Autor: Redactor

Santa Cruz de Tenerife, 1 dic (EFE).

– La presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas y del Consejo Canario de Colegios Profesionales de Enfermería, Rita María Mendoza, ha propuesto la implantación escalonada del modelo de este colectivo en enfermería escolar en los centros educativos, que podría empezar por los municipios de menos de 6.

000 habitantes.

Serían necesarias 24 enfermeras con un coste estimado de 683.

000 euros para el próximo curso, según ha planteado Mendoza en la comisión de educación del Parlamento de Canarias, donde los portavoces de los grupos han valorado la propuesta y reiterado su apoyo a la enfermería escolar.

«Canarias debe apostar por un salto cualitativo y cuantitativo en la promoción de la salud escolar, con un enfoque preventivo y como apuesta de futuro hacia una sociedad más responsable con el cuidado y el autocuidado», ha defendido la representante del colegio de enfermería.

Frente a un enfoque asistencial de los servicios de salud escolar o el enfoque híbrido que ejerce el Gobierno de Canarias, Mendoza ha propuesto un enfoque preventivo, con la promoción de la salud y la educación sanitaria como prioritarias, en el que la asistencia es una parte secundaria u ocasional.

En los centros que optan por el enfoque asistencial se necesita la presencia continua, pero no necesariamente cuando predomina el modelo preventivo, ha defendido.

Aunque lo óptimo podría ser una enfermera a tiempo completo en cada centro educativo, eso exigiría en Canarias 770 enfermeras de forma permanente.

Pero frente a esa propuesta irrealizable, Mendoza ha propuesto la experiencia del Colegio de Enfermería de Las Palmas, que ha impulsado desde 2021 una alternativa basada en prevención y salud pública, distinta de los enfoques ligados a atención primaria.

Este modelo piloto alternativo, que se desarrolla en Gran Canaria y Lanzarote y está financiado por cabildos, algunos ayuntamientos y el propio Colegio de Enfermería, ha permitido el despliegue de cuatro enfermeras en Lanzarote y siete en Gran Canaria, que trabajan 25 horas semanales, atendiendo todos los centros asignados mediante programación.

Mientras en el modelo del Servicio Canario de la Salud (SCS) las enfermeras cubren 2,9 centros por profesional a jornada completa, las del Colegio de Enfermeras cubren 3,7 centros trabajando 25 horas.

El coste es de 1.

241 euros al mes por centro en el caso del SCS, mientras que la propuesta del Colegio de Enfermería supone 537 euros por centro, con una elevada valoración de familias y docentes por encima de ocho sobre diez.

«El éxito del programa genera un efecto llamada», de manera que numerosos centros solicitan formalmente su implantación, ha subrayado.

La propuesta de Mendoza es que este proyecto piloto sirva de base para la institucionalización y escalabilidad del modelo en toda Canarias, puesto que garantiza la sostenibilidad y universalización del servicio.

Mendoza admitió que extender este modelo no se puede hacer de un día para otro y que es un reto debido a la inversión necesaria, pero afirmó que «sería una medida con alta rentabilidad social, sanitaria y económica».

«Una población escolar más saludable será una población adulta más saludable, con menos demanda de atención sanitaria y el consiguiente ahorro para el sistema», ha argumentado, y ha pedido que el Gobierno de Canarias asuma este servicio directamente aprovechando la experiencia del Colegio.

Según el cálculo del Colegio de Enfermería de Las Palmas, el enfoque que plantean las profesionales tiene un coste-efectividad un 131% superior a otros planteamientos.

EFEacp/asd

Las Palmas de Gran Canaria, 1 dic (EFE).

– Un joven guineano de 20 años en situación irregular en España se enfrentará a una solicitud de condena de ocho años de prisión acusado de ser el patrón de una embarcación neumática que arribó a Gran Canaria con 50 inmigrantes africanos, en un juicio programado en la Audiencia de Las Palmas este viernes.

El encausado, en prisión preventiva desde el 20 de mayo de 2025, unas dos semanas después de tomar tierra en la isla, esta acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal relata que su llegada a Gran Canaria se produjo en la noche del 3 de mayo, después de que la neumática que supuestamente pilotaba, que había salido un día antes de las costas El Aaiún con 50 personas en su interior de origen magrebí y subsahariano, fuera interceptada por una embarcación de rescate de Salvamento Marítimo que transbordó a sus ocupantes y los llevó a tierra.

Y sostiene que el procesado, «de común acuerdo con terceras personas, tenía el propósito de llevar a todos los inmigrantes que viajaban en la embarcación a España, a sabiendas de que contravenía las normas sobre la entrada de extranjeros».

La Fiscalía destaca, además, los peligros de las condiciones en que llevó a cabo el viaje, puesto que «la embarcación utilizada carecía de cualquier sistema de seguridad, así como de chalecos salvavidas, para la realización de la travesía».

Y añade que «las condiciones de espacio, higiénico-sanitarias, víveres, de seguridad y la construcción de la referida embarcación, de unos 8 metros de eslora (.

.

.

) eran deficientes e insalubres, poniendo en peligro la vida e integridad de todos los pasajeros».

Por todo lo expuesto, el fiscal concluye que «procede imponer al encausado la pena de 8 años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena».

EFEcms/jmr

Santa Cruz de Tenerife, 1 dic (EFE).

– El administrador general de RTVC, César Toledo, ha garantizado este lunes que la dirección de los servicios informativos mantendrá el rango y la capacidad organizativa que ha tenido hasta ahora.

Toledo ha avanzado en comisión parlamentaria que esta semana presentará el nuevo organigrama de dirección del ente público, que estará integrado exclusivamente por personal de la casa, y que espera convocar a inicios de 2026 la dirección de informativos, la de producción, de técnica y de medios y contenidos.

También ha anunciado que este miércoles se reunirá con los representantes de los trabajadores para «escuchar sus demandas y reivindicaciones», y dos días más tarde retomará las negociaciones con el comité de empresa de la radio para intentar cerrar un acuerdo sobre el convenio colectivo antes de las Navidades.

Preguntado por la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández por los informes técnicos que sustentan la decisión de «relegar» a los servicios informativos a «un departamento más» en el organigrama del ente, ha dicho desconocer su existencia.

César Toledo ha recalcado que los informativos «no son un contenido más» ni «una dirección más», y ha añadido que en estos momentos tienen «el mismo rango y capacidad organizativa que han tenido siempre.

Nada ha cambiado, que yo sepa, y nada va a cambiar de lo que mí dependa como administrador general», ha aseverado.

Ha dedicado palabras de reconocimiento para las dos adjuntas a la dirección de informativos, tras la «inesperada renuncia» de Paco Luis Quintana, en unos momentos en los que «se cuestiona la independencia de nuestros medios públicos», y ha subrayado que «su profesionalidad y compromiso están fuera de toda duda».

El administrador general de RTVC ha asegurado que no pretende «transformar desde fuera» al ente público sino «ayudarlo a reconocerse internamente, a entender cómo se trabaja, a identificar qué hacemos bien y qué necesitamos reforzar».

Su objetivo, en definitiva, es «dejar el terreno preparado» para cuando se apruebe la Ley del sector audiovisual se tomen las decisiones «con facilidad», y mientras tanto que el ente «siga ejerciendo con independencia y rigor su función de servicio público en un ecosistema audiovisual globalizado y cada día más complejo».

Superar la fragmentaciónUno de los «propósitos fundamentales» de esta etapa «transitoria», ha dicho Toledo, será la ordenación de RTVC «con una visión global, superando la lógica fragmentada entre canales y departamentos».

Y es que RTVC «no puede funcionar como una suma de piezas» sino que precisa de un sistema de trabajo transversal, con protocolos compartidos, circuitos de producción conectados, complementarios».

«Ordenar consiste en ofrecer estabilidad, claridad y colaboración entre áreas que están demasiado aisladas.

Es importante clarificar responsabilidades en el equipo directivo, cosa que voy a hacer de cosa inmediata; conectar áreas y evitar que la tele, la radio y el entorno digital sigan trabajando como si fueran universos aislados», ha enumerado.

Otra de las prioridades que se marca es ahondar en contenidos que «conecten con naturalidad y autenticidad con el público», habida cuenta de que existe «una dispersión estética y narrativa entre programas, estilos y formatos», que no pretende «unificar ni uniformar» pero sí «dotarlos de personalidad narrativa enraizada con nuestro territorio insular y fragmentado».

Todo ello, ha ahondado, para transmitir «unos valores identitarios mucho más reconocibles y actuales», todo ello «con claridad, proximidad, rigor, diversidad y naturalidad».

«A canariedad, cohesión, cercanía e inmediatez no nos va a ganar nunca ningún medio ni ninguna plataforma», ha asegurado.

Renovación de los platósSu tercer gran objetivo es lanzar «un plan útil» que incluya una actualización de procesos y herramientas, y en este sentido ha anunciado una renovación de los platós para comienzos del próximo año; la formación continua y la especialización del personal; y el fortalecimiento del archivo audiovisual, entre otras medidas.

La diputada del PSOE Nira Fierro le ha recriminado al administrador general que no le haya contestado a la mayoría de preguntas que le ha formulado sobre el anteproyecto de ley del sector audiovisual, sobre la fusión de la tele y la radio o si mantendrá la reducción prevista de los informativos en la franja de la mañana.

También le ha cuestionado por la cobertura de las protestas de los trabajadores de la casa o por la posible externalización de los informativos, y ha tachado el plan de gestión presentado por Toledo como «el día de la marmota», pues se trata de «la planificación de la planificación».

Carmen Hernández (NC) ha incidido en que a estas alturas de legislatura al nuevo administrador general le queda poco margen para abordar «cambios estructurales», y ha dicho que se conformaría con que consiguiera «la paz laboral» en la RTVC.

José Alberto Díaz Estébanez (CC) ha tachado de «fake news» la supuesta pretensión del Gobierno de Canarias de privatizar los servicios informativos.

«No lo hemos dicho nunca ni lo pretendemos.

Nosotros creamos la tele y subrogamos a los trabajadores», ha esgrimido el diputado nacionalista, mientras su compañera Vidina Espino ha rememorado las «trampas» y las «manipulaciones» en la Televisión Canaria en la pasada legislatura.

Carlos Ester (PP) ha ironizado con el «espíritu de demócratas» de los diputados de la oposición y ha diferenciado «lo que pasa» en la RTVE, que está «bajo merced del Gobierno», y lo que sucede con la RTVC, donde «hay independencia y calidad informativa».

A César Toledo le ha pedido el diputado popular que «cuide al personal» y se siente a dialogar, algo fundamental para tener «una televisión plural, libre y de la que nos sintamos orgullosos».

Melodie Mendoza (ASG) ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un modelo «moderno, innovador y adaptado a los desafíos tecnológicos» y Javier Nieto (Vox) ha apoyado la necesidad de recortar el coste de tener unos medios públicos canarios, dado que «los contribuyentes están al límite de sus posibilidades».

EFEjmor/asd(foto)

Santa Cruz De Tenerife, 1 dic (EFE).

– La mesa de la comisión de investigación de la compra de material sanitario durante la pandemia en el Parlamento de Canarias ha pedido a la Mesa del Parlamento la prórroga de los trabajos hasta el 31 de marzo de 2026, a la par que estudiarán la petición del grupo Popular sobre una nueva comparecencia del expresidente canario Ángel Víctor Torres.

El pasado viernes 28 de noviembre, la mesa que preside el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, solicitó así una modificación del calendario de sesiones para celebrar una reunión de la comisión el día 15 de diciembre al objeto de valorar la modificación del plan de trabajo en relación con la solicitud del PP de comparecencia de Angel Víctor Torres.

El pasado 19 de noviembre, el PP anunció que pediría reabrir la comisión para que Torres aclare su papel en el pago de 17 millones de euros a empresas vinculadas con la trama del ‘caso Koldo’.

Asimismo, la mesa de la comisión también ha solicitado que se habilite el mes de enero para celebrar comisiones o reuniones de la ponencia, si fuera necesario.

Se trata de la cuarta ampliación del plazo de elaboración del dictamen, cuyo borrador, redactado por el presidente, fue conocido por los medios de comunicación el pasado octubre, cuando se envió al resto de grupos, hecho que provocó las críticas del grupo Socialista, que llegó a pedir la dimisión de Acosta por lo sucedido.

En el caso de las dos primeras peticiones de ampliación, el motivo era la presencia en comisión de más comparecientes, mientras que la tercera y esta cuarta se ha solicitado para la redacción del dictamen, que debe ser elaborado de manera conjunta por los miembros de la mesa y los grupos políticos.

En ese borrador, Acosta llega a la conclusión de que la responsabilidad política de lo sucedido no quedó saldada con la destitución como director del Servicio Canario de la Salud de Conrado Domínguez.

En el texto, Acosta se refiere al Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias, que era un instrumento informal de consulta y asesoramiento, cuyas actuaciones no tenían efectos jurídicos ante terceros ni son preceptivos aunque a su coordinador (Conrado Domínguez) se le dio capacidad de gestionar contratos, un proceder, añade, «irregular a todas luces».

En el borrador se comenta que si los miembros del Gobierno de Canarias se felicitaron por el resultado de las decisiones adoptadas por el comité de gestión, «hasta el punto de que se ha achacado los buenos resultados pandémicos a su funcionamiento, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó».

La comisión de investigación para depurar responsabilidades por el caso Mascarillas se constituyó el pasado 20 de mayo de 2024 a petición del Grupo Nacionalista Canario (Coalición Canaria), el Partido Popular (PP) y Vox, con un plan de trabajo inicial de seis meses para la elaboración de un dictamen.

EFEcmg/spf

Santa Cruz De Tenerife, 1 dic (EFE).

– El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna (ULL) ha avalado la creación de CardioBeat SL, una empresa emergente que tiene como objetivo mejorar la enseñanza de la auscultación cardíaca y facilitar la identificación de sonidos cardíacos anómalos mediante herramientas digitales avanzadas.

CardioBeat ha sido impulsada por el investigador y profesor del área de Cardiología Alberto Domínguez y nace como una iniciativa tecnológica que combina medicina, innovación y desarrollo digital, según ha indicado este lunes la Universidad de La Laguna.

Se trata de una plataforma web interactiva diseñada para entrenar técnicas de auscultación mediante la simulación de escenarios clínicos reales, con módulos adaptativos, pruebas y certificaciones que contribuyen a una mayor precisión diagnóstica en estudiantes y profesionales de la medicina.

A diferencia de otras herramientas, CardioBeat utiliza sonidos cardíacos reales, tanto normales como patológicos, en lugar de simulaciones sintéticas, lo que permite una experiencia de aprendizaje más realista y clínicamente precisa.

El sistema guía al usuario a través de los puntos anatómicos de auscultación, incorpora material visual educativo y ofrece retroalimentación personalizada.

Su aplicación en programas formativos ha demostrado mejorar la confianza del usuario y potenciar su capacidad diagnóstica ante distintas patologías cardíacas, añade el centro académico.

El proyecto CardioBeat SL surgió del Programa Tekne, con la colaboración del centro de la Red CIDE en la Fundación General de la Universidad de La Laguna, y la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la institución académica ha continuado el proceso de valorización técnica y búsqueda de alianzas tecnológicas.

En relación con la creación de esta nueva empresa al amparo de la Universidad, el vicerrector de Investigación y Transferencia, Antonio Aparicio, destaca que la transferencia del conocimiento es un pilar fundamental, al tiempo que ha expresado su compromiso con el impulso a la creación y desarrollo de empresas innovadoras basadas en la investigación y el conocimiento.

Aunque inicialmente fue concebida como una solución educativa, la nueva empresa emergente de la Universidad de La Laguna está evolucionando hacia el desarrollo de un sistema clínico asistido por inteligencia artificial destinado al análisis de sonidos cardíacos en entornos asistenciales.

Este sistema busca identificar patrones acústicos sutiles y compararlos con bases de datos validadas clínicamente con el objetivo de adaptar la herramienta a las necesidades reales de la práctica médica y formativa.

Esta evolución contribuirá a objetivar la evaluación clínica, aportar mayor fiabilidad al diagnóstico médico y reforzar la toma de decisiones de los profesionales sanitarios.

Además, CardioBeat se encuentra entre las cinco empresas canarias seleccionadas en los Reconocimientos Top 101 Spain Up Nation 2025, que distinguen con el Sello Top 101 Spain Up Nation a las empresas más innovadoras y con un mayor impacto dentro del ecosistema emprendedor nacional y concedidos por la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR) y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

El objetivo actual de la startup CardioBeat es que entre los clientes de esta nueva empresa formativa se encuentren no sólo las universidades y centros de enseñanza médica, sino también centros y hospitales interesados en mejorar sus metodologías de diagnóstico, así como institutos de investigación médica y tecnológica que quieran utilizar la base de datos para estudios clínicos y el desarrollo de nuevas tecnologías.

EFEasd/brr

Santa Cruz de La Palma, 1 dic (EFE).

– La parlamentaria regional del PSOE Alicia Vanoostende ha expresado este lunes su confianza en que el Partido Popular y Coalición Canaria respalden en el Congreso de Los Diputados la convalidación del real decreto ley que prorroga en 2025 la deducción del 60 % en el IRPF para los residentes en La Palma y habilita 100 millones de euros en ayudas.

El decreto también amplía la suspensión de pagos de créditos e hipotecas para agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte inscritos en el Registro de personas afectadas.

Vanoostende ha recordado que desde el PP se ha asegurado que apoyarán cualquier norma centrada exclusivamente en medidas para la isla, por lo que en el PSOE “esperamos que cumplan su palabra”.

La diputada ha criticado, no obstante, “la disparidad de mensajes dentro de Coalición Canaria”, después de que “el presidente Fernando Clavijo valorara el decreto de forma favorable mientras dirigentes insulares lo cuestionaban”.

Vanoostende ha reiterado que las medidas aprobadas permitirán avanzar en la recuperación del sector agrario, gracias tanto a la moratoria de préstamos como a la disponibilidad de fondos para indemnizaciones y proyectos de reconstrucción,por lo que considera que “se ha cumplido con La Palma”.

EFElgm/spf1012035

Las Palmas de Gran Canaria, 1 dic (EFE).

– El consejero Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido este lunes que el sector privado y los bancos son necesarios para resolver la emergencia habitacional en el archipiélago.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones a los medios durante la inauguración del I Congreso de Vivienda en Canarias y ante las críticas del colectivo social Derecho al Techo de que en el evento participen entidades bancarias como Caixabank o constructoras como Satocan o Acosta Matos.

En esta línea ha destacado que los «fondos públicos llegan a donde no llega o donde el sector privado no puede dar respuesta» por lo que el programa contará también con administraciones públicas, universidades, expertos y asociaciones que «buscan dar respuesta a las personas sin hogar».

«La respuesta no va a venir exclusivamente de la banca ni del sector privado pero tampoco es exclusivamente del sector público» ya que «debe ser una respuesta colectiva y eso es lo que busca este congreso», ha manifestado.

Sobre si el Gobierno da por perdidas para el alquiler tradicional las 70.

000 viviendas que se han pasado al vacacional en los últimos dos años, el consejero ha explicado que ya están en marcha dos medidas para recuperar parte de estas viviendas, que se han destinado a otros sectores «por mayor seguridad jurídica o por mayor rentabilidad» .

Por un lado, ha subrayado que el Gobierno de Canarias apuesta por «regular el alquiler vacacional, que ya se ha hecho con una ley que ha aprobado recientemente en el Parlamento de Canarias y que limita el número de viviendas vacacionales en cada uno de los municipios hasta un máximo de un 10 %».

Por otro lado, ha señalado que la segunda medida consiste en «ser lo suficientemente capaces de seducir al sector y al propietario de la vivienda que vuelva al mercado de alquiler».

En este sentido, ha detallado que «la mayoría del parque de vivienda privado de Canarias está en manos de pequeños propietarios, no de grandes tenedores» por lo que el propósito es «darles seguridad jurídica a esos propietarios para que vuelvan a poner sus viviendas en el mercado».

Para este fin, ha dicho, se han incluido en el presupuesto «deducciones fiscales para que en su declaración de la renta se puedan deducir hasta 1.

200 euros» y se están «explorando nuevas funciones fiscales» para que «las viviendas que se han ido del alquiler tradicional vuelvan».

A su juicio, esta mediad es necesaria «porque la alternativa, que se les prohíba el alquiler vacacional, es que las puedan dejar cerradas» y para que una vivienda esté cerrada «mejor que esté en manos de una familia que la necesita».

Rodríguez ha indicado que se trata del «principal problema de las canarias y los canarios, de las familias, que no solo afecta a los más vulnerables o a los más jóvenes que nos afecta al conjunto de la población de manera transversal».

Y ha asegurado que es una «prioridad» para el Gobierno canario, que ha movilizado «más herramientas e instrumentos que nunca antes en la historia» y que «en el presupuesto para el año próximo supera los 200 millones de euros».

El consejero ha indicado que en construcción de vivienda pública se han destinado más de 300 millones de euros en estos dos años, que van a permitir «incrementar el parque público de vivienda» siguiendo un camino que «no es sencillo», porque «la respuesta a la emergencia habitacional no es a través de un milagro y tampoco a través de una medida que sea de hoy para mañana» ya que es «un problema estructural y que requiere medidas que se consoliden en el tiempo».

EFE1011668lbl/mrgz(foto)

Las Palmas de Gran Canaria, 1 dic (EFE).

– Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Gran Canaria ha criticado este lunes que el gobierno de la institución insular (NC-PSOE) destine «únicamente» el 0,5 % de sus presupuestos para 2026 a Educación y Juventud, una situación que ha calificado de «muy grave» y que «da de lado» a los jóvenes.

La consejera portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, ha indicado en un comunicado que, mientras esta institución destina 6 millones de euros a Educación y Juventud, la de Tenerife invierte solo en becas 14 millones de euros, más del doble del presupuesto total de la consejería en Gran Canaria.

Cabrera ha denunciado que el Gobierno insular le de «la misma importancia» a los jóvenes que al «Jardín Canario, que cuenta con casi 5 millones y medio de presupuesto» así como que se «escuden en la falta de competencias para actuar» algo que, no obstante, ha dicho, «no les limita cuando algo realmente les importa».

«Lo que queda patente es que el Cabildo de Tenerife lucha por los jóvenes tinerfeños y el Cabildo de Gran Canaria le da la espalda a los jóvenes grancanarios», ha aseverado.

La portavoz de CC ha indicado que «el abandono de los jóvenes por parte de la consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria es reiterado» al recordar que en el pleno de noviembre votaron en contra de establecer una línea de becas para alumnado con Necesidades Educativas Especiales destinada a compensar los gastos adicionales que deben hacer frente las personas beneficiarias y sus familias generadas por la situación de discapacidad acreditada.

EFEmrgz/spf