Santa Cruz de Tenerife, 2 sep (EFE).
– La consejera de Universidades, Migdalia Machín, ha proclamado este miércoles que la propuesta del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas no es un documento cerrado, sino una base sobre la que negociar, y que «no es una imposición» del Gobierno de Canarias.
Lo ha dicho en comisión parlamentaria a instancias de su partido, Coalición Canaria, cuya diputada Vidina Espino ha subrayado que el diálogo entre las partes «debe darse con respeto y lealtad» y ha juzgado «precipitadas» las quejas de los rectores dando «prácticamente por fracasada una negociación que no ha comenzado».
Migdalia Machín ha hecho hincapié en que el documento planteado por el Gobierno de Canarias plantea un aumento de la financiación del 16% hasta 2030 y ha justificado vincular una parte al cumplimiento de objetivos como aumentar las microcredenciales, los máster duales, la investigación de alto impacto o reducir las tasas de abandono.
Ha opinado que el actual es «un escenario más favorable» porque Gobierno y universidades cuentan con un documento con el que negociar a partir de este mes, que es algo que solicitaban las instituciones académicas, y ha insistido en que lo que ahora corresponde es atender a las propuestas que puedan realizar porque el documento «es mejorable».
De hecho, ha avanzado que se corregirán unos defectos técnicos detectados por los rectores sobre algunas cantidades vinculadas a complementos retributivos.
Migdalia Machín ha ofrecido «mano tendida» a los rectores, cuya postura comprende, pues «era previsible» que aspiren a «mejorar el punto de partida», como sucede en toda negociación; y además, ha dicho, «no quiero que me bailen el agua».
Vidina Espino (CC) ha coincidido con la consejera en que la propuesta del Gobierno de Canarias sobre el nuevo modelo de financiación es «un punto de partida», y ha analizado que «el núcleo de la negociación» estará en determinar «qué son los gastos estructurales» de los que hablan las universidades.
También ha puesto el acento en la discrepancia sobre el déficit acumulado en años anteriores, ya que el Gobierno de Canarias plantea una cantidad de 10 millones de euros que los rectores elevan a 25, y sobre los objetivos ha opinado que no resulta «escandaloso» que se vinculen a los mismos uno de cada 100 euros.
En cuanto al objetivo de alcanzar el 1% del PIB, ha subrayado que la ley de universidades señala que es compartido con el Gobierno de España y de las propias universidades.
«No echen todo el peso al Gobierno de Canarias», ha proclamado al respecto la consejera Migdalia Machín.
El diputado del Grupo Mixto por AHI, Raúl Acosta, ha saludado que se vincule parte de la financiación al cumplimiento de objetivos, definidos con «criterios objetivos, transparentes y previamente establecidos».
Al igual que los diputados de ASG, Jesús Ramos, y del PP, María Isabel Saavedra, ha reclamado que entre esos objetivos se contribuya a eliminar las barreras que deben superar los alumnos de las islas no capitalinas.
Ramos y Saavedra han coincidido, además, en que la financiación para el funcionamiento ordinario de las universidades esté garantizado y, a partir de ahí, hablar de mejoras y objetivos.
Nicasio Galván (Vox) ha valorado el establecimiento de objetivos, a los que solo se oponen «los mediocres», y ha opinado que «queda mucho recorrido» para llegar a un acuerdo con las universidades en vista de la respuesta de los rectores al planteamiento del Gobierno de Canarias.
En cambio, Carmen Hernández ha opinado que resulta «arriesgado y pernicioso» que el Gobierno de Canarias «mezcle en el debate la financiación básica» de las universidades con los objetivos.
Opina que lo primero que debe hacerse es abonar «esos 15 millones» que las universidades reclaman para actualizar salarios y actualizar el IPC de los contratos de los servicios básicos y que suponen «una pérdida de poder adquisitivo» que los rectores cuantifican en unos 25 millones, y solo a partir de ahí empezar a hablar de objetivos.
Esto es como si para pagar el agua o la luz de los hospitales se mira «cuántos enfermos salvan» o en educación, «cuántos alumnos aprueban», ha deslizado Hernández, quien ha acusado al ejecutivo regional de «pretender regatear» con las universidades «bajo el eufemismo de negociar», ha comparado Hernández.
Yaiza López (PSOE) ha hecho hincapié en que «el relato triunfalista» del Gobierno de Canarias sobre el nuevo sistema de financiación «duró hasta que escuchamos a las universidades», ya que «el contraste es enorme» entre las versiones de unos y otros.
La diputada socialista ha recordado que desde que comenzó la legislatura, la consejera «lleva tres años diciendo que negocian» con las universidades y ahora anuncia que el documento de propuesta es «para empezar a negociar».
En la misma comisión parlamentaria, la diputada de NC le ha preguntado a la consejera por la petición de los consejos sociales de las dos universidades públicas de una dotación específica en el marco de la revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).
Migdalia Machín ha recordado que se acordó con los cabildos establecer tres líneas de actuación: para obra pública, infraestructura sanitaria y para I+D+i, donde «pueden entrar» las universidades.
Además, ha aludido a la iniciativa del Cabildo de La Palma de construir una residencia de estudiantes en Tenerife y otra en Gran Canaria.
Al respecto, Raúl Acosta (AHI) ha propuesto que «se alineen» los cabildos de las restantes islas no capitalinas, algo en lo que ha coincidido con María Luisa Saavedra (PP) y Vidina Espino (CC).
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