MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) –
El PSOE facilitará al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno todos los pagos en efectivo que le solicita, los efectuados entre los años 2017 y 2024, después de que este reiterase que quiere la totalidad de los mismos, no solamente los que afectan a los implicados en el llamado caso Koldo.
El PSOE respeta la decisión del juez y atenderá con total normalidad la solicitud presentada. Forma parte del procedimiento y, como siempre, colaboraremos con la Justicia, indican los socialistas en un comunicado.
Ferraz responde así al último auto del juez Moreno, que se ha hecho público este mismo miércoles, en el que advierte al PSOE que su petición inicial es suficientemente clara y reitera que quiere todos los pagos en metálico realizados por el partido en las fechas mencionadas.
Con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios junto con los documentos justificativos que soporten dichos pagos, señala el instructor del caso Koldo en un auto recogido por Europa Press.
A continuación el PSOE ha asegurado que entregará toda la información que se requiera en el proceso judicial. La transparencia no solo se anuncia, se practica, añaden.
Finalmente reiteran que las cuentas del PSOE están fiscalizadas y auditadas por el Tribunal de Cuentas y por auditorías externas encargadas por el propio PSOE.
En esta línea, fuentes socialistas añaden que siempre han colaborado con la Justicia y niegan que esta petición del juez les haga pensar en la apertura de una causa contra el PSOE.
En la víspera, el presidente y secretario general, Pedro Sánchez, dijo tener la certeza de que el PSOE no se había financiado ilegalmente y afirmó que las causas judiciales en marcha, que investigan a los dos últimos secretario de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, no apuntan a financiación irregular en el partido.
La semana pasada el PSOE pidió al juez que aclarase si debe entregarle el listado y los justificantes de todos los pagos realizados en metálico durante esos siete años, algo que para los socialistas sería excesivo porque, según advertían podía acabar en manos de sus adversarios políticos. O solo los realizados a personas investigadas en la causa, lo que consideran más razonable.
