Santa Cruz de Tenerife, 6 oct (EFE).
– El PP ha hecho público este martes un comunicado en el que «desmiente rotundamente» que, como ha denunciado el PSOE, el grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PP) haya creado un puesto específico a medida en la empresa pública Cultesa «para colocar al concejal y candidato del PP en Candelaria, Jacobo Pérez, como nuevo consejero delegado».
Explica el PP en un comunicado que el pasado 5 de septiembre el consejo de administración de Cultesa «tras tomar conocimiento de la inminente» jubilación de la entonces gerente de la entidad tres días después, «y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, acordó designar, de entre sus miembros, a un consejero delegado para que asumiera las funciones de la gerencia, hasta tanto se nombrara un nuevo gerente».
A tal efecto, dice el PP, se designó para el desempeño de tal cargo, y con el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo, a Jacobo Pérez Fariña, «el cual ya formaba parte de dicho consejo de administración desde que fue nombrado por la junta general de la entidad el pasado 4 de julio, tras ser designado por el consejo de gobierno insular» el 21 de mayo de 2025, para representar al Cabildo de Tenerife en el consejo de administración de dicha entidad.
Según el PP, como consecuencia de dicho nombramiento el consejo de administración, en esa misma sesión, otorgó una serie de poderes a Jacobo López para el desempeño de sus funciones como consejero delegado, al tiempo que aprobó, con la misma mayoría reforzada y con la abstención de citado, un contrato de alta dirección para el desempeño de las funciones propias de su cargo.
Agrega el PP que Jacobo López ha declarado no encontrarse incurso en causa de prohibición a que hace referencia el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley se Sociedades de Capital, así como en alguna causa de incapacidad o incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Dada esta situación, prosigue el PP, «y ante las falacias vertidas desde el grupo Socialista en la Cabildo de Tenerife, se hace necesario aclarar que en el caso de la sociedad mercantil en cuestión, tanto el nombramiento del consejero delegado, como el correspondiente contrato de alta dirección, fueron aprobados con estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 249 del Real Decreto Legislativo 1/201O, de 2 de julio2.
Añade el PP que «de la misma forma, dicho contrato fue informado favorablemente, y con carácter previo a su aprobación, por el servicio administrativo con competencias en régimen jurídico de personal y sector público, conforme establece la base 88, apartado 4º, de las de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2025».
Dicho contrato ha sido elevado a escritura pública ante notario y está pendiente de su inscripción en el registro mercantil, y se ha aprobado, por tanto, un contrato mercantil, absolutamente regular y conforme al ordenamiento jurídico, asegura el PP.
Por todo ello, concluye el PP que el nombramiento del consejero delegado de Cultesa «no requiere de proceso selectivo, sino que su relación profesional con la sociedad se rige por contrato mercantil».
Comenta que cuestión distinta son los nombramientos de alta dirección para otras entidades integrantes del sector público, que por su naturaleza y regulación requieran de la convocatoria de procesos selectivos.
Afirma el PP que en este caso no se crea un puesto al efecto, sino que se cubre la vacante existente con un perfil técnico y cualificado, como queda avalado en el caso de Jacobo López por su formación específica, capacitación y experiencia laboral (Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de La Laguna, con experiencia profesional en este ámbito en distintas administraciones públicas).
El PP denuncia el «cinismo e hipocresía sin límite del grupo socialista, máxime si tenemos en cuenta que en el pasado mandato los socialistas recurrieron al nombramiento de consejeros delegados afines en determinadas sociedades mercantiles del sector público insular».
Tan afines, subraya el PP, «que en algunos casos no contemplaban ni siquiera la formación o titulación necesaria para el desempeño de sus funciones, con casos tan bochornosos que llegaron a provocar la dimisión del cargo objeto de enchufe por no cumplir con los requisitos previstos en la legalidad vigente, o en otros casos dieron lugar a auténticos supuestos de nepotismo”.
EFErdg/cmg
