Las Palmas de Gran Canaria, 20 oct (EFE).
– Canarias subirá en 2026 la edad y rebajará el nivel de renta que exigirá a los contribuyentes que deseen deducirse la compra de una vivienda en su IRPF, según figura en el anteproyecto de ley de presupuestos regionales para el próximo ejercicio que prevé aprobar el miércoles el Consejo de Gobierno.
Así lo ha anunciado este lunes al término de una sesión del Consejo Asesor del Presidente la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien ha recalcado que las cuentas canarias de 2026 se han tenido que confeccionar en base a unas magnitudes estatales fijadas desde 2023, ya que desde entonces se han prorrogado los presupuestos generales del Estado.
También se han adecuado a la normativa estatal relacionada con la disciplina fiscal, que esta comunidad «pretende, como no puede ser de otra manera, asumir totalmente», si bien tiene que «poner de manifiesto que no le parece adecuado que a esta fecha el Gobierno de España todavía no haya aprobado la senda de consolidación fiscal», por lo que ha elaborado unas cuentas regionales «con un superávit del 0,1 % de su PIB».
La consejera también ha reprochado al Gobierno español que «no haya aprobado la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto, por lo que el Ejecutivo canario se ha «visto obligado a elaborar sus presupuestos con una tasa de crecimiento del 3,3 %», una magnitud fijada en 2023 que, por lo tanto, «no se adaptan para nada a la realidad actual».
Asián no ha precisado cuantías ni porcentajes de incremento de partidas determinadas, pero sí ha asegurado que el proyecto presupuestario para 2026 «potencia el gasto social».
«Como viene siendo desde 2024, la mayor parte de los presupuestos se destina a gasto social: sanidad, educación, bienestar social y vivienda» en un contexto de «previsible estancamiento del crecimiento del PIB en Canarias y en España», y con un horizonte en el que el empleo crecerá en menor medida.
El gasto financiero se ha fijado en 12.
491 millones de euros y la deuda pública «por debajo del 10 % del PIB», con lo que se cumple con las reglas fiscales.
«Sólo esperamos que el Gobierno central adecúe las nuevas normas disciplinarias a las establecidas por Europa, mucho más flexibles que las que actualmente nos aplica a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales», ha aseverado Asián.
La consejera ha destacado que, en las medidas tributarias previstas para el ejercicio de 2026, se incremente la edad de las personas que se puedan acoger a una deducción por adquisición de vivienda y que se rebaje el importe de la renta, ya que «estas deducciones estaban condicionadas a unos niveles que hacían impracticable su aplicación».
Asián también ha esbozado otras medidas fiscales, como la eliminación del AIEM para la fabricación de productos petrolíferos -que ya no se producen en Canarias-, la aplicación del tipo cero a los biocarburantes, la reducción del impuesto para determinados productos sanitarios y la introducción de tipos reducidos para las bebidas refrescantes con bajo contenido en azúcares, que se incrementarán en el caso de las que presenten un nivel más alto de azúcar y las bebidas energéticas.
La consejera ha precisado que el anteproyecto presupuestario de Canarias sube «ligeramente la tributación del tabaco para adecuarla a los estándares europeos y del resto del territorio nacional, porque el objetivo no es otro que mantener nuestro diferencial respecto al del resto de la tributación nacional y europea», ha referido.
Tanto la Confederación Canaria de Empresarios como los sindicatos CCOO y UGT, representados por sus presidentes y secretarios generales, Pedro Ortega, Vanesa Frahija y Manuel Navarro, han dado su visto bueno a las cuentas regionales que les ha presentado este lunes el presidente, Fernando Clavijo.
El representante empresarial ha considerado positivo el hecho de que en Canarias haya un anteproyecto de presupuestos «encima de la mesa» pese «al escenario de incertidumbre» y, además de respaldar que se priorice el gasto social, ha pedido que se refuerce la inversión pública para dinamizar la economía.
De igual forma, Ortega ha considerado imprescindible la necesidad de «simplificar la normativa» para propiciar la «ejecución real» de las políticas presupuestadas.
Mayor nivel de ejecución presupuestaria también han pedido CCOO y UGT, cuyos representantes han incidido en que en Canarias hace falta una mejor redistribución de la riqueza y que se siga apostando por unos servicios públicos que cuiden a sus habitantes.
El secretario general de UGT, Manuel Navarro, ha criticado que las cuentas canarias para 2026 alejen la inversión educativa del 5 % del PIB que establece la ley y ha valorado la predisposición del Gobierno regional a constituir una comisión de estudio para la carrera profesional de los empleados públicos, aspecto que, según ha dicho Asián, se tratará de introducir en el articulado del anteproyecto de ley que se presente el miércoles al Consejo de Gobierno.
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