Santa Cruz de La Palma, 19 nov (EFE).
– La comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García Leal, ha expresado su discrepancia con el Gobierno de Canarias, que no quiere publicar los nombres de los beneficiarios de ayudas vinculadas a la erupción del Tajogaite, un conflicto que ha terminado en los tribunales mientras las asociaciones de afectados reclaman mayor claridad en la gestión de los fondos públicos.
Noelia García Leal ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes de la Asociación Tierra Bonita para revisar el estado de las “numerosas” reclamaciones y denuncias presentadas por el colectivo en los últimos meses con el objetivo de “recapitular” cada uno de los expedientes.
La comisionada destacó que la mayoría de estas reclamaciones han sido estimadas, recordando que las resoluciones de la institución del Comisionado “son de obligado cumplimiento” salvo que la administración decida recurrirlas ante los tribunales.
No obstante, alertó de que más del 80% de los expedientes se originan por silencio administrativo, un problema que se repite en todas las entidades públicas de Canarias, y a añadido que “a pesar de los requerimientos formales muchas administraciones siguen sin responder”, incluso después de una resolución favorable al reclamante.
Durante el encuentro se abordaron dos frentes abiertos que mantienen posiciones distintas entre el Comisionado y el Gobierno de Canarias.
El primero se refiere a las reclamaciones sobre las actas del Pevolca, respecto a las cuales ya existe una resolución anterior que ordena entregar su contenido, excluyendo las opiniones personales de los miembros del comité, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo.
El segundo punto afecta a una denuncia de Tierra Bonita por falta de publicidad activa de los beneficiarios de determinadas subvenciones gestionadas por la Consejería de Presidencia.
La comisionada explicó que esta institución resolvió que los nombres deben publicarse, criterio que el Gobierno de Canarias no comparte y que ha llevado a un recurso contencioso-administrativo.
García Leal ha insistido en que la discrepancia es “legítima” y ha subrayado la independencia entre instituciones, ya que considera que el conflicto “habla de la solidez del sistema, y serán los tribunales quienes decidan”.
El presidente de Tierra Bonita, Francisco Pulido, agradeció la convocatoria de la comisionada y afirmó que el colectivo acude “representando a los afectados por la erupción del volcán Tajogaite”.
Aseguró que la entidad no representa a la totalidad de los afectados, pero sí a un grupo que exige mayor transparencia.
Pulido ha mostrado especial preocupación por el recurso del Gobierno contra la resolución sobre publicidad activa, al considerar que las ayudas deben publicarse “de acuerdo con la ley”.
El presidente de Tierra Bonita ha lamentado “el reiterado silencio administrativo” de los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y El Paso, así como del Cabildo de La Palma, en solicitudes de información relacionadas con obras de reconstrucción.
El portavoz afirmó que la asociación está recibiendo inquietudes de afectados que perciben “agravios” en la gestión de compensaciones y en las tasaciones de daños, y reclamó mayor claridad sobre los criterios aplicados.
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