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/// 10:52 — 12 de noviembre de 2026

Autor: Redactor

Monzón dice que las listas de espera bajan porque salen más pacientes de los que entran
Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).
– La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha negado este miércoles que se manipulen los datos sobre las listas de espera de consultas, de diagnóstico y quirúrgica, y ha subrayado que si se ha producido un descenso se debe hay planificación y por ello han salido más pacientes de los que han entrado.
En comparecencia parlamentaria a petición de los grupos Socialista, Nacionalista y Popular, la consejera ha rechazado las acusaciones hechas por el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino sobre manipulación de los datos, que, ha añadido, elaboran las mismas personas que hace cuatro años y utilizan los mismos criterios que entonces.
Esther Monzón ha apuntado que se acusa a empleados públicos de manipular los datos y ha señalado que los datos de la lista de espera a 30 de junio de este año se han remitido al Ministerio de Sanidad conforme a un decreto de ámbito nacional.
La consejera ha apuntado que la mejora se debe a una planificación «rigurosa y continuada», algo que a su juicio no se hizo en la anterior legislatura, y ha declarado que la lista de espera no estructural la tienen todas las comunidades autónomas.
El diputado del grupo Nacionalista (CC) Alberto Díaz Estébanez ha recordado que el sistema sanitario público es la primera empresa de Canarias por número de trabajadores, «engulle» casi 4 de cada 10 euros del presupuesto autonómico y por él pasan todos los ciudadanos en algún momento.
La sanidad no son solo las listas de espera, de la que cada seis meses se dan datos, ha señalado Díaz Estébanez, quien ha afirmado que los últimos son por primera vez positivos tanto en la lista quirúrgica como en la de consultas y en la de diagnóstico.
Ha señalado que lamentablemente hay quien no soporta la realidad y que las cosas vayan al menos mejor de como iban y niegan los datos, sin entender, ha añadido el diputado de CC, que no ponen en cuestión la gestión de un gobierno sino la de profesionales que elaboran los datos y que son «los mismos que lo hacían hace cuatro años».
El diputado del grupo Socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha subrayado que hay 187 páginas de pacientes que no figuran en la lista, y ha acusado al gobierno regional de cometer un fraude político y administrativo.
Según el diputado socialista, el gobierno regional «esconde» a 8.
776 canarios que esperan por una intervención quirúrgica para defender una gestión, y ha asegurado que se han inventado un algoritmo que expulsa de la estadística a miles de pacientes.
Miguel Ángel Pérez del Pino ha insistido en que se manipula la información antes de publicarla.
Ha recalcado que, según los datos que le han facilitado desde la Dirección General de Programas Asistenciales, en la lista de espera no estructural quirúrgica figuran 8.
776 personas que «ustedes», en un margen de «perversidad», han metido en una lista anonimizada para que no figuren.
El diputado del grupo Socialista ha acusado al gobierno regional de no tener la «más mínima decencia», así como de mentir y engañar.
La diputada del grupo Popular Rebeca Paniagua ha aseverado que lo manifestado por Pérez del Pino «no es ni más ni menos que un intento de corromper la verdad, de manipular la opinión pública y de desinformar», y ha insistido en que los pacientes que han pedido aplazar la intervención no forman parte de la lista de espera estructural en ningún territorio de España.
Rebeca Paniagua ha acusado al PSOE de manipular el dolor y ha asegurado que los datos están contrastados de la misma manera que siempre.
También ha indicado la diputada del grupo Popular que los datos son los mejores que se registran en Canarias desde que se recogen.
Raúl Acosta (AHI) y Jesús Ramos (ASG) han hecho hincapié en que lo que quieren los ciudadanos es que se les den soluciones y en que la tendencia es positiva en las listas de espera, mientras que Nicasio Galván (Vox) ha comentado que su deseo es que no sea verdad que se manipulan los datos.
Yone Caraballo, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha dicho que es una falta de respeto que el gobierno canario «saque pecho» de los datos, cuando, en su opinión, la realidad de los ciudadanos es distinta a la que ofrece el ejecutivo.
«Ustedes se olvidan» de que en la anterior legislatura hubo una pandemia durante la que los quirófanos estuvieron cerrados, por lo que había más lista de espera, ha comentado Yone Caraballo, quien ha pedido que se dejen de hacer propaganda y de desmantelar la sanidad pública.
EFEjmor
septiembre 24, 2025
Armas niega haber cobrado «ni un céntimo» y tacha de «política» la denuncia de la Fiscalía
Puerto del Rosario (Fuerteventura), 24 sep (EFE).
– La concejal de Personal, Obras y Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario la pasada legislatura, Peña Armas, ha negado este miércoles haber cobrado «ni un solo céntimo» de las empresas o particulares con las que trabajaba el Consistorio durante su mandato y se ha declarado víctima de una «denuncia política» por parte de la Fiscalía.
La portavoz de Fuerteventura Avanza ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital de la isla para declarar sobre el llamado ‘caso Odín’, ya que es una las principales señaladas en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas en el denominado ‘caso Odín’, relativa contratos municipales adjudicados entre 2021 y 2023 por valor de 1.
129.
056 euros, buena parte de los cuales tuvieron como beneficiarias a personas de su familia.
Tras ser interrogada, Peña Armas ha leído ante la prensa un comunicado en el que niega haber cometido irregularidad y ha expresado su sorpresa por el hecho de que la Fiscalía no haya denunciado también al anterior alcalde, Juan Jiménez (PSOE), cuando este intervino en muchos de esos expedientes, ha argumentado.
«No está investigado por una denuncia de la Fiscalía, en la que no se formula sospecha alguna en su contra en las adjudicaciones efectuadas.
Todos los pagos de las adjudicaciones fueron ordenados por el concejal de Economía, el señor Verdugo Muñoz, que es licenciado en Derecho.
A pesar de algunas objeciones del interventor, el señor Verdugo no puso objeción alguna a ningún pago», ha alegado.
De hecho, según su tesis, «el expediente con mayores infracciones señaladas por la auditoría» a la que se sometieron esos contratos «fue realizado y firmado» por el entonces alcalde, Juan Jiménez, que intervino en ese procedimiento «y en muchos más».
Todo ello probaría, ha afirmado, que es víctima de una «denuncia política»: «La prueba más evidente es que se seleccionaron 36 expedientes para una auditoría, que es en la que se ampara la Fiscalía, y más de la mitad de los expedientes afectan a políticos del PSOE, entre ellos el más grave y a los que la Fiscalía ni los menciona como investigados».
Peña Armas ha acusado además al Ministerio Público de haberse «olvidado de examinar otros cientos de expedientes con mucha más cuantía en los que intervienen otros concejales del PSOE y el anterior alcalde, algunos con un medio de comunicación superiores a medio millón de euros».
En cuanto a la contratación de empresas de su círculo familiar, ha dicho que ni el concejal de Economía ni otros miembros del Consistorio le pusieron «objeción legal alguna en la contratación por el parentesco de tercer y cuarto grado, no prohibida por la ley».
«El anterior alcalde y otros concejales también promovieron adjudicaciones a las mismas empresas con las que se cuestiona mi proceder.
He declarado, al igual que la vendedora, cómo pagué una vivienda adquirida de mi dinero, acreditando el origen de todos y cada uno de los pagos totalmente legal», ha añadido.
Medio millón en contratos a empresas de su primoEn el informe sobre este caso emitido por el fiscal Javier Ródenas, al que ha tenido acceso EFE, se reitera que la investigación apunta a supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
De todos los 36 contratos investigados, un total de 29, por importe de 956.
653 euros, fueron adjudicados «al entorno familiar de la concejal» Peña Armas, que durante la pasada legislatura fue concejal de Personal, Contratación y Obras, relata.
El 50 % de los expedientes de contratación investigados, son adjudicados en favor del primo de Peña Armas, Cipriano Armas Mesa, que también está llamado a comparecer ante la juez este miércoles, o por alguna de las empresas administradas por él como Codeplag Canarias SL, Tuercón Canarias SL y Montaña de Silvo SL, compartiendo la administración de esta última con su hermano Sergio, también investigado.
En total, les fueron adjudicados 522.
272 euros.
Durante el periodo analizado, la mujer de Cipriano, Lorena Brito, fue contratada por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a través de seis contratos, cuyo presupuesto total ascendió a 210.
011 euros, lo que suma entre ambos cónyuges un total de 732.
283 euros.
De la información recabada «se evidencia que los investigados convinieron en participar en un plan fraudulento en el seno de la contratación pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuya finalidad era un incremento económico de las empresas adjudicatarias vinculadas familiarmente» y «por relaciones de amistad» con Peña Armas.
Según el informe de Fiscalía, es fácil constatar que, la conducta de adjudicar los contratos menores de obras y servicios, «esconde una finalidad ilícita», siendo el mecanismo utilizado para la obtención en provecho propio y de empresarios con los que los funcionarios públicos investigados reúnen «una cercana relación de confianza, cuando no de consanguineidad y de amistad».
En su informe, resalta el «artificio fraudulento de la necesidad de ejecutar adjudicaciones por urgencia, cuando el objeto específico de la contrata estaba ya ejecutado» y en contra de los reparos de Intervención, «pero con la inescindible ayuda de la supervisión del técnico investigado», José Luis Espinel.
El pasado 17 de julio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detuvo a la concejal, su primo y al técnico municipal en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
Las presuntas irregularidades llegaron a la Fiscalía a través de dos denuncias presentadas hace dos años, una por parte de Podemos y otra por un comunicante anónimo.
EFE1011279evs/jmr
septiembre 24, 2025
Darias acoge con «cautela» que los municipios tengan más competencias en vivienda
Las Palmas de Gran Canaria, 24 sep (EFE).
– La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), ha manifestado este miércoles que acoge con «mucha cautela» la propuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC) para que los ayuntamientos tengan más mecanismos para regular el mercado de la vivienda.
En declaraciones a los periodistas, ha destacado que la necesidad de vivienda en las islas y que «más allá» de buscar nuevas vías para solucionar este problema, ha pedido que se ejerzan las competencias en esta materia y, por ello, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Canarias para que declare a la capital grancanaria como zona tensionada a efectos de la regulación de los alquileres.
Darias ha recalcado que la petición formulada al Gobierno canario por parte de su Ayuntamiento cumple con tres de los parámetros para lograr esta declaración, como establece la Ley de Vivienda estatal.
Esta declaración puede beneficiar a muchas familias de la ciudad, como así ha ocurrido en ciudades de Cataluña, el País Vasco y Galicia, donde la Xunta se lo ha concedido a A Coruña, ha alegado.
Sobre la propuesta de Clavijo, ha señalado que le preocupa que la solución sea aumentar la carga a los ayuntamientos, por lo que ha defendido vías en las que todas las administraciones puedan colaborar pero sin aumentar la carga de trabajo a las corporaciones locales.
Así mismo, ha sostenido que hay que seguir trabajando con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y, si se dan más competencias a los ayuntamientos, deben ir acompañadas de recursos y personal.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, también se ha pronunciado sobre estas modificaciones y ha insistido en que la falta de vivienda es un problema de «enorme calado», por lo que todas las administraciones públicas deben atender esta necesidad desde las competencias que disponen.
Ha considerado positivo todas las modificaciones que se lleven a cabo en la legislación para conseguir «mayor flexibilidad».
No obstante, ha señalado que desconoce la modificación que se pretende llevar a cabo de la Ley de Bases de Régimen Local ni tampoco la posición de la Federación de Municipios de Canarias (Fecam) ni tampoco la afección a cada municipio, pero si nace desde el consenso la considerará positiva, aunque tampoco sabe si hay acuerdo con los municipios para hacerlo.
Darias y Morales han hecho estas declaraciones con motivo de la visita que han efectuado a las obras de saneamiento que se llevan a cabo en el barrio de La Isleta con Fondos de Cooperación Municipal.
EFEcda/jmr
septiembre 24, 2025
El pederasta de Valdeavero acepta 98 años de cárcel al reconocer sin un perdón los abusos a una decena de niños
Es culpable. Es un pederasta y un cerdo con todas las letras, asevera la abuela de una de las víctimas
MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) –
Cristóbal López, conocido como El Toba, ha aceptado esta mañana una condena de 98 años de cárcel al reconocer en el juicio que abusó sexualmente de una decena de niños en la frutería que regentaba en Valdeavero y en su propio domicilio abusando de la confianza que tenía con los amigos de su hijo.
El acuerdo de conformidad con la fiscal se ha alcanzado después de que el acusado manifestara esta misma mañana a su abogada su disposición a pactar, un extremo del que hasta ahora se había negado. Con ello, ha evitado que las víctimas tuvieran que rememorar lo vivido y ha dado lugar a que el juicio no se celebrará.
Los afectados, ya mayores de edad, habían trasladado a la Sala su voluntad de querer declarar sin biombo para verse cara a cara con su depredador sexual. La mayoría sigue en tratamiento psicológico por los abusos que sufrieron en su mayoría durante años.
Tras pedirle los magistrados que se quitara la mascarilla que le cubría el rostro, El Toba se ha limitado a aceptar los 98 años de prisión que solicitaba la fiscal, pena a la que se han sumado las acusaciones particulares. En la sentencia que se dicte, constará que el máximo efectivo de cumplimiento serán veinte años de cárcel.
Las familias se han mostrado satisfechas y contentas tras declararse culpable. Ya le podemos llamar pederasta, ha manifestado uno de los padres de las víctimas.
Los niños van a escuchar o leer que han reconocido la culpabilidad, que todo era cierto y que jamás han mentido. Es culpable. Es un pederasta y un cerdo con todas sus letras, ha aseverado Nines, abuela de una de las víctimas, quien ha relatado que su nieto ha sufrido episodios de autolesiones, intento de suicidio e internamientos.
Por su parte, el abogado Juan Manuel Medina, que defiende a cinco familias, ha criticado que en instrucción no se acordara la declaraciones de los menores como prueba preconstituida.
CONDENADO POR UNA VIOLACIÓN
En octubre de 2023, El Toba fue condenado a 19 años de cárcel por una agresión sexual que cometió en agosto de 2022 a un menor de 15 años en su domicilio.
En enero de 2024, se enfrentó a otro juicio por otro caso de corrupción de menores del que salió absuelto. En la vista, aseguró que sus hijos o un amigo que les cuidaba le pudieron meter en un chat sexual con fotos de menores.
En este juicio, el fiscal mantenía que los abusos se cometían en la frutería que regentaba el acusado en Valdeavero o en su domicilio. Las víctimas, diez menores de entre 3 y 13 años, eran amigos de uno de sus hijos e hijos de su entorno.
DENUNCIA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS
El presunto pederasta fue detenido en diciembre de 2020 a raíz de una denuncia presentada por la madre de una víctima, que confesó los abusos pese a que el hombre amenazaba a los niños afectados.
Según las pesquisas de la Guardia Civil, Toba aprovechaba que los menores entraban a la tienda donde les ofrecían golosinas, refrescos y bolsas de frutos secos gratis para así tocarles sus zonas íntimas metiéndole la mano dentro del pantalón.
En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal relata que Cristóbal residía en el municipio de Valdeavero, donde regentaba, desde octubre de 2018, la frutería llamada KEAI sita en la Plaza Víctimas del Terrorismo de la misma localidad.
El acusado vivía en el municipio con sus dos hijos. Uno de ellos contaba en Valdeavero con un grupo de amigos con los que jugaba al fútbol y frecuentaba la plaza de la localidad donde se ubicaba la frutería de su padre, local que también era frecuentado habitualmente por la mayoría de los padres de los antedichos menores.
Por ello, el procesado mantenía una relación de amistad y confianza con la mayoría de los progenitores, relación que era extensiva de alguna manera a los propios menores en base a la relaciones existentes entre estos y su hijo.
Aprovechándose de tales circunstancias, el procesado, movido por una pulsión sexual depredatoria hacia el grupo de amigos de su hijo, abusó de los menores. Según el fiscal, mostraba a los niños vídeos de carácter pornográfico para que aprendieran a mantener relaciones sexuales y les amenazaba con pegarles un tiro con una escopeta si contaban lo que sucedía.
A raíz de estos episodios, las víctimas han presentado problemas emocionales y sintomatología ansiosa postraumática compatible con una experiencia de abuso sexual infantil, llegando a padecer serios trastornos en el sueño y habiendo precisado tratamiento psicológico.
septiembre 24, 2025
El Gobierno desdeña la decisión de Peinado de juzgar a Begoña Gómez con jurado popular: «Es surrealista»
Bolaños cree que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio
MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno ha cargado contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez sea juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un delito de malversación.
Surrealista, se explica por sí solo, ha señalado este miércoles la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso donde se lleva a cabo la sesión de control al Ejecutivo.
A su vez el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha reprochado la decisión del juez, señalando que sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio y confía en que se corrija en el sistema de recursos que es muy garantista en España, apunta.
En ese sentido ha recalcado que esto ya ha ocurrido en el proceso que lleva a cabo Peinado, que intentó abrir una causa contra el propio Bolaños por la contratación en Moncloa de la asesora de Gómez, pero el Tribunal Supremo lo paró.
El Gobierno ha salido al paso de la decisión del juez que instruye la causa contra la mujer de Sánchez, que este mismo miércoles le ha comunicado que tendrá que someterse a un jurado popular en caso de que se abra juicio oral.
Además la ha citado a ella, a su asesora Cristina Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre –ambos involucrados en el mismo proceso– este sábado a las 18.00 horas para comunicarles esta decisión.
QUE LLAMEN A LOS DE FERRAZ PARA EL JURADO
En la misma línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha cargado contra Peinado al pedir, en tono sarcástico, que llame a los de la calle Ferraz para el jurado popular, en referencia a los manifestantes contra el PSOE y el Gobierno que se congregaron semanalmente durante meses frente a la sede socialista.
En términos similares se ha pronunciado el ministro del Interior, que también es juez de carrera, Fernando Grande Marlaska. Me gustaría hablar de cosas serias, ha respondido al ser interrogado sobre la orden de Peinado.
septiembre 24, 2025
Feijóo avisa a Sánchez que la «persecución judicial ya no cuela» y lo sitúa como «responsable del lodazal» de corrupción
Apela a los socios del PSOE y se pregunta cómo es posible que ninguno de ellos ponga fin a este disparate
MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) –
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la persecución judicial a su Gobierno ya no cuela y lo ha situado como responsable del lodazal de corrupción que rodea al Ejecutivo, al PSOE y a su familia.
Así se ha pronunciado después de que el juez haya informado a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.
En una rueda de prensa en el Congreso, Feijóo ha afirmado que no hay democracia sana en la que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España porque todo su entorno está siendo investigado por presuntos delitos. Es más, ha dicho que se ha rodeado de presunta delincuencia toda su trayectoria política.
APELACIÓN A LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ
Que se busque en otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal, ha manifestado.
Feijóo ha apelado una vez a los socios de Pedro Sánchez y se ha preguntado cómo es posible que ninguno de ellos ponga fin a este disparate ante la colección de imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente. A su entender, lo que está ocurriendo no se pueden zanjar con la teoría de la conspiración o de la persecución judicial.
Que el señor Sánchez entienda que no puede seguir así y que los socios le enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte, ha declarado Feijóo ante los medios de comunicación en el Congreso.
Además, después de la decisión del juez Peinado sobre la esposa de Sánchez, el líder del PP ha asegurado que la malversación pueden ser decididos por jurados populares y, por lo tanto, están ante un supuesto de aplicación de una ley procesal.
septiembre 24, 2025
Turismo ultima un reglamento de ordenación de las áreas de acampada y autocaravanas
Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).
– La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha avanzado este miércoles que el ejecutivo regional ultima un reglamento específico para las áreas de cámping y de autocaravanas que busca ordenar, dar «seguridad jurídica» y fomentar más instalaciones de este tipo en todas las islas.
En el pleno del Parlamento regional, De León ha recalcado que la norma responde a «una necesidad largamente postergada», pues regulará una actividad que a veces ha generado «conflictos territoriales innecesarios, inseguridad jurídica y la pérdida de oportunidades de un turismo sostenible».
Ha detallado que en las islas hay más de 13.
000 caravanistas y que esta actividad genera unos 200 millones de euros al año, y ha lamentado que hasta la fecha se haya «mirado a otro lado» desde las administraciones.
La futura norma, que ha sido consensuada con una docena de asociaciones de campistas y caravanistas, fijará estándares y definirá las áreas de pernocta (hasta 72 horas), que se fomentará en zonas de medianía; de acampada y de tránsito, así como el tamaño de las parcelas.
Se dará especial protagonismo a los entornos rurales, donde edificaciones preexistentes podrán albergar hasta un máximo de 12 plazas, ha detallado la consejera, que ha subrayado que lo que no cambia es que estacionar y pernoctar estará siempre permitido salvo que los ayuntamientos lo prohíban en su territorio.
Tampoco variará que la acampada solo estará permitida en las áreas habilitadas al efecto.
El Gobierno de Canarias, ha recalcado la consejera, «no usurpa las competencias de cabildos y ayuntamientos», sino que al contrario les brinda «un marco claro» para que ejerzan sus funciones de planificación, ordenación y control «con más eficacia».
La norma, que no incluye a los albergues y campamentos provisionales montados para conciertos y eventos multitudinarios, dará de plazo cinco años para que los ayuntamientos «puedan saltarse el decreto, entre comillas», para fijar zonas públicas y privadas destinadas temporalmente a este uso en sus territorios.
El texto ha recibido alrededor de 80 alegaciones, a las que la Consejería dará respuesta e incorporará las que considere pertinentes; a continuación se remitirá al Consejo Consultivo previo a su publicación definitiva, con la idea de que entre en vigor en el primer trimestre de 2026.
El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, proponente de la comparecencia en el pleno de la consejera de Turismo, ha indicado que su partido «nada tiene en contra» de las autocaravanas, pero se ha preguntado «qué valor añadido y qué retorno» tiene esta actividad en islas como El Hierro.
Ha lamentado que en ocasiones turismos particulares y camiones con mercancía se hayan quedado en tierra por exceso de caravanas en los ferris que viajan a la isla del Meridiano.
Acosta ha subrayado también que la futura norma es «una buena noticia» ante la proliferación de caravanas, «un tema que nos empieza a desbordar» y donde «a veces» se dan «comportamientos incívicos».
Se ha referido al caso de La Maceta, en Frontera, donde hay un espacio habilitado pese a lo cual los caravanistas «invaden todo el aparcamiento y sacan sus enseres» a la calle, mientras «los herreños casi no pueden transitar ni aparcar».
La consejera ha llamado a abordar en Canarias el debate sobre las capacidades de carga de cada isla, sobre «cómo redistribuir los flujos» con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social.
EFEjmor/cmg
septiembre 24, 2025
El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la Ley de Volcanes emanada del pueblo
Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la Ley de Volcanes, una norma que emana de la iniciativa popular y tramitada en la cámara legislativa, la primera ley de volcanes de España, surgida en La Palma tras la erupción del otoño de 2021.
La Ley de Volcanes busca garantizar, acelerar y dar seguridad jurídica a la recuperación social, económica, medioambiental y habitacional tras una erupción volcánica, que en una tierra como Canarias nadie duda de que volverá a suceder.
Los portavoces de los grupos parlamentarios coincidieron en elogiar el origen popular de la norma y el consenso político para su aprobación, si bien la diputada del PSOE Alicia Vanoostende fue muy crítica con la respuesta del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma en los últimos dos años, que «no está a la altura del pueblo palmero».
«No hay peor engaño que el que se hace a las personas vulnerables», denunció Vanoostede, cuyo grupo mantuvo sin éxito una enmienda para que haya transparencia y se sepa qué personas reciben las ayudas públicas.
La gente «sigue esperando una respuesta», el Gobierno central «tiene un compromiso firme con la recuperación», pero los agricultores, los vecinos de la zona de exclusión siguen teniendo dudas sobre cómo se han repartido los fondos, y se oculta a quién han ido las ayudas, queremos luz y taquígrafos», manifestó la representante del PSOE, quien exigió que el ejecutivo canario «no siga usando el dolor de un pueblo para hacer política».
El resto de los portavoces centraron sus intervenciones en el elogio de la Ley de Volcanes, y así Jonathan de Felipe, de CC, recordó que los afectados se encontraron ante una erupción sin una norma jurídica que permitiera hacerle frente y son ellos mismos «quienes regalan a Canarias una norma como esta», para afrontar nuevas erupciones y para aplicarla en el caso del Tajogaite en todo aquello que sea compatible.
La diputada del PP Raquel Díaz comentó que nunca se olvidará que el Tajogaite «arrasó con historias y recuerdos» frente al que aunque «no teníamos un manual, la reacción se convirtió en un ejemplo de gestión pública y solidaridad institucional».
«No podemos detener la lava ni aliviar el dolor, pero sí aprovechar esa experiencia para dotarnos de un marco legal que ampare a todos y ayude en el futuro a la recuperación de los proyectos de vida», explicó.
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, destacó que esta iniciativa popular demuestra que la sociedad siempre va por delante.
No obstante, subrayó que frente a la erupción del Tajogaite «se hizo mucho, aunque de forma insuficiente y más lenta de lo adecuado, de ahí la necesidad de esta norma: para aprender de los errores y consolidar lo que se hizo bien».
Javier Nieto, de Vox, recordó que los ciudadanos de La Palma siguen con problemas sin resolver y con heridas que aún no están cicatrizadas y defendió que aunque esta ley no resuelve todo ni es una panacea sí demuestra la importancia del consenso para buscar soluciones y acercarse a los problemas de los ciudadanos.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, destacó que esta norma es un ejemplo de que entre el pueblo y el Parlamento se pueden crear sinergias en beneficio de todos.
El diputado de AHI Raúl Acosta Raúl Acosta (AHÍ) subrayó que la ley emana del pueblo y entronca con la participación ciudadana en la política, a la vez que se ha enriquecido en la tramitación parlamentaria mediante la aportación de todos los grupos.
La nueva normativa aprobada definitivamente este miércoles busca dotar a la comunidad autónoma de una respuesta integral, ágil y coordinada que mejore los procesos de recuperación en caso de nuevas erupciones volcánicas y garantice los derechos y compensaciones a los afectados.
La suficiencia de las ayudas a los damnificados, la recuperación de viviendas y actividades económicas, la coordinación de las administraciones en sus respuestas y la eliminación de burocracia son aspectos en los que incide la Ley para agilizar la reconstrucción en caso de catástrofe volcánica.
La reconstrucción incluye la recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava, pero también de la isla en su conjunto.
En particular, se pretende que los afectados puedan volver a instalarse en el mismo lugar en el que se encontraban sus propiedades, o lo más cerca posible, pero también que recobren su vida y actividades o sus explotaciones agrícolas o ganaderas.
EFEacp/rdg
septiembre 24, 2025
El Colegio de Periodistas de Andalucía presenta alegaciones al anteproyecto de ley del secreto profesional
SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) –
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información y de los Prestadores de Medios de Comunicación aprobado en julio en el Consejo de Ministros.
La corporación colegial ha expresado mediante una nota que es imprescindible que el texto normativo incorpore una serie de modificaciones para evitar la imprecisión de la que adolece en la actualidad y que los periodistas queden aún más desprotegidos, lo que ocurrirá si el texto legal sigue adelante en su actual redacción.
Cabe mencionar que el Colegio de Periodistas de Andalucía ha recibido el apoyo de las facultades públicas de Comunicación de Sevilla, Málaga y Granada, así como de la Complutense de Madrid. Y que la ATIC (Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación) también se ha posicionado a favor del argumentario elaborado por el colectivo profesional andaluz.
El CPPA advierte de que el actual articulado presenta dos graves lagunas. En primer lugar, el término periodista no aparece ni en el título de la ley ni en ninguno de sus artículos, lo que genera inseguridad jurídica y deja en el aire quiénes son los titulares efectivos del derecho al secreto profesional.
La propuesta del Colegio es clara, deben estar amparadas por este derecho las personas con titulación universitaria en Periodismo o Comunicación Audiovisual y que ejercen su labor en los medios de comunicación periodísticos. El Colegio entiende que el hecho de que haya personas ejerciendo el periodismo sin la titulación específica se debe resolver mediante una disposición transitoria –tal y como recoge el documento presentado por el CPPA–, pero que en ningún caso una ley orgánica puede refrendar la ausencia de formación específica en el ejercicio periodístico.
En segundo lugar, el anteproyecto no recoge ni reconoce ninguna de las leyes autonómicas de ámbito profesional que existen a nivel nacional, entre ellas, la ley de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, por lo que obvia los preceptos legislativos que se recogen en éstas. Entre ellos, que son los colegios los representantes de los intereses profesionales de los periodistas en su ámbito autonómico y que, por tanto, les corresponde la vigilancia y garantía del secreto profesional.
DEFINICIÓN DE MEDIOS PERIODÍSTICOS Y GARANTÍAS INSTITUCIONALES
Otra de las claves de las alegaciones presentadas es la necesidad de precisar qué debe entenderse por medio de comunicación, dado que no todos los medios existentes pueden ser equiparados ni deben estar amparados por este derecho, tal y como viene defendiendo el Colegio andaluz desde su creación.
Sobre la base de este argumento, defiende el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (Romda) como instrumento objetivo para determinar qué es un medio de comunicación periodístico y propone la creación de un Registro similar a nivel nacional gestionado por las organizaciones colegiales, como corporaciones de derecho público que son.
Además, el CPPA ha reclamado que la norma contemple la existencia de mecanismos públicos de garantía, vigilancia y autorregulación que aseguren su correcta aplicación a través de las entidades de derecho público profesional (es decir, los colegios de periodistas) y el futuro Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas, garantizando así la independencia frente a intereses políticos, empresariales o privados.
Sólo así se evitará que la aplicación de esta ley quede en manos de intereses ajenos a la profesión y se protegerá de verdad la libertad de prensa, ha subrayado el Colegio de Periodistas de Andalucía.
El Colegio de Periodistas de Andalucía ha considerado necesario que se desarrolle este derecho fundamental reconocido en la Constitución y, en ese sentido, ha considerado una buena noticia que se empiece a trabajar en ello.
No obstante, ha enfatizado en que lo que debería ser un avance en la protección de los derechos de quienes ejercen el periodismo –y, en consecuencia, de la ciudadanía a recibir información veraz– se ha convertido, en los términos en los que está redactado el anteproyecto, en una amenaza para aquello mismo que se pretende garantizar.
El CPPA ha acompañado sus alegaciones con documentación y planteamientos elaborados por la ATIC (Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación), así como con las aportaciones de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Estos informes, como se ha mencionado anteriormente, coinciden en la necesidad de concretar el ámbito subjetivo de aplicación de la norma, reconocer el papel de la titulación en el ejercicio profesional y establecer órganos de supervisión independientes vinculados a los colegios profesionales.
La ATIC, además, ha presentado sus propias alegaciones al anteproyecto de ley orgánica. En estas expresa que se adhiere íntegramente al conjunto de alegaciones registradas por los Colegios Profesionales de Periodistas, en particular a: la necesidad de precisar el sujeto profesional del derecho, evitando el intrusismo y preservando la calidad informativa; la definición normativa de medio de comunicación social a los exclusivos efectos de esta Ley; el refuerzo de garantías procesales y el informe preceptivo colegial en eventuales levantamientos del secreto; la autorregulación canalizada a través de los Colegios y su futuro Consejo General y la creación de disposiciones transitorias que reconozcan a profesionales con trayectoria acreditada.
septiembre 24, 2025
Canarias contabiliza a 6.734 mujeres en el sistema de seguimiento de violencia de género
Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).
– Canarias contabilizaba hasta finales del pasado agosto con 6.
734 casos activos en el sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (sistema VioGén-2), aquellos que tienen un seguimiento policial.
Según niveles de riesgo, hay 63 casos con riesgo alto o extremo, 980 con riesgo medio y 5.
691 de riesgo bajo, detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac).
El 27% de las mujeres que están dentro de VioGén-2 tiene entre 18 y 30 años, mientras que el 45% tiene edades comprendidas entre los 31 y 45 años.
Además, hay 69 casos activos de violencia de género con menores en situación de riesgo, de los cuales 63 son de riesgo medio y 6 presentan un riesgo alto.
De todos los casos activos valorados conforme al vigente protocolo 2025, 727 se consideran de especial relevancia.
Entran en esta categoría aquellos casos en los que, tras la valoración policial del riesgo, se detecta una combinación especial de indicadores que aumenta de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal sobre la víctima.
Por provincias, 2.
735 casos activos se encuentran en la de Las Palmas y 3.
999 en la de Santa Cruz de Tenerife.
EFEjmor/rdg
septiembre 24, 2025