Santa Cruz de Tenerife, 15 nov (EFE).
– La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en libertad a un joven de Gambia que llevaba más dos años en prisión como presunto patrón de un cayuco en el que murió al menos una docena de personas a pesar de que desde el primer momento aportó una partida de nacimiento en la que se certificaba que era menor, circunstancia que ahora la Justicia reconoce.
K.
cumplió 18 años el pasado miércoles, tras haber comparecido a principios de mes en un juicio que podía acarrearle 15 años de cárcel.
Al día siguiente, mismo el tribunal ante el que se sentó como procesado ordenó su liberación «inmediata, sin necesidad de esperar a la redacción de la sentencia», y este viernes abandonó ya la prisión.
En un auto adelantado por El Día al que ha tenido acceso EFE, los magistrados reconocen que la autenticidad de los documentos de identidad aportados desde 2023 por el joven gambiano -su certificado de nacimiento y su pasaporte- no ha sido impugnada formalmente y ni ha sido rebatida «con la suficiente contudencia por informes periciales que descarten por completo la minoría de edad».
En consecuencia, agregan, debe aplicarse el principio de presunción de minoría de edad que consagran la Ley española del Menor, la Convención Internacional de Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, lo que prevalece sobre las pruebas forenses que le atribuían hasta 21 años.
Y ello, añade la sala, porque los informes periciales sobre la edad de K.
que manejaba la Fiscalía para sentarlo en el banquillo junto con los otros tres presuntos patrones de su cayuco aportan solo una «impresión» de mayoría, «sin certeza absoluta».
La Audiencia recuerda que el Supremo ha establecido que, «ante la duda razonable sobre la edad de un acusado y en tanto no se obtengan datos ciertos, debe presumirse su minoría de edad».
El caso de K.
fue dado a conocer por EFE en marzo de 2024, cuando ya llevaba cuatro meses y medio de cárcel y su abogada presentó a la Justicia un certificado que acreditaba que había nacido el 12 de noviembre de 2007, como había dicho desde la primera vez que lo entrevistó la Cruz Roja en el mismo muelle donde desembarcó.
Sin embargo, hasta esta semana, con el juicio ya visto para sentencia, todos sus recursos habían sido denegados.
K.
llegó a Los Cristianos (Tenerife) el 28 de octubre de 2023, tras nueve días de navegación desde Gambia en un cayuco con un total de 226 personas a bordo, una de ellas ya cadáver, un niño.
Otro de sus compañeros de travesía murió poco después en el hospital.
No obstante, la cifra de muertos total de ese cayuco era superior, ya que sus ocupantes manifestaron en el muelle que habían muerto en el mar de 10 a 20 personas más, al quedarse sin comida y sin agua.
Este caso en Canarias tiene un precedente, el de dos jóvenes senegaleses que pasaron tres y cuatro meses en la cárcel acusados de ser los patrones de la patera con la que llegaron a Gran Canaria en diciembre de 2023, sin tener en cuenta que eran menores.
Al más pequeño de los dos, A.
G.
, se le puso en libertad después de que los funcionarios la prisión de Gran Canaria donde se encontraba (con 15 años) alertaran de su caso a la juez de Vigilancia Penitenciaria.
Con su compañero, B.
C.
, tuvo que intervenir poco después el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para exigir a España que lo tratase como le correspondía, como a un menor.
En abril de 2024, la Audiencia de Las Palmas acabó reconociendo como «lamentable» la situación que padecieron ambos y, en noviembre del mismo año, el Juzgado de Menores que retomó la causa a petición de la Fiscalía anuló todo el procedimiento, tras reconocer que con ellos se vulneró la Convención de Derechos del Niño.
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