Santa Cruz de Tenerife, 27 oct (EFE).
– Los delitos contra la libertad sexual en todas sus categorías registraron una clara tendencia al alza en 2024, ha señalado este lunes la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, quien ha advertido de que no puede dar «el salto al vacío» de asegurar que sus autores con extranjeros y, dentro de este colectivo, inmigrantes irregulares.
En concreto, ha explicado Martínez durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía ante el Parlamento autonómico, se ha producido un incremento en un 15% en los delitos contra la libertad sexual en la provincia de Las Palmas y de un 7% en la de Santa Cruz de Tenerife, justo al contrario de lo ocurrido en 2023.
Al respecto, la fiscal superior ha manifestado que, como sabía que los parlamentarios le iban a preguntar sobre esta cuestión, puede asegurar que no tiene dato alguno que permita afirmar que hay un aumento de la criminalidad, y en concreto de los delitos contra la libertad sexual o cualquier otro tipo, que sea consecuencia de la inmigración que llega a Canarias.
La Fiscalía no oculta sus estadísticas y en ellas hay una serie de delitos «sin especificar, que no sabemos a quién corresponden», ha añadido Martínez, quien ha especificado que, en relación a los datos de 2017, los delitos contra la libertad sexual han aumentado en un 81% en Santa Cruz de Tenerife y en un 87% en Las Palmas.
Pero hay que puntualizar, ha incidido la fiscal superior de Canarias, en que a partir de 2023 se incluyen delitos en esta categoría que antes eran atribuidos en diferentes categorías como consecuencia de la aplicación de la llamada ley del «sólo sí es sí».
«No tengo dato alguno de carácter objetivo para afirmar que el aumento en la criminalidad en esta comunidad sea consecuencia de la inmigración de carácter irregular», ha expuesto la fiscal superior, quien dijo que a lo largo del año pasado se incoaron 165.
218 procedimientos, con un aumento del 17% en Las Palmas y del 8% en la provincia tinerfeña.
La fiscal superior ha puesto de relieve el aumento de delitos contra la vida y la integridad, con 2.
448 escritos por delitos de lesiones en la provincia de Las Palmas, donde disminuyeron los homicidios dolosos de 67 en 2023 a 54 el año pasado.
En Santa Cruz de Tenerife se realizaron 1.
093 escritos por delitos de lesiones y los homicidios dolosos pasaron de 60 a 56.
Además se ha detectado una disminución de los delitos contra el patrimonio al pasar de 24.
772 a 23.
205, una reducción en un 24 por ciento pese al aumento en los escritos de calificación del Ministerio Fiscal.
La fiscal superior ha llamado la atención también sobre el hecho de que ha habido un ligero aumento en los delitos contra la libertad sexual entre menores de 16 años, pero que se corresponden a relaciones consentidas y sobre todo en menores de ámbitos desestructurados, con progenitores ausentes o internos en centros de protección.
En cuanto a la violencia machista, ha habido un aumento en los informes por el mal funcionamiento de los dispositivos de seguimiento del programa Cometa y, en el caso de Tenerife, se han incrementado «muchísimo» los procedimientos a raíz de la comarcalización, de manera que las víctimas deben desplazarse a los juzgados de la capital tinerfeña, donde las dependencias no son las adecuadas para que sean debidamente atendidas, ha advertido la fiscal superior.
En cuanto a los delitos por trata de seres humanos y contra la ley de Extranjería, se ha producido un incremento en 25 fiscales de refuerzo para atener las pruebas de determinación de edad y la derivación de los menores solicitantes de asilo.
Sobre lo primero ha indicado María Farnés Martínez que se ha producido un descenso en un 25% en los expedientes relativos a la determinación de edad en Las Palmas, con 790 procedimientos, y 1.
420 en Santa Cruz de Tenerife, mil expedientes menos que en 2023.
Ha denunciado la total y absoluta falta de regulación legal y reglamentaria de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros y, en concreto, los de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro están absolutamente obsoletos.
Ha subrayado que se han producido varios casos de menores que fueron considerados patrones adultos de cayucos y, tras darse «la voz de alarma» de que eran menores, el juez de instrucción los dejó en libertad y quedaron en situación de desamparo.
Martínez ha señalado que pidió a la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife datos sobre posibles delitos cometidos por menores extranjeros no acompañados, y ha precisado que se incoaron 15 expedientes por delitos cometidos fuera de los centros y doce dentro de las instalaciones.
Estos últimos se refieren a insultos, amenazas, posesión de drogas y agresión sexual a una educadora, y sobre esto último la fiscal superior de Canarias ha especificado que el hecho en concreto estaba relacionado con «una palmada en el culo».
Martínez ha considerado necesario hacer más inspecciones dentro los centros, pues es obligación de la Fiscalía realizarlas cada seis meses «pero no siempre se ha llevado a cabo».
En cuanto a menores de las islas, la Fiscalía ha percibido un aumento en niños y niñas abandonados como consecuencia de la crisis económica y habitacional, y ve con preocupación que haya menores de 3 y 6 años en acogimiento residencial, que no es «lo más adecuado».
En cuanto a los aproximadamente 600 mayores con alta hospitalaria que siguen ingresados por falta de plazas sociosanitarias, ha remarcado Martínez que la solución no corresponde a la Fiscalía sino a las consejerías de Sanidad y Bienestar Social.
Otros datos de la memoria se refieren a un aumento en un 20% de los escritos de calificación por parte de las Fiscalías de ambas provincias y al incremento en las sentencias de conformidad, que fueron 10.
109 en 2024.
Se celebraron 11.
385 juicios (un 1% más) y la fiscal superior ha subrayado el aumento de juicios por delitos leves, por lo que ha considerado que sería un buen momento para instaurar sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación.
Además, ha llamado la atención sobre la situación «muy precaria» con espacios muy limitados en las celdas de las prisiones Tenerife II y de Santa Cruz de La Palma.
La fiscal superior ha incidido también en la necesidad de que Santa Cruz de Tenerife tenga «de una vez por todas» un palacio de justicia en igualdad de condiciones con el de Las Palmas de Gran Canaria, pues «se hace muy difícil trabajar en unas instalaciones obsoletas y que impiden crear nuevos puestos para la Fiscalía y funcionarios».
Por el contrario, ha señalado María Farnés Martínez, ha habido un gran avance en Puerto del Rosario, donde se registraban inundaciones de aguas fecales, después de que el Gobierno de Canarias haya alquilado un local que se está habilitando para la función judicial, a la espera de que se construya un nuevo palacio de justicia para Fuerteventura.
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