Santa Cruz de Tenerife, 10 oct (EFE).
– Cáritas Diocesana ha contabilizado un toral de 2.
838 personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife en 2024, la cifra más alta de los últimos cinco años y un incremento del 23% respecto al año anterior.
Según el V Informe sobre Exclusión Residencial Extrema en la Isla, financiado por el Cabildo de Tenerife a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), el incremento de las personas sin hogar está impulsado por la grave crisis en el acceso a la vivienda, la influencia de la gestión turística y migratoria y las deficiencias estructurales del sistema de protección.
La crisis social «alcanza dimensiones estructurales en nuestra provincia», y la emergencia habitacional «se extiende por los 31 municipios de Tenerife», advierte Cáritas.
El estudio incluye todas las formas de exclusión residencial, que van desde quienes malviven en infraviviendas o asentamientos improvisados hasta quienes sobreviven en alojamientos temporales o se hacinan en condiciones inhumanas.
El sinhogarismo en Tenerife muestra una distribución geográfica desigual pero significativa: Santa Cruz de Tenerife concentra el 37,1% del total, seguida de Arona (10,8%), Adeje (9,5%), Puerto de la Cruz (9,5%), La Laguna (8,4%) y Granadilla de Abona (6,3%).
Estos municipios reúnen al 81,6% de todas las personas afectadas por esta situación, indica Cáritas, que asegura que hay «claramente» una relación con el aumento de viviendas vacacionales, el desorbitado aumento de precios de la vivienda libre y el déficit de vivienda social generalizado y sostenido durante décadas a nivel nacional.
Entre las personas afectadas, el 76,5% son hombres y el 23,5% mujeres, mientras que el 29,2% son personas de origen extranjero, muchas de ellas atrapadas en “laberintos administrativos”.
El 49,9% de estas personas provienen de situaciones de vivienda normalizada antes de caer en la exclusión.
La pérdida del hogar familiar (26,1%) o los impagos del alquiler (7,2%) aparecen como desencadenantes frecuentes, lo cual desmonta el prejuicio que asocia el sinhogarismo exclusivamente con patologías previas, indica Cáritas.
La ONG de la Iglesia Católica denuncia las carencias del Plan de Vivienda 2020-2025 del Gobierno de Canarias, «cuya inversión económica debía derivar en una mejora en el acceso de la vivienda para la mayoría de la población residente, a través de la construcción de unas 5.
000 viviendas nuevas en cuatro años».
«Solo se han construido 1.
152 viviendas en régimen protegido» y un tercio de las personas solicitantes de ayudas de alquiler durante el periodo 2024-2025 no han podido acceder a las mismas por agotarse el presupuesto.
Entre 2020 y 2025 se han inscrito como demandantes de vivienda 27.
500, unas 10.
500 solicitudes más que en el periodo anterior.
Para Cáritas, la carencia de red de apoyo (43,1%), las barreras administrativas (15,3%), especialmente en el caso de irregularidad migratoria y las dificultades económicas (11,6%) abocan a esta situación.
La exclusión residencial tiene un impacto «devastador» en la salud: el 44,5% de las personas de este colectivo padece enfermedades crónicas, con especial prevalencia de trastornos mentales graves (14,8%), depresión (9,2%) y ansiedad (8,3%).
Entre las personas afectadas, el 87,3% se declara desesperanzado respecto al futuro, el 83,1% padece insomnio y el 82,7% sufre tristeza persistente, lo que evidencia la unión entre exclusión y deterioro físico-mental.
Cáritas reclama actuaciones urgentes para aumentar las viviendas sociales, la agilización del empadronamiento y la creación de equipos puente entre la calle, los servicios sociales y sanitarios y el Cabildo.
Reclama también a todas las administraciones que asuman su responsabilidad como “garantes de derechos” y que trabajen de forma coordinada para implementar las soluciones que en muchos casos ya existen sobre el papel.
«La vivienda es un derecho humano, no un privilegio» y la Declaración de Lisboa de la Comisión Europea en 2021 compromete a los estados miembros a que nadie duerman a la intemperie por falta de un alojamiento accesible, seguro y apropiado, subraya Cáritas.
EFEacp/spf
