Madrid, 7 oct (EFE).
– La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes solicitar al Tribunal de Cuentas un informe sobre el coste que tiene para todas las administraciones la inmigración irregular, una propuesta de Vox que ha recibido el apoyo del PP.
Con 20 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención, esta iniciativa ha salido adelante con el rechazo frontal de PSOE y Sumar, que la han calificado durante el debate llevado a cabo en el Senado de «absolutamente lamentable» y «francamente repugnante», respectivamente.
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha defendido la iniciativa al presentar «la inmigración ilegal y sus secuelas» como «un problema cierto y grave, con un gran impacto económico negativo para el Estado y para los españoles», sobre el que «nadie se atreve a dar las cifras».
Un planteamiento «francamente repugnante», según la diputada de Sumar Engracia Rivera, quien ha condenado el «retorcimiento racista» del fenómeno de la inmigración sobre el que se sostiene la propuesta.
«Nadie es ilegal por buscar un futuro mejor para sí mismo o su familia», ha recordado al diputado de Vox, a quien ha animado a cuantificar «todo lo que aportan a nuestro PIB todos esos inmigrantes explotados que no pueden acceder a los servicios públicos».
En la misma línea, el senador socialista Pedro Martín ha calificado de «absolutamente lamentable» la estrategia de Vox de «sembrar odio y desprecio sobre el inmigrante para recoger resentimiento, que luego puedan convertir en votos».
Y ha ironizado sobre el hecho de que entidades e instituciones como el Banco de España, BBVA Research, Funcas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Financial Times reconozcan la inmigración como un motor en la economía española y en su empleo mientras que solo la Fundación Disenso, presidida por el líder de Vox, Santiago Abascal, dice que «todos los demás están equivocados».
El debate lo ha concluido la diputada del PP María Pilar Alía, quien, en una breve intervención, ha defendido que su grupo no puede oponerse a «conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia» porque entienden que «no hay nada que ocultar».
Ha precisado que el PP defiende «una política migratoria ordenada, legal y mutuamente beneficiosa», que sea «bien gestionada» y «eficaz», para lo que es necesario «considerar los costes».
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