Santa Cruz de Tenerife, 28 oct (EFE).
– El Gobierno de Canarias estudia que los complejos turísticos con varias unidades de explotación tengan un único representante ante la administración, para simplificar la gestión y garantizar que todos los propietarios compartan los gastos de explotación, sin impedir que cada uno pueda decidir cómo comercializar su propiedad, ya sea por su cuenta o a través de la explotación general del establecimiento.
Hasta el momento, la legislación vigente en Canarias impone a los complejos de apartamentos la unidad de explotación, un principio controvertido que el Tribunal Supremo ha aceptado en la última semana examinar por la pluralidad de propietarios afectados, para determinar si colisiona o no con la directiva europea de servicios.
La propuesta forma parte de los trabajos de revisión de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y busca adaptar la normativa a la realidad de muchos establecimientos en los que conviven propietarios que explotan sus apartamentos con fines turísticos y otros que los utilizan como segunda residencia, según han informado este martes a EFE fuentes de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
El objetivo, según han apuntado las mismas fuentes, es que cada unidad pueda operar de forma independiente, en conjunto con otras o dentro de la explotación general del establecimiento, pero siempre contribuyendo a los gastos comunes.
El Ejecutivo canario también pretende regular el uso residencial dentro de complejos turísticos y quiere determinar quién puede residir en ellos de forma permanente, tomando como referencia la Ley del Suelo de 2017, que permitía consolidar el uso residencial para quienes estuvieran empadronados antes del 1 de enero de ese año.
La intención es ordenar una situación que actualmente genera conflictos en muchos complejos, donde algunos propietarios no abonan los gastos comunes y las empresas explotadoras imponen costes superiores a los aceptables.
En este contexto, el Gobierno confía en resolver este problema a través del planeamiento municipal y que los ayuntamientos definan el uso del suelo, si es residencial, turístico o mixto y, en función de ello, se aplicará total o parcialmente la ley turística.
El Ejecutivo mantiene como principio básico la especialización del suelo y la prevalencia del uso turístico en los espacios destinados a esa actividad, aunque prevé excepciones concretas en los casos debidamente acreditados.
Encuentro entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé de TirajanaPara abordar este asunto la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León (PP), se ha reunido con el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Alejandro Marichal (CC), con el fin de recabar aportaciones para la futura Ley de Ordenación del Turismo, que quieren aprobar antes de que finalice la legislatura.
Jéssica de León, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que la próxima ley tiene que abordar fundamentalmente tres puntos: Primero, cómo se comercializan los apartamentos, segundo cuáles son los usos permitidos por los distintos ayuntamientos y tercero el problema de las segundas residencias.
«Es evidente que el problema fundamental que hoy tiene Canarias y hay que resolver es la residencialización y el principio de unidad de explotación», ha manifestado la consejera.
Asimismo, ha recordado que el nacimiento de la economía de plataformas ha ocasionado que muchos propietarios abandonen la unidad de explotación para comercializar sus bienes fuera de ella, lo que ha agravado la situación creada tras la ley de 2013.
«Esta ley lo que vendrá es a dar respuesta a todos los usos que en estos momentos se están produciendo y que la ley de 2013 dejó aparcados, y que no supo ver el nacimiento y el auge de la economía de plataformas.
Durante más de trece años, insisto, estos propietarios se han visto primero atrapados por la normativa, segundo sancionados por la Consejería de Turismo y, además, con una normativa que no se ajusta a las dinámicas del mercado actual», ha comentado.
Por otra parte, ha informado de que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana está tramitando una ordenanza que vendrá a regular los usos del suelo en el ámbito competencial que le corresponde, definiendo los usos permitidos dentro de las parcelas turísticas.
Posición del Ayuntamiento sobre residencialización y explotaciónEl concejal de Urbanismo y teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana ha valorado la «voluntad negociadora» mostrada por la consejera de Turismo, al tiempo que ha mostrado su conformidad con dejar separado, por un lado, la gestión propia del complejo y los gastos comunes, y, por otro, la comercialización.
Con este nuevo enfoque, ha continuado, se «va a dar solución a un asunto enquistado desde hace muchos años».
El responsable municipal ha recordado que el Ayuntamiento inició en 2024 una modificación de su plan general que se encuentra en tramitación «para dejar claro que es compatible el uso residencial con el turístico», aunque ha precisado que esta compatibilidad «debe tener encaje en la nueva ley que tramita el Gobierno de Canarias».
«Hoy nos hemos sentado para intentar buscar puntos de unión entre el ayuntamiento y el Gobierno y procurar que esa nueva ley contemple también a las personas que residen en la zona turística», ha apostillado.
En cuanto a la explotación turística de los complejos, el edil ha detallado que «lo concreto sobre el principio de unidad de explotación es que permite que se pueda comercializar independientemente de si existe o no una mayoría relativa», algo que, hasta ahora, «dejaba en un vacío legal a quienes no contaban con el 50 más uno de la propiedad».
A su juicio, «llegar a un acuerdo en ese término es importante, y demuestra la voluntad de la consejería de abordar los asuntos más controvertidos desde el minuto uno, junto a los ayuntamientos turísticos y la sociedad civil».
Además, ha pedido a la Consejería de Turismo «valorar o explorar nuevas vías para intentar que el procedimiento de suspensión de sanciones sea mucho más ágil», en referencia al decreto aprobado a comienzos de 2025, que paralizó las multas a residentes en zonas turísticas.
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