ferial de Tenerife bajo el nombre de ‘Iñaki Domínguez’ y que reúne a 50 expositores y 60 ‘stands’ distribuidos en 10.

000 metros cuadrados, buscará ahondar en la diversificación económica a través de la economía azul.

Así lo ha expresado este viernes durante la inauguración el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, quien ha aseverado que el sector náutico está llamado en las islas a ser una herramienta útil en esa búsqueda por hacer que la economía de las islas dependa menos del sector servicios.

Lope Afonso ha reivindicado asimismo la oportunidad que significa para Tenerife acoger iniciativas de este tipo, «que es una aspiración labrada en el tiempo, que hoy se hace realidad, y que permite que la isla tenga un reencuentro con el mar», ha dicho.

«Este salón es un nuevo esfuerzo para establecer las bases de una estrategia que impulse la economía azul, convirtiéndonos en una isla que utiliza todos sus recursos de forma inteligente y sostenible», ha resumido Lope Afonso.

Además, el consejero Manuel Fernández ha explicado que el Salón llevará por nombre Salón Náutico ‘Iñaki Domínguez’, en memoria del que fuera gerente del Recinto Ferial durante años, y como reconocimiento a su trayectoria profesional.

Por su parte, la presidenta de Asnáutica, Carmen Fernández Ibars, puso de relieve “la colaboración entre el Cabildo y el sector a la hora de poner en marcha esta iniciativa, que ha tenido una gran acogida desde su primer día”.

El objetivo, según han coincidido los organizadores, es promover, fomentar e impulsar el desarrollo del sector náutico en el archipiélago, así como sus sectores auxiliares y el turismo marítimo.

En definitiva, han dicho, “promocionar el deporte y el ocio marino, estimular el turismo náutico y marítimo, generar nuevas oportunidades de negocio para empresas del sector, impulsar la profesionalización de los oficios y servicios vinculados y sensibilizar y fortalecer el vínculo entre la sociedad canaria y su entorno marino”.

El evento podrá visitarse en la nave principal del recinto ferial, entre el 19 y el 21 de septiembre, en horario de 10 a 20 horas, excepto el domingo 21, que el Salón abrirá sus puertas entre las 10 y las 15 horas.

En el salón participan asimismo la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, FEMETE, y ASNÁUTICA, el clúster marítimo de Canarias, TURMAR Canarias y FEDEPORT.

EFEcmg/acp(foto)(vídeo)

San Sebastián, 19 sep (EFE).

– La historia real de una joven con parálisis cerebral prostituida durante años por su propia familia en Canarias se relata en ‘Abril, hoy no es invierno’, el cortometraje documental de Mabel Lozano que abre este viernes la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián.

En el corto se explica cómo Ángeles Blanco, abogada de una asociación que asiste a personas con parálisis cerebral, recibió en su teléfono un ‘SOS’, ante el que pidió más datos, pero sin respuesta.

Llegarían más mensajes a su teléfono en meses sucesivos, siempre con emoticonos, y la abogada tuvo que encontrar, pacientemente y sin precipitarse para no frustrar el proceso, una manera de dar con la joven que se los enviaba.

«Cuando Ángeles me contó la historia le dije que no quería rodarla, que no podía más», explica a EFE la directora.

Estaba aún presentando ‘Ava’, un cortometraje documental sobre una joven que iba al instituto y fue captada por redes de explotación sexual, con el que ganó un Goya en 2024.

Pero la abogada empezó a mostrarle datos sobre violencia contra mujeres con una multidiscapacidad, y le pidió que se encargara ella del rodaje, porque había demostrado ser capaz de no hacer «pornografía del sufrimiento», remarca Lozano.

De hecho, ‘Abril, hoy no es invierno’ se construye sobre todo a base de pantallazos de las conversaciones de whatsapp entre Blanco y la víctima, mientras una voz en off va narrando la historia.

«Otra cosa habría sido revictimizar a Abril», explica Lozano.

«Empecé a investigar y conocí la cantidad de mujeres con parálisis cerebral violadas por sus hermanos, por los amigos de sus hermanos, por su familiares.

Es un trozo de carne encima de la cama que no se puede mover», relata con crudeza la directora y actriz.

Una situación que estas mujeres -cuya discapacidad motora no afecta necesariamente sus capacidades intelectuales- tienen mucha dificultad para denunciar, pues son totalmente dependientes.

En el caso de Abril, su padrastro, su madre y sus hermanos llevaban desde que tenía 14 años viviendo de su pensión y de prostituirla con una media de cinco hombres al día y cuando trataba de resistirse a voces -pueden emitir sonido aunque no articularlo- la pegaban o la dejaban sin comer.

Cuando tenían que llevarla al médico, le decían que tenía una discapacidad mental, y no había más indagaciones.

Sin embargo, «ella tiene un cociente intelectual altísimo, aunque no sabía leer ni escribir.

Consiguió un teléfono móvil y que le encargaran una silla de las que da el Gobierno, que valen una fortuna y pesan 200 kilos, y que la sacaran una hora todos los días y la dejaran al sol.

Ahí es cuando consiguió empezar a comunicarse con la abogada», subraya Lozano.

Aunque Abril pudo ser liberada y ahora vive en una residencia en Madrid, sus proxenetas quedaron impunes ante la justicia porque el caso es anterior a 2022, momento en que cambia la ley y se permite prestar declaración con comunicación alternativa, relata Lozano.

«Todavía las víctimas de violencia sexual que usan comunicación alternativa no tienen asegurado su acceso a la justicia.

Ahora admiten sus comparecencias, pero siempre y cuando ellas paguen el apoyo del logopeda», denuncia la cineasta, para quien queda un largo camino por delante para proteger a estas mujeres.

EFEmet/mcm

Las Palmas de Gran Canaria, 19 sep (EFE).

– El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este viernes que el Gobierno espera el apoyo de Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado de 2026, porque serán buenos para islas y cumplirán de manera «exquisita» con la Agenda Canaria pactada para la investidura de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con los responsables de CCOO y UGT en las islas, Torres ha señalado que los distintos ministerios han elevado sus propuestas de cuentas al Ministerio de Hacienda para que el Gobierno pueda presentar el anteproyecto de ley, que «ahonda fundamentalmente» en atender los servicios esenciales: la vivienda, los servicios sociales, la educación y la sanidad pública.

Así mismo, ha indicado que el Gobierno confía en obtener el apoyo mayoritario de la Cámara y ha considerado que «es imposible que CC» no los respalde.

Además, ha dicho ser optimista en que salgan adelante porque son unos presupuestos de carácter social a los que es difícil decir no, por lo que sólo entendería que votaran en contra el PP y Vox.

Los presupuestos serán «acordes al momento económico que vive nuestro país, que es locomotora dentro de la UE», ha avanzado.

Sobre Canarias, el ministro ha indicado que el Gobierno está dispuesto a negociar y a hacer más concesiones como los 100 millones que demanda para la isla de La Palma y que se disponga de más dinero para financiar las universidades públicas, la ley de dependencia y la construcción de vivienda pública.

«Hay legitimidad en pedir más, nunca está mal.

Estamos dispuestos a sentarnos para que, incluso, se puedan conseguir más cosas», ha subrayado.

El también secretario general del PSOE en Canarias ha señalado que igualmente exige al Gobierno regional, gobernado por CC y PP, que en los presupuestos autonómicos para el próximo año «haga una apuesta social clara y evidente, que hasta ahora no ha realizado» y que respondan al momento que viven las islas, con más de 18 millones de turistas y seguramente batirá récord de llegadas este 2025.

Ha pedido por ello al Gobierno canario que sus cuentas para 2026 contengan una política de vivienda efectiva, porque «hasta ahora no ha creado ninguna», mayor esfuerzo para cumplir la Ley de Dependencia e incrementen la dotación presupuestaria para educación, que ya han avanzado que no se podrá cumplir con el 5 % del PIB y «es incomprensible», cuando Canarias va a batir récord en la recaudación de impuestos.

Torres ha vuelto a reprochar al Gobierno que no haya bajado los dos puntos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que prometió el PP en la campaña electoral de 2023 y ha advertido de que su grupo parlamentario va a estar «muy encima de los presupuestos» y de la Ley de Servicios Sociales para que «se consiga que los que más tengan paguen más para llegar a la mayoría de la sociedad canaria».

Ha insistido en que en Canarias el aumento de los ingresos, de la llegada de turistas y de la riqueza no ha supuesto una mejora de la educación, la sanidad y los servicios sociales, y por eso la gente ha salido a la calle y se ha manifestado, pero el Ejecutivo «hace oídos sordos» a sus reclamaciones.

EFEcda/jmr(vídeo)cda(vídeo).

Santa Cruz de Tenerife, 19 sep (EFE).

– El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) ha elaborado un informe que propone veinte recomendaciones para acelerar los procesos y reducir la burocracia ante la emergencia energética en las islas y facilitar la transición hacia actividades cada vez más sostenibles.

Este documento contiene ocho recomendaciones generales para la simplificación administrativa y doce apartados específicos para el sector energético.

La institución plantea la creación de ventanillas únicas, concentrando los trámites y evitando la dispersión de la documentación, detalla en un comunicado.

El CES recomienda el establecimiento de un repositorio centralizado en la sede electrónica del Gobierno de Canarias donde empresas y particulares puedan almacenar datos de uso frecuente en sus trámites administrativos, así como gestionar las licencias, permisos y certificaciones en tiempo real.

También solicita al Ejecutivo regional que valore la ampliación del uso de la declaración responsable en aquellos procedimientos vinculados a las instalaciones de autoconsumo, aunque para asegurar un correcto cumplimiento opina que debe haber «un sistema de inspección posterior robusto».

Además, propone en su informe potenciar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en las fases de revisión documental, sin menoscabo de la atención presencial «de calidad» en aquellos procesos más complejos.

En materia energética, el CES recomienda una revisión integral de los aproximadamente 80 procedimientos administrativos actuales, ajustando la documentación requerida en cada trámite para evitar duplicidades.

Asimismo, considera necesario priorizar los proyectos de energías renovables, creando las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR), a la vez que cabildos, Consejería de Transición Ecológica y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) colaboran para definir las zonas de suelo rústico.

Finalmente, dado que muchos proyectos energéticos en Canarias requieren validaciones posteriores por parte de gobiernos insulares y ayuntamientos, insta a sistematizar procesos por parte de la FECAI y la FECAM.

El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, José Carlos Francisco, asegura que este informe pretende ayudar a la administración a ser «más eficiente y competitiva sin perder garantías».

«Reducir la carga burocrática es esencial para que el archipiélago avance en la implantación de renovables y la lucha contra el cambio climático, resultando más accesible y cercana tanto para las empresas como para la ciudadanía», anota.

Cree que la mejora de los procesos administrativos del Gobierno de Canarias en materia de energía constituirían «una inversión que facilite el camino hacia la descarbonización, haciendo que esos procedimientos acompañen y no obstaculicen la solución de los retos energéticos».

El documento del CES estudia normativas nacionales e internacionales, así como medidas concretas que pone en práctica el ejecutivo canario para la generación, distribución, consumo y transición energética, con el objetivo de determinar qué está dificultando el desarrollo económico y generando desigualdades.

EFEjmor

Santa Cruz de Tenerife, 19 sep (EFE).

– El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, ha registrado en la Cámara Alta tres preguntas escritas dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en las que reclama explicaciones sobre la insuficiente presencia de la Guardia Civil de Tráfico en La Gomera y El Hierro.

En sus iniciativas, el senador gomero pide al Ejecutivo central que aclare, en primer lugar, por qué el servicio de la Guardia Civil de Tráfico en estas islas se limita únicamente a los meses de julio y agosto, dejando sin cobertura estable al resto del año.

Asimismo, solicita conocer los planes concretos del Ministerio para atender la demanda de las administraciones insulares, que vienen reclamando de forma reiterada un destacamento permanente en ambas islas.

Finalmente, plantea qué repercusiones tiene para el funcionamiento del cuerpo que los efectivos de seguridad ciudadana deban asumir funciones propias de tráfico en las carreteras.

Chinea recuerda en un comunicado que la Asociación Española de Guardias Civiles ha denunciado recientemente que esta situación «compromete gravemente» la seguridad vial y ciudadana en las islas non capitalinas, y reclama «de manera contundente» la creación de un destacamento fijo tanto en La Gomera como en El Hierro.

No ve «de recibo» que dos islas «con una elevada afluencia de visitantes» sigan dependiendo de un dispositivo «temporal e insuficiente, que además obliga a detraer recursos humanos de otras áreas esenciales de la seguridad».

Sobre todo, añade, “teniendo en cuenta la fragilidad de las plantillas de la Guardia Civil presentes en las tres islas verdes del archipiélago».

Chinea esgrime que «la seguridad de los ciudadanos gomeros y herreños no puede estar supeditada a la época estival ni a la buena voluntad de los agentes que suplen carencias estructurales», y reitera su llamamiento al Ministerio del Interior para que dote a las islas verdes de los efectivos y medios materiales que «les corresponden».

EFEjmor

San Sebastián, 19 sep (EFE).

– La historia real de una joven con parálisis cerebral prostituida durante años por su propia familia en Canarias se relata en ‘Abril, hoy no es invierno’, el cortometraje documental de Mabel Lozano que abre este viernes la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián.

En el corto se explica cómo Ángeles Blanco, abogada de una asociación que asiste a personas con parálisis cerebral, recibió en su teléfono un ‘SOS’, ante el que pidió más datos, pero sin respuesta.

Llegarían más mensajes a su teléfono en meses sucesivos, siempre con emoticonos, y la abogada tuvo que encontrar, pacientemente y sin precipitarse para no frustrar el proceso, una manera de dar con la joven que se los enviaba.

«Cuando Ángeles me contó la historia le dije que no quería rodarla, que no podía más», explica a EFE la directora.

Estaba aún presentando ‘Ava’, un cortometraje documental sobre una joven que iba al instituto y fue captada por redes de explotación sexual, con el que ganó un Goya en 2024.

Pero la abogada empezó a mostrarle datos sobre violencia contra mujeres con una multidiscapacidad, y le pidió que se encargara ella del rodaje, porque había demostrado ser capaz de no hacer «pornografía del sufrimiento», remarca Lozano.

De hecho, ‘Abril, hoy no es invierno’ se construye sobre todo a base de pantallazos de las conversaciones de whatsapp entre Blanco y la víctima, mientras una voz en off va narrando la historia.

«Otra cosa habría sido revictimizar a Abril», explica Lozano.

«Empecé a investigar y conocí la cantidad de mujeres con parálisis cerebral violadas por sus hermanos, por los amigos de sus hermanos, por su familiares.

Es un trozo de carne encima de la cama que no se puede mover», relata con crudeza la directora y actriz.

Una situación que estas mujeres -cuya discapacidad motora no afecta necesariamente sus capacidades intelectuales- tienen mucha dificultad para denunciar, pues son totalmente dependientes.

En el caso de Abril, su padrastro, su madre y sus hermanos llevaban desde que tenía 14 años viviendo de su pensión y de prostituirla con una media de cinco hombres al día, y cuando trataba de resistirse a voces -pueden emitir sonido aunque no articularlo- la pegaban o la dejaban sin comer.

Cuando tenían que llevarla al médico, le decían que tenía una discapacidad mental, y no había más indagaciones.

Sin embargo, «ella tiene un cociente intelectual altísimo, aunque no sabía leer ni escribir.

Consiguió un teléfono móvil y que le encargaran una silla de las que da el Gobierno, que valen una fortuna y pesan 200 kilos, y que la sacaran una hora todos los días y la dejaran al sol.

Ahí es cuando consiguió empezar a comunicarse con la abogada», subraya Lozano.

Aunque Abril pudo ser liberada y ahora vive en una residencia en Madrid, sus proxenetas quedaron impunes ante la justicia porque el caso es anterior a 2022, momento en que cambia la ley y se permite prestar declaración con comunicación alternativa, relata Lozano.

«Todavía las víctimas de violencia sexual que usan comunicación alternativa no tienen asegurado su acceso a la justicia.

Ahora admiten sus comparecencias, pero siempre y cuando ellas paguen el apoyo del logopeda», denuncia la cineasta, para quien queda un largo camino por delante para proteger a estas mujeres.

EFEmet/mcm

Las Palmas de Gran Canaria, 19 sep (EFE).

– El Gobierno de España ha concedido hasta el momento 237.

145 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos en virtud de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática, según ha anunciado este viernes en Canarias el ministro responsable de ese área, Ángel Víctor Torres.

En declaraciones realizadas durante una visita a las Oficinas de Extranjería de Las Palmas de Gran Canaria, Torres ha detallado que las solicitudes de nacionalidad concedidas hasta la fecha representan el 27 % de todas las presentadas, que son 876.

321.

Y benefician, ha recordado, «a los nietos e hijos de personas que tuvieron que salir de España a otros países, fundamentalmente a América Latina, en los años de la Guerra (Civil) y la dictadura».

La mayor parte de ellas, ha detallado, se han cursado desde Argentina.

El procedimiento lo abrió la Ley de Memoria Democrática de 2022, que establece lo siguiente en una de sus disposiciones adicionales: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil».

Además, señala otros supuestos como, por ejemplo, para los desdencientes nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Para formalizar las solicitudes se marcó un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, aunque se estableció una prórroga de un año, que finaliza el próximo 24 de octubre.

Las encargadas de llevar a cabo la tramitación de estos expedientes son las oficinas consulares de España en los distintos países, ha recordado el ministro Torres.

Hasta finales de noviembre de 2024, se recibieron un total de 351.

266 solicitudes, casi 125.

000 más que desde la entrada en vigor a finales de 2023.

Más de un 95 % de estas solicitudes se presetaron en las oficinas consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami (Estados Unidos).

En concreto, los cinco consulados en Argentina representan un 40 % de las solicitudes totales.

Si se suman las cursadas en La Habana, las peticiones procedentes de Argentina y Cuba, superan el 53 %.

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Santa Cruz de Tenerife, 19 sep (EFE).

– El Gobierno de Canarias ha informado de que ha completado los expedientes de 300 menores migrantes no acompañados, de entre los que no han solicitado asilo, y está a la espera de que el ejecutivo central «agilice los trámites» y comience su derivación a otras comunidades autónomas, en aplicación de la Ley de Extranjería.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha informado en un comunicado del envío de esos expedientes a la Subdelegación del Gobierno, con sus respectivas autorizaciones de residencia y la documentación pertinente.

«Estamos cumpliendo con nuestra obligación y haciendo los trámites de forma correcta, de tal forma que la ralentización del proceso es solo achacable al Gobierno de España», según Rodríguez, quien acusa de «deslealtad institucional» al ejecutivo central por informar a los medios de comunicación de que falta documentación, cuando la Dirección General no ha recibido ningún requerimiento al respecto.

La directora general insta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a «agilizar los trámites y que los niños puedan ser derivados a la Península en tiempo y forma».

El Gobierno de Canarias informa de que desde que se declaró la contingencia migratoria extraordinaria, ha acogido a 24 menores, «que deberían ser los primeros en salir de las islas», para lo cual hay un plazo de quince días.

Según las previsiones, el primero de esos menores migrantes, que llegó a Lanzarote, será trasladado el 25 de septiembre.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha mostrado su preocupación porque siguen llegando menores solos a las islas, últimamente sobre todo de Marruecos y de Gambia.

En cuanto a las cifras de menores solicitantes de asilo con protección internacional, han sido derivados a la Península 98 y este sábado serán trasladados otros quince.

El ritmo de salida de veinte menores solicitantes de asilo a la semana es «claramente insuficiente», según la consejera.

En el centro Canarias 50, un recurso de tránsito en el que solo podían pasar quince días, ya hay 153 menores con protección internacional, muchos de ellos con dos meses de permanencia en ese espacio, ha denunciado el Gobierno de Canarias.

La consejera señala que «el Gobierno central sigue alardeando de que ha asumido en el sistema algunos más», pero según ella «son los que cumplen la mayoría de edad en nuestros centros», lo cual «no es cumplir con el auto del Supremo».

«Cuando son adultos tienen que pasar al sistema de adultos, pero si no se ha cumplido con sus derechos siendo menores, el Estado no puede contabilizarlos», según Delgado.

EFEacp/jmor