Madrid, 30 sep (EFE).
– Un total de 123 jueces y juezas especializados en violencia machista, siete de ellos de Canarias, han alertado este martes del «colapso» al que se enfrentan los juzgados de Violencia sobre la Mujer que, a partir del 3 de octubre, deberán asumir los delitos sexuales fuera de la pareja, como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
En un comunicado, recuerdan que el pasado mes de marzo ya alertaron de las «nefastas consecuencias» que supondría que unos órganos «sobrecargados desde hace años» asuman ahora nuevas competencias sin que ello haya ido acompañado de un aumento del número de jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer, sino que, por el contrario, en muchos casos lo que se ha hecho es concentrar en un solo Juzgado el trabajo que antes llevaban varios.
Ante ese comunicado -señalan- el Ministerio de Justicia anunció la creación de un 50 % más de plazas destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, y que se dotaría de recursos allá donde fuera necesario.
«Pero la realidad es muy distinta», denuncian los jueces, que alertan de que no sólo no se ha creado ese 50 % de plazas prometido, sino que a día de hoy no se ha dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026.
Unos refuerzos -advierten- que ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones.
«Esto es, nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales».
«La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible.
No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente», alertan.
Denuncian que la realidad es que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas.
Y que no han aumentado los servicios auxiliares que permiten llevar a cabo la labor de estos jueces, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica.
«La realidad es que, tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas», subrayan.
Fuentes del Ministerio que dirige Félix Bolaños han destacado, por su parte, que los juzgados y secciones de violencia contra la mujer verán los nuevos casos que se produzcan desde el 3 de octubre, mientras que los casos que ya estaban en tramitación continuarán en los juzgados de instrucción.
Señalan que para que puedan asumir este «paulatino» incremento de carga de trabajo, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 12,9 %, el Gobierno aprobó la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento de la plantilla de jueces de violencia del 42 %.
Su incorporación -indican- será progresiva.
Y hasta que se haya completado, en diciembre, el Ministerio dotará de refuerzos temporales a todos los juzgados o secciones de violencia que lo requieran.
En este sentido, destacan que han recibido 13 solicitudes que ya se han autorizado.
Y recuerdan que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Ministerio es el responsable de la creación y dotación presupuestaria de una nueva plaza y el CGPJ de la convocatoria para su ocupación.
Mientras que en el caso de refuerzos temporales, la ley indica que los Tribunales Superiores de Justicia deben iniciar el procedimiento elevando su solicitud al CGPJ.
Su servicio de Inspección determina si el refuerzo debe ser un juez sustituto o uno en comisión de servicios.
Finalmente, el Consejo envía la petición de autorización económica al Ministerio.
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