Santa Cruz de Tenerife, 14 nov (EFE).
– Los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias han recriminado a la consejera de Universidades, Migdalia Machín, que el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 no contenga partidas específicas para ampliar el número de plazas en residencias de estudiantes.
Carmen Hernández (NC) ha criticado que CC llevara al Parlamento el pasado septiembre una proposición no de ley, aprobada por unanimidad, en la que se pedía explorar, de la mano de las dos universidades públicas de las islas, la construcción de campus de viviendas modulares, si luego no hay ficha económica.
Alicia Pérez (PSOE) ha apuntado que, sin recursos económicos, «buenas ideas» como los campus de viviendas modulares acaban siendo «declaraciones de intenciones», y por eso ha reclamado partidas específicas para este proyecto así como para la ampliación de plazas en residencias públicas, en estos momentos 1.
200.
La consejera ha negado que desde el Gobierno de Canarias se pretenda «asfixiar» a las universidades públicas, como le han recriminado los grupos de la oposición, y como prueba se ha remitido al «presupuesto récord» de 300 millones de euros consignados en las cuentas de la comunidad para 2026 a repartir entre la ULL y la ULPGC.
También ha remitido a la autonomía universitaria, en cuanto a que ambas instituciones académicas «deciden dónde invertir ese dinero», aunque ha añadido que «si hay que hacer un esfuerzo» adicional si estas disponen de suelo y de proyectos para construir campus, «no habrá problemas».
Migdalia Machín ha admitido que probablemente los 300 millones consignados para las dos universidades no sean suficientes para ampliar el número de plazas universitarias y ha expresado la disposición del Gobierno a «ir de la mano» con los rectores y otras administraciones como cabildos y ayuntamientos.
Ha indicado que aunque ésta no es una competencia del ejecutivo autonómico, «tiene que coordinar» las actuaciones con el resto de actores, como asegura que está haciendo en estos momentos.
Por lo demás, ha indicado que el de la vivienda es «un problema estructural» y extendido por todo el país y la UE, y que la filosofía del Gobierno de Canarias es que no haya impedimentos por razones económicas ni territoriales para que, quien quiera, pueda cursar estudios universitarios.
Carmen Hernández (NC) ha criticado que el Gobierno de Canarias pretenda «consolarse» con que el de la vivienda es «un problema de todos», pues en otras comunidades como País Vasco se han construido 10.
000 viviendas públicas en la última década, o que se escude en que está «haciendo todo lo posible» mientras sigue creciendo la lista de demandantes y los alquileres «no paran de subir».
Ha deslizado asimismo que en las ciudades universitarias de Canarias se están pidiendo 500 euros por habitación, más otros 500 por el uso de zonas comunes, y que en Granada, por ejemplo, se paguen en torno a 350-400 euros con los suministros incluidos.
Hernández ha saludado las reuniones mantenidas con los rectores y las administraciones locales, se ha mostrado convencida de que la disposición de suelo «no será problema» y ha pedido copiar a las universidades privadas como la Fernando Pessoa, que está construyendo una residencia en Guía.
Alicia Pérez (PSOE) ha acusado al Gobierno de Canarias de no afrontar este problema «con la seriedad que merece», porque aparte de no incluir en los presupuestos partidas para nuevas residencias ni para «soluciones innovadoras» como los campus de viviendas modulares, las becas que reparte «no cubren el gasto real», lo que se acaba traduciendo en un «abandono silencioso».
En esta línea, Melodie Mendoza (ASG) ha advertido de la gravedad de que «muchos estudiantes» se vean ante la disyuntiva de quedarse en casa por no tener plaza en una residencia ni poder alquilar una habitación.
Mendoza ha saludado el proyecto de campus de viviendas modulares y ha sugerido abrir las puertas a la colaboración público-privada.
Nicasio Galván (Vox) ha pedido la derogación de la ley estatal de vivienda, trabajar desde la administración para quitarle «el miedo» a los propietarios a alquilar pisos a estudiantes, y liberalizar suelo.
Cristina Saavedra (PP) ha recalcado que iniciativas como las de las estudiantes de la ULL en las que se basó la PNL sobre los campus de viviendas modulares «no se pueden quedar en un cajón» y Vidina Espino (CC) ha advertido de que «la solución no es fácil» y que necesita de la colaboración de todas las administraciones.
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