Autor: Redactor

Santa Cruz de Tenerife, 22 sep (EFE).

– La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado a la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife a emitir un nuevo fallo por un caso de agresión sexual, a petición de la víctima, por el que el acusado fue condenado a dos años de cárcel.

El alto tribunal canario detecta “una falta de convicción” de la Audiencia sobre el que es considerado el hecho capital, como es comprobar si hubo relaciones completas, lo que la Sala reduce a “la sometió a actos de carácter sexual”, mientras que la víctima utilizó en todo momento el término “violación”.

A ello se une que un testigo observó cómo el condenado se subía los pantalones y algunas pruebas físicas, aunque éstas no son concluyentes.

Los hechos tuvieron lugar el 23 de octubre de 2023 cuando la víctima y una amiga estuvieron en un bar de un Centro Comercial de Los Cristianos, donde habían bebido grandes cantidades de alcohol durante toda la noche y en el que trabajaba como camarero el acusado, quien le sirvió más copas.

Finalmente, la chicas aceptaron la invitación del dueño del establecimiento para subir al apartamento, donde continuaron ingiriendo alcohol y en el que apareció también el encausado.

En un momento dado la denunciante se levantó de la mesa y se recostó en un sofá, donde permaneció adormilada, lo que habría aprovechado el procesado para quitarle la ropa interior y llevar a cabo diversos actos sexuales, sin que conste que llegaran a ser completos.

Una vez conocido el fallo, la joven y a Fiscalía lo recurrieron ante el TSJC alegando error en la apreciación de la prueba, al considerar que existe constancia de que se está ante una violación, por lo que creen conveniente aumentar la pena.

Aunque la actual legislación impide condenar a alguien que haya quedado absuelto en primera instancia, sí es posible anular la sentencia inicial y redactar una nueva como ocurre en este caso.

EFE
nra/jmor
1012088

Arrecife (Lanzarote), 22 sept (EFE).

– El Cabildo de Lanzarote ha sido la primera institución pública de España en adherirse al manifiesto «Turismo que Suma», impulsado por Exceltur.

El protocolo de adhesión lo firmaron el pasado viernes el presidente insular, Oswaldo Betancort, y el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli del Amo, acto en el que también participó el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, y la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote (FTL), Susana Pérez, quien formalizó también la incorporación de la patronal a esta iniciativa nacional por «un desarrollo turístico más equilibrado, inclusivo y generador de valor compartido».

El manifiesto aboga por que el turismo en España incremente sus retornos sociales, económicos y medioambientales, y que los destinos lideren un proceso de transformación hacia una mayor calidad, innovación y sostenibilidad.

Oswaldo Betancort ha subrayado en un comunicado que «Lanzarote ha sido y seguirá siendo un referente en sostenibilidad y en la búsqueda de un turismo más humano, que proteja lo que somos y, a la vez, genere oportunidades para nuestra gente».

«Con esta adhesión al manifiesto de Exceltur reforzamos una visión que conecta con nuestro modelo de isla y con el futuro del turismo en Canarias y en España», ha referido.

El consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, destaca que el «trabajo promocional y de posicionamiento internacional» de este ente «se alinea con los valores de Turismo que Suma».

«Queremos seguir mostrando Lanzarote como un destino competitivo y diferenciado, que apuesta por la calidad y la innovación sin perder su identidad ni sus valores medioambientales», ha referido.

La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote (FTL), Susana Pérez, ha subrayado que «para el sector turístico de Lanzarote sumarse a este manifiesto supone reafirmar su compromiso por la competitividad a través de un turismo responsable y regenerativo».

«El empresariado turístico insular quiere contribuir a un turismo que genere beneficios reales para la economía local y que, a la vez, sea sensible con nuestro territorio y nuestra comunidad», ha manifestado.

El representante de Exceltur ha celebrado la incorporación de Lanzarote a esta iniciativa para transformar el turismo en España.

Su experiencia en sostenibilidad y su capacidad para equilibrar desarrollo y conservación sitúan a Lanzarote como un referente a nivel nacional e internacional, ha resaltado.

EFE1012213sgc/pcr

Las Palmas de Gran Canaria, 22 sep (EFE).

– El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha validado el plan de reestructuración de la sociedad propietaria de Beatriz Hoteles en Lanzarote (Inparsa) presentado por el fondo Blantyre Capital.

En un comunicado, esta firma con sede en Londres detalla que el plan contempla la conversión de deuda en una posición mayoritaria en el capital de Inversiones y Parcelaciones Urbanas SA (Inparsa), en una serie de pasos que cuentan con el apoyo de «la amplia mayoría de los acreedores de la compañía».

Las principales medidas del plan son la capitalización total de la deuda no sostenible de Inparsa, una extensión de los plazos de las cargas hipotecarias que pesan sobre el Hotel Beatriz Costa (en Costa Teguise) y el Hotel Beatriz Playa (en Puerto del Carmen), así como una inyección adicional de capital para la renovación y profesionalización del negocio.

El director de inversiones de Blantyre Capital, Miguel Cebrián, asegura que este plan de reestructuración de los dos hoteles lanzaroteños garantiza el mantenimiento de sus empleos.

«A partir de ahora, con una estrategia de gestión activa y un ambicioso programa de inversión, nos enfocaremos en la creación de valor sostenible para todos nuestros grupos de interés.

Por otro lado, la seguridad jurídica que transmite esta sentencia (del Juzgado de lo Mercantil) refuerza a España como una jurisdicción seria y moderna para canalizar inversiones», argumenta.

Según Blantyre Capital, «antes del plan de la reestructuración, Inparsa era una compañía sobreendeudada que se había visto obligada a retrasar el pago de su deuda en numerosas ocasiones desde 2013 y había forzado a sus acreedores a diversas reestructuraciones financieras en 2012, 2015 y 2020».

«Posteriormente, en noviembre de 2023, la sociedad devino nuevamente incapaz de afrontar el pago de su deuda exigible», añade.

Blantyre Capital tiene experiencia en el negocio hotelero, ya que gestiona una veintena de establecimientos de este tipo en España, Italia, Reino Unido y Alemania, con 1.

500 empleados.

Tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Inparsa se convierte en la cuarta compañía –tras Celsa, Naviera Armas y Grupo Rator– que obtiene la homologación del plan de reestructuración no consensual presentado por los acreedores mayoritarios de acuerdo con los términos recogidos en la Ley Concursal de 2022.

«Esta resolución refuerza la seguridad jurídica en los procesos de reestructuración empresarial, ofreciendo certidumbre tanto a acreedores como a compañías sobre la validez y eficacia de los acuerdos alcanzados», asegura Blantyre Capital, que ha tenido al despacho Cuatrecasas como asesor jurídico en la operación.

EFEjmr

Santa Cruz de Tenerife, 22 sep (EFE).

– La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha programado sesiones informativas en cinco islas sobre acciones de detección y prevención de la filoxera de la vid.

En línea con las charlas ya promovidas por el ejecutivo regional en distintos municipios de Tenerife, estos encuentros, organizados en colaboración con los cabildos y agentes del sector, se celebrarán en Fuerteventura hoy lunes, La Gomera (23 de septiembre), Lanzarote (24), Gran Canaria (25) y La Palma (6 de octubre).

Están dirigidas tanto a profesionales del ámbito vitivinícola como a la ciudadanía en general con el propósito de concienciar sobre la importancia de la colaboración en la lucha contra este organismo nocivo, presente hasta el momento en el norte de Tenerife, explica la Consejería de Agricultura en un comunicado.

Intervendrá en las mismas el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, quien en la jornada de este lunes en Fuerteventura estará acompañado por el director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso.

El viceconsejero recalca la necesidad de «implicar a toda la sociedad canaria, tanto de Tenerife como del resto del archipiélago, en el control y erradicación de este insecto».

En estos encuentros, el viceconsejero abordará también el contenido de la Orden de 20 de agosto de 2025, por la que el Gobierno de Canarias declaró de utilidad pública la lucha contra este organismo nocivo y estableció las medidas urgentes de control y erradicación.

Entre ellas figuran las restricciones al movimiento de uva y material vegetal o la desinfección obligatoria de cualquier herramienta o equipamiento utilizado durante la vendimia.

Asimismo, se referirá a las distintas publicaciones emitidas por la Consejería en el ámbito de la lucha contra insecto, como las instrucciones para el traslado de material vegetal y uva, las normas para la gestión de restos orgánicos de vinificación o el procedimiento oficial para la realización de inspecciones en viñedo.

En estas reuniones también se abordará la aplicación de la orden ministerial, que el Estado ha publicado a petición del Gobierno de Canarias, en la que se prohíbe tanto la importación como el tránsito hacia Canarias de frutos y semillas de vid procedentes de países donde se encuentra presente la filoxera.

EFEjmor/acp

Santa Cruz de Tenerife, 22 sep (EFE).

– La administradora general de Radiotelevisión Canaria, María Méndez, ha afirmado este lunes que no comparte los motivos por los que dimitió el director de Informativos, Paco Luis Quintana, y ha defendido la independencia de los servicios informativos.

María Méndez, que ha respondido en comisión parlamentaria a dos preguntas de CC y NC sobre la dimisión del director de Informativos, Paco Luis Quintana, ha negado que se vaya a dar menos importancia a los servicios informativos en Radiotelevisión Canaria, y ha lamentado que «se amenace el respeto al pluralismo informativo».

El periodista Paco Luis Quintana presentó su dimisión como director de Informativos de RTVC al ser su proyecto, según su opinión, «incompatible con la nueva estructura y organigrama que se ha creado».

En una carta a los trabajadores del ente público, Quintana, que dirigía los informativos de la cadena autonómica desde julio de 2024, señaló que esa nueva estructura se ha incorporado una nueva Dirección de Medios y Contenidos que, en su opinión, «diluye la Dirección de Informativos que siempre fue troncal y principal».

Según la administradora de RTVC, la decisión de Quintana, que le adelantó la carta a ella antes de enviarla a los trabajadores, «no era en absoluto una decisión esperada ni, por supuesto, deseada».

Para Méndez, la dirección de Informativos de la Televisión Canaria es una posición fundamental en el organigrama de Radiotelevisión Canaria, más si cabe cuando la televisión, al contrario que la radio pública, ha carecido siempre de una dirección como tal.

Ha mostrado sus discrepancias con las razones dadas por Paco Luis Quintana, que «desde el respeto» no comparte, si bien ha dicho que puede llegar a entender su disconformidad con un proceso de transformación que viene a modificar una estructura organizativa ya establecida desde hace muchos años.

Asimismo, ha explicado que, a diferencia de la Radio Canaria, donde la dirección de servicios informativos dependen de la dirección del medio, en la televisión canaria depende directamente de la administración general.

Aunque esta situación puede resultar «más o menos comprensible» no comparte el razonamiento de que los informativos son menos independientes por depender de un director general único.

Tampoco comparte que se haya producido por la implementación del nuevo organigrama una disminución de la importancia concedida a los servicios informativos en Radiotelevisión Canaria, y «mucho menos» que se amenace el respeto al pluralismo informativo.

La administradora ha insistido en que la ruta estratégica de Radiotelevisión Canaria no constituye una amenaza de independencia profesional y pluralismo informativo ni va a ocasionar que los informativos dejen de ser «un área troncal» ni de estar dirigidos por periodistas con experiencia y elevada reputación profesional.

Asimismo, ha señalado que tras la dimisión de Quintana la situación es «de continuidad, de normalidad», pues «lo era antes, lo es ahora, lo será en el futuro, de respeto absoluto al trabajo de los profesionales» y a su criterio informativo y periodístico.

Según ha comentado, la dimisión de Quintana ha obligado a establecer un mecanismo temporal que garantiza la continuidad del servicio y que éste se pueda seguir prestando con normalidad hasta que se produzca el nombramiento de la persona que ocupe esa posición tras el correspondiente proceso de selección.

A su juicio, esta es «la mejor decisión posible, puesto que se garantiza que la transición se produzca de una manera ordenada y exenta de conflictos».

Mientras tanto, las adjuntas a la dirección han asumido de forma colegiada, provisional y extraordinaria las funciones del puesto vacante de manera inmediata.

Ha aclarado que la dirección de Informativos continuará existiendo, «como no puede ser de otra manera», y que tendrá plena autonomía en la dirección editorial.

EFEbrr/jmor

Arrecife (Lanzarote), 22 sept (EFE).

– Leticia Padilla ha sido reelegida este sábado como coordinadora insular de Lanzarote en Pie en el congreso insular del partido, tal y como ha informado la formación política en un comunicado.

Además, se conformó el nuevo consejo de coordinación insular, órgano ejecutivo que tendrá como tarea principal impulsar la acción política y organizativa del partido.

La formación considera que este congreso ha sido «un encuentro clave para consolidar su estructura política y reforzar su compromiso con la construcción de una alternativa municipalista de izquierda en la isla».

En él se aprobaron los documentos políticos que dan identidad y estructura a la organización, se actualizó el marco estatutario y se definieron las resoluciones que marcarán la hoja de ruta del ciclo 2025–2029.

«Las resoluciones que aprobamos no son simples declaraciones, sino compromisos inmediatos que orientan nuestra acción y marcan los próximos pasos colectivos», ha dicho Leticia Padilla.

Lanzarote En Pie señala que consolida así su compromiso «con la defensa del derecho a la vivienda frente a la turistificación desbocada, con los servicios públicos gratuitos y de calidad, y con la protección del territorio frente al modelo especulativo y depredador que amenaza los ecosistemas y las condiciones de vida en la isla».

Las resoluciones aprobadas también apuestan por una transición ecosocial justa, que ponga el bienestar colectivo por encima del negocio privado, y por un modelo político basado en la soberanía permanente, el arraigo comunitario y el autogobierno como forma de resistencia democrática frente a la centralización y el autoritarismo.

El feminismo estructural, los cuidados, la identidad canaria crítica, la memoria popular o la defensa de los derechos de las personas migrantes se sitúan también en el centro del proyecto político, como pilares imprescindibles para construir una comunidad justa, plural y cohesionada.

Desde la organización indican que las resoluciones aprobadas «no se limitan a marcar líneas generales, sino que expresan con claridad la voluntad de LEP de intervenir en los grandes conflictos políticos y sociales que atraviesan la isla».

Destacan también el compromiso de trabajar por la reconstrucción del espacio político de la izquierda insular.

Un objetivo que la organización asume «con responsabilidad, apostando por el diálogo, la colaboración y la unidad en la lucha frente al avance del neofascimo y la ultraderecha autoritaria».

EFE1012213sgc/pcr

Santa Cruz de Tenerife, 22 sep (EFE).

– El borrador de dictamen de la comisión parlamentaria que investigó la compra de material sanitario durante la pandemia de Covid 19 considera que la responsabilidad política no quedó saldada con la destitución del director del Servicio Canario de la Salud Conrado Domínguez.

Esta es una de las consideraciones que presenta el borrador, que tal y como ha señalado a EFE su autor y presidente de la comisión parlamentaria, Raúl Acosta, (Agrupación Herreña Independiente), es un primer texto pero el dictamen definitivo será el que apruebe el pleno del Parlamento y lo relevante será buscar soluciones para que en el futuro no se produzcan anomalías.

El borrador, adelantado ayer por los periódicos El Día y La Provincia, se comenzará a debatir el viernes próximo, y a continuación proseguirá la tramitación en el Parlamento de Canarias hasta que el pleno emita el dictamen final.

En el texto, Acosta se refiere al Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias, que era un instrumento informal de consulta y asesoramiento, cuyas actuaciones no tenían efectos jurídicos ante terceros ni son preceptivos aunque a su coordinador (Conrado Domínguez) se le dio capacidad de gestionar contratos, un proceder, añade, «irregular a todas luces».

En el borrador se comenta que si los miembros del gobierno de Canarias se felicitaron por el resultado de las decisiones adoptadas por el comité de gestión, «hasta el punto de que se ha achacado los buenos resultados pandémicos a su funcionamiento, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó».

Raúl Acosta ha apuntado que «no podemos colgarnos las medallas» por lo que sale bien y a la vez «rehuir la derrota», y ha añadido que en la comisión se trata de buscar si hay responsabilidad política, no penal, algo esto que corresponderá decidir a los tribunales de Justicia.

Para Raúl Acosta lo relevante desde el Parlamento regional es buscar soluciones para que, como ocurrió durante la pandemia, no se paguen cuatro millones de euros a una empresa que incumplió en la entrega de mascarillas, y tras reconocer que en momentos de crisis como aquel siempre habrá errores ha insistido en que lo que hay que hacer es adoptar medidas para tratar de evitarlos.

En el borrador de informe Raúl Acosta recomienda modificar la ley de contratos del sector público, algo que compete al gobierno central, para que, aunque se permita actuar de inmediato en situaciones de emergencia, se fortalezcan los requisitos de justificación documental.

También plantea un refuerzo de los controles en la justificación de fondos, así como revisar y mejorar los criterios de solvencia de los contratistas, con un mayor escrutinio en la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas, y crear un registro preventivo de empresas aptas para ser contratadas en emergencias, que demuestren cumplir con los requisitos de solvencia de antemano.

Raúl Acosta ha hecho hincapié en que no parece razonable establecer un listado de empresas en el que se acredite la solvencia técnica y financiera, para evitar que una sin experiencia sea contratada en casos de emergencia.

Se propone asimismo una regulación específica para la adquisición de material sanitario, con una lista de precios de referencia para productos sanitarios críticos, como forma de evitar la especulación y los sobrecostes.

Además, se plantea disponer de planes de contingencia y segregación de funciones más claros que los actuales, y crear unidades de crisis o emergencia especializadas en compras y contratos, con personal designado de forma exclusiva para gestionar este tipo de situaciones.

Reforzar los mecanismos de control externo es otra de las recomendaciones que se hacen en este borrador, y Raúl Acosta ha recordado que a partir de ahora el Parlamento de Canarias deberá decidir si quiere realizar las reformas en las cuestiones en las que tiene competencias.

EFErdg/can

Santa Cruz de Tenerife, 22 sep (EFE).

– El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife advierte de las repercusiones del abuso de las pantallas también en la salud bucodental de niños y adolescentes.

Lo hace en base a diferentes estudios que en los últimos años apuntan a que quienes usan estos dispositivos durante un tiempo igual o superior a dos horas pueden tener mayor tendencia a una baja higiene dental diaria, al sedentarismo y a abusar de alimentos precocinados y con azúcares añadidos, detalla en un comunicado.

Un trabajo publicado en Journal of Clinical Pediatric concluyó que la población infantil enganchada a las pantallas tenía una mayor inclinación a cepillarse los dientes con menos frecuencia, mientras que se incrementaba su tendencia a consumir alimentos de comida rápida.

En otras investigaciones se ha encontrado una asociación significativa entre el número de cepillados de dientes al día y el tiempo de uso pasado delante del ordenador, la televisión o las videoconsolas.

Además, anota el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, este abuso de los dispositivos hasta altas horas del día fomenta que se posponga el cepillado nocturno, e incide en que la población infantil y juvenil es el colectivo más vulnerable a estos patrones.

También recalca que el abuso de las pantallas contribuye a la adquisición de malos hábitos en la alimentación, ya que niños y jóvenes comen de forma distraída y tienden al picoteo y a la ingesta inconsciente de alimentos, en especial de productos azucarados o ultraprocesados.

A todo ello se suma el sedentarismo que provoca pasar muchas horas frente a las pantallas, y que se asocia con la obesidad infantil y el síndrome metabólico en adultos.

Obesidad y resistencia a la insulina poseen «una relación directa» con las enfermedades de encías graves, como la periodontitis, ya que favorecen la inflamación crónica, recalca el Colegio de Dentistas.

Otro de los efectos perjudiciales del uso excesivo de pantallas, sobre todo en contextos estresantes como pueden ser el trabajo o los videojuegos, fomenta que la persona apriete los dientes sin darse cuenta, con el peligro de que se generen trastornos temporomandibulares por bruxismo.

EFEjmor

Santa Cruz de Tenerife, 22 sep (EFE).

– El borrador de dictamen de la comisión parlamentaria que investigó la compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19 considera que la responsabilidad política no quedó saldada con la destitución como director del Servicio Canario de la Salud de Conrado Domínguez.

Esta es una de las consideraciones que presenta el borrador, que tal y como ha señalado a EFE su autor y presidente de la comisión parlamentaria, Raúl Acosta (Agrupación Herreña Independiente), es un primer texto pero el dictamen definitivo será el que apruebe el pleno del Parlamento y lo relevante será buscar soluciones para en el futuro no se produzcan anomalías.

El borrador, adelantado por los periódicos El Día y La Provincia, se comenzará a debatir el viernes y, a continuación, proseguirá la tramitación en el Parlamento de Canarias hasta que el pleno emita el dictamen final.

En el texto, Acosta se refiere al Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias, que era un instrumento informal de consulta y asesoramiento, cuyas actuaciones no tenían efectos jurídicos ante terceros ni son preceptivos aunque a su coordinador (Conrado Domínguez) se le dio capacidad de gestionar contratos, un proceder, añade, «irregular a todas luces».

En el borrador se comenta que si los miembros del Gobierno de Canarias se felicitaron por el resultado de las decisiones adoptadas por el comité de gestión, «hasta el punto de que se ha achacado los buenos resultados pandémicos a su funcionamiento, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó».

Raúl Acosta ha apuntado que «no podemos colgarnos las medallas» por lo que sale bien y, a la vez, «rehuir la derrota», y ha añadido que en la comisión se trata de buscar si hay responsabilidad política, no penal, ya que esta última corresponde decidirlo a los tribunales de Justicia.

Para Raúl Acosta, lo relevante desde el Parlamento regional es buscar soluciones para que, como ocurrió durante la pandemia, no se paguen cuatro millones de euros a una empresa que incumplió en la entrega de mascarillas y, tras reconocer que en momentos de crisis como aquel siempre habrá errores, ha insistido en que lo que hay que hacer es adoptar medidas para tratar de evitarlos.

En el borrador de informe, Raúl Acosta recomienda modificar la Ley de Contratos del Sector Público, algo que compete al Gobierno central, para que, aunque se permita actuar de inmediato en situaciones de emergencia, se fortalezcan los requisitos de justificación documental.

También plantea un refuerzo de los controles en la justificación de fondos, así como revisar y mejorar los criterios de solvencia de los contratistas, con un mayor escrutinio en la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas, y crear un registro preventivo de empresas aptas para ser contratadas en emergencias, que demuestren cumplir con los requisitos de solvencia de antemano.

Raúl Acosta ha hecho hincapié en que no parece razonable establecer un listado de empresas en el que se acredite la solvencia técnica y financiera, para evitar que una sin experiencia sea contratada en casos de emergencia.

Se propone asimismo una regulación específica para la adquisición de material sanitario, con una lista de precios de referencia para productos sanitarios críticos, como forma de evitar la especulación y los sobrecostes.

Además, se plantea disponer de planes de contingencia y segregación de funciones más claros que los actuales y crear unidades de crisis o emergencia especializadas en compras y contratos, con personal designado de forma exclusiva para gestionar este tipo de situaciones.

Reforzar los mecanismos de control externo es otra de las recomendaciones que se hacen en este borrador, y Raúl Acosta ha recordado que a partir de ahora el Parlamento de Canarias deberá decidir si quiere realizar las reformas en las cuestiones en las que tiene competencias.

EFErdg/spf/jmr