Autor: Redactor

  • Decenas de médicos se concentran en una huelga que afirman secunda el 60 % en Canarias

    Las Palmas de Gran Canaria, 9 dic (EFE).

    – Decenas de médicos del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria se han concentrado este martes a las puertas del centro para expresar su rechazo al anteproyecto de Ley del Personal del Sistema de Salud, en un día de huelga que sostienen ha secundado el 60 % de los doctores públicos de Canarias.

    Y ello a pesar de los servicios mínimos fijados por la Administración, que consideran «abusivos» y que aseguran que se han redoblado por «la interpretación arbitraria» que en varios departamentos se ha hecho de ellos, según el presidente del Sindicato Médico de Canarias, Eric Álvarez.

    Al frente de la movilización desarrollada a las puertas del Doctor Negrín, entre pancartas con lemas demandando ‘Estatuto propio ya’ para los doctores o sentenciando ‘Sin médicos no hay sanidad’, ‘La sanidad pública en peligro’, Álvarez ha afirmado que ha habido lugares en que se ha hecho trabajar a más personal del que correspondía.

    Como prueba de ello, ha citado que, «por ejemplo, en los centros de Atención Primaria no estaban incluidos los pediatras entre los servicios mínimos y se les ha obligado a prestar servicio por orden de sus gerentes».

    Eric Álvarez ha enmarcado esa vulneración de sus derechos que, a su juicio, ha cometido en un contexto en el que, según los convocantes de este paro de ámbito nacional, «los médicos trabajan en unas condiciones que no son las adecuadas, ni para ellos ni para responder a la demanda real de asistencia sanitaria de la población».

    Ya que «las plantillas en el Sistema Nacional de Salud son insuficientes» para el volumen real de necesidades de atención de la ciudadanía, y a ello hay que sumar que cuando se negocian las condiciones laborales de los médicos se hace sin atender a las especificidades de su labor, opina el Sindicato Médico.

    Por esa razón, están en contra del anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud elaborada por el Gobierno para renovar la normativa que regula la situación de los profesionales de la sanidad pública.

    Puesto que, si bien comparten el parecer de que es preciso actualizar la normativa vigente, «que data de 25 años atrás y está completamente obsoleta», rechazan que siga siendo general para todo el personal sanitario, reivindicando en su lugar un estatuto marco de regulación aparte para los profesionales de la medicina.

    «Pedimos un marco propio de negociación, que seamos los médicos los que negociamos nuestras condiciones, porque realmente tenemos peculiaridades respecto al resto», ha expuesto, planteando que, «por ejemplo, los médicos somos los que, por excelencia, hacemos guardias» y otros colectivos de la sanidad pública no.

    En tienen, por ello, que «o puede ser que otros colectivos regulen cómo son, cómo tenemos que hacer las guardias», ya que «sería como pedirle al que reposta los aviones, aunque su trabajo es fundamental, que sea él quien regule cómo tienen que hacer su trabajo los pilotos».

    El portavoz de este colectivo ha agregado que ese es solo uno de los asuntos que exigen poder acordar por su cuenta con la Administración los doctores de toda España que prestan servicio en el sector público.

    Y ha advertido de que muchos están acabando por abandonar la sanidad pública para ir a trabajar a la privada, a consecuencia «del hartazgo del colectivo respecto a sus condiciones laborales, contractuales y retributivas, de forma global».

    EFEcms/jmr(foto)

  • Un hombre que intentó matar a su vecino en Gáldar acepta una condena de 5 años de cárcel

    (Corrige de la GC2019 el día de la semana al haber puesto por error lunes en lugar de martes)Las Palmas de Gran Canaria, 9 dic (EFE).

    – Un hombre que intentó matar a su vecino en el municipio grancanario de Gáldar al asestarle, al menos, siete puñaladas, ha admitido este martes los hechos ante la Audiencia de Las Palmas y ha aceptado una pena de cinco años de cárcel frente a los nueve años que se le pedían inicialmente.

    El procesado, K.

    M.

    , ha reconocido que cometió un delito de intento de homicidio el pasado 25 noviembre de 2023, tras llegar su abogada, Francisca Blanco, y la fiscal Paula Velasco a un acuerdo en el que se mantiene la indemnización solicitada por la acusación pública para la víctima, J.

    A.

    Q.

    G.

    : un total de 18.

    085 euros por las lesiones y secuelas sufridas.

    El presidente del tribunal, Emilio Moya, ha informado de que la sala dictará la sentencia conforme a lo acordado por las partes.

    En relación a la petición inicial de que el procesado sea expulsado de España, ya que se trata de un ciudadano de Marruecos, se valorará durante la ejecución de sentencia, según ha indicado la fiscal tras el acuerdo alcanzado.

    K.

    M.

    no podrá aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, así como a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella ni comunicarse por cualquier medio durante 15 años.

    Según los hechos que han sido admitidos, ese día K.

    M.

    se acercó a la vivienda de su vecino y cuando este bajó a la vía púbica tras llamarle, le propinó las puñaladas en la cara, cuello, brazo y la parte izquierda del pecho con los dos cuchillos que llevaba, uno de unos 9,5 centímetros de longitud y otro de cocina de una hoja de 21 centímetros.

    EFEcda/jmr

  • Alegría dice que su reunión con Salazar en un restaurante «fue un error» y afirma sentirse traicionada

    Alegría dice que su reunión con Salazar en un restaurante «fue un error» y afirma sentirse traicionada

    MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) –

    La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que la reunión que mantuvo con el excargo de Moncloa y del PSOE Francisco Salazar fue un error y no se tenía que haber producido toda vez que se llevó a cabo después de que varias mujeres presentasen denuncias internas por presunto acoso sexual.

    Alegría fue fotografiada a principios del mes de noviembre comiendo en un restaurante del centro de Madrid junto a Salazar y en ese momento defendió que se trató de un encuentro ceñido estrictamente al ámbito privado.

    Sin embargo, después de que el caso haya escalado en las últimas semanas, ha señalado que esa reunión fue una equivocación. Él me llamó y yo acudí, no se tenía que haber producido y fue un error, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

    A renglón seguido ha asegurado sentir dolor, indignación y traición aunque ha dejado claro que este no es similar ni comparable al que pueden sentir las víctimas. Es a ellas a quien hay que acompañar, cuidar y ayudar.

    Además, ha dejado claro que la investigación abierta en el PSOE, basada en testimonios anónimos de dos mujeres que trabajaron a las órdenes de Salazar en Moncloa, debe llevarse hasta el final de sus consecuencias.

  • Extremadura recurre el decreto de Universidades, que «endurece» los criterios de implantación de estos centros

    Extremadura recurre el decreto de Universidades, que «endurece» los criterios de implantación de estos centros

    MÉRIDA 9 Dic. (EUROPA PRESS) –

    La comunidad autónoma de Extremadura presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de Universidades del Gobierno central, que endurece los criterios de implantación de estos centros educativos.

    La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha informado de esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha mostrado convencida de que el mismo va a prosperar.

    La interposición de este recurso contra el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión de este martes por introducir cambios en materia universitaria que afectan directamente a las competencias de las comunidades en este ámbito.

    Desde la Junta de Extremadura no estamos de acuerdo ni con el procedimiento que se ha seguido ni con el contenido de la norma, ha aseverado Manzano.

    Así, ha criticado que dicho decreto se haya tramitado por el trámite de urgencia sin necesidad alguna de llevarlo a efecto y no se hayan atendido ninguna de las alegaciones formuladas por las comunidades autónomas, que son las que conocen, las que gestionan y las que tienen las competencias en materia universitaria.

    Con esta modificación, se supone que es para incrementar la calidad de las instituciones universitarias, pero las modificaciones van a provocar justo lo contrario, la limitación de su implantación y no van a conseguir nada de lo que pretenden, ha recalcado.

    DEFIENDE QUE HAY UNA EXTRALIMITACIÓN MUY CLARA DE COMPETENCIAS

    A preguntas de los medios, Manzano ha criticado que las condiciones para la implementación de universidades en España se endurecen por la visión sectaria del Gobierno central de cara a limitar su implantación, lo que afectaría a Extremadura tanto por el número de alumnos que exige para la posible implantación de estas universidades que es muy elevado, supera los 4.000, como también para el número de doctores que tienen que estar al frente de las mismas.

    De este modo, en el recurso se solicita, entre otros aspectos, la eliminación de la obligación de la obtención previa del informe favorable del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria para la creación, adquisición y adquisición de facultades, escuelas y centros por las universidades de las comunidades autónomas.

    Si nosotros somos los competentes en esta materia, ¿por qué tenemos que recabar esa información, ese informe favorable, esa documentación de órganos externos, cuando, además existen otras instituciones como la ANECA que velan porque esos grados tengan el nivel de calidad que exigen?, se ha preguntado.

    Hay una extralimitación competencial muy clara de ese decreto en la autonomía de nuestra comunidad autónoma, en la competencia de nuestra comunidad autónoma, a la hora de regular esta materia, y nosotros iniciamos este trámite judicial y esperamos que se resuelva, por supuesto, a favor de nuestra región, ha señalado.

  • El Gobierno pasa a prealerta la situación por contaminación marina en Telde

    Santa Cruz De Tenerife, 9 dic (EFE).

    – El Gobierno canario ha rebajado este martes a prealerta la situación por contaminación marina en el litoral de Telde tras comprobar con helicópteros que monitorizan la situación y con técnicos del Gobierno que ya no se producen emisiones procedentes de la piscifactoría donde se originó el problema.

    Es lo que ha anunciado durante el pleno del Parlamento de Canarias el consejero del Política Territorial y Aguas, Manuel Miranda, que ha explicado que la decisión se ha tomado tras una reunión esta mañana del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), que hace más de una semana limitó la alerta al ámbito territorial de Telde, pese a que en un principio incluía también a Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

    El consejero ha reconocido que lo ocurrido, cuyo origen es la muerte y descomposición de miles lubinas de una piscifactoría frente al litoral de Telde, es una catástrofe natural y que en lo que trabajan es en dirimir si las causas proceden de un vertido que llegó a las jaulas de los peces, o si la situación se generó en la propia granja.

    Respecto a la reapertura de las cinco playas de Telde cerradas, Manuel Miranda ha recordado que esa decisión corresponde al Ayuntamiento en base a la información disponible, pero que en cualquier caso la situación actualmente no invita a que eso ocurra.

    «Sabemos que no hay emisiones desde las piscifactorías, no sigue saliendo ningún contaminante pero si seguimos las recomendaciones de salud pública, es cierto que no hay contaminación por la bacteria e.

    coli pero sí manchas que podrían generar algún tipo de patología», ha explicado el consejero, que ha avanzado que ha sido la propia empresa de la piscifactoría quien ha presentado la denuncia ante la Fiscalía.

    Se ha comprometido asimismo a dilucidar el origen, que está siendo investigado por la unidad del Seprona de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente, y ha aseverado que, si procede, habrá expedientes sancionadores en cuanto se sepa el origen, tanto si es consecuencia del vertido de un tercero o responsabilidad de la piscifactoria, pues se ha generado, ha dicho, un perjuicio importante.

    Miranda respondía a preguntas formuladas por la diputada del PSOE Alicia Vanoostende y a la del Partido Popular Sonsoles Martín.

    La representante socialista ha demandado una mayor transparencia y tener en cuenta las repercusiones económicas en actividades como el turismo y la hostelería, así como la necesidad de conocer la causa y los responsables.

    «Quien contamina, paga», ha insistido Vanoostende, que ha trasladado al consejero la exigencia de los vecinos de tener acceso a los informes de análisis del agua, por ejemplo, o de que se trasladen al lugar, además de los técnicos, representantes políticos como el propio consejero o el presidente de Canarias pues se trata, ha concluido, de una de las peores catástrofes en la costa de los últimos veinte años.

    En su intervención, la diputada del PP Sonsoles Martín, vecina de la zona afectada, ha dicho que la situación es «desagradable» y que están molestos por la gestión del cierre de las playas o el desconocimiento respecto al origen.

    «Lo que demanda la ciudadanía es claridad, que se asuman responsabilidades y que se establezcan controles para que esto no se repita», ha finalizado.

    EFEcmg/spf

  • Plan para erradicar el amianto de unos 30 centros educativos de Canarias antes de 2027

    Santa Cruz De Tenerife, 9 dic (EFE).

    – La Consejería de Educación continúa aplicando el plan para retirar amianto de la treintena de centros educativos de Canarias en los que se ha detectado este material, que deberá estar erradicado completamente en 2027 y para lo que se lleva a cabo una inversión de 2 millones de euros.

    Sobre la evolución del plan de choque para la retirada de amianto de los centros educativos de Canarias se ha interesado este martes el diputado nacionalista Francisco Linares, quien ha recordado que este material no es peligroso si no se toca.

    Ha recordado que la prohibición de utilizar amianto en la construcción entró en vigor el 1 de enero de 2023, y pueden contener este material los centros educativos edificados entre las décadas de los 70 al 90 del pasado siglo.

    El consejero de Educación, Poli Suárez, ha precisado que se efectúa una selección de centros por su fecha de construcción para evaluar la presencia de amianto y se interviene en donde se confirma su existencia, al tiempo que en algunos municipios también se actúa en convenio con los ayuntamientos.

    EFEasd/spf

  • A licitación por 467.000 euros la obra del Centro de Atención Especializada de La Lajita

    Las Palmas de Gran Canaria, 9 dic (EFE).

    – La Consejería regional de Sanidad ha sacadoo a licitación el proyecto de construcción del Centro de Atención a las Especialidades (CAE) de La Lajita, al sur de Fuerteventura, por 467.

    200,97 euros, más IGIC, unas obras que se pretende que comiencen «con la mayor inmediatez posible».

    Este nuevo recurso asistencial dará respuesta a una demanda histórica de la población de Fuerteventura y responde a la estrategia del Servicio Canario de la Salud de acercar los recursos sanitarios de atención especializada a la población de la zona básica de salud del sur de la isla, destaca este martes la Consejería en un comunicado.

    La licitación se ha realizado por procedimiento abierto ordinario, para su posterior revisión y aprobación, y ha sido posible tras finalizar el expediente de cesión gratuita de la parcela por parte del Ayuntamiento de Pájara y el levantamiento topográfico del terreno.

    El contrato incluye los servicios de arquitectura, ingeniería, planificación urbana y paisajismo, así como otros servicios conexos de consultoría de ciencia y tecnología y de ensayos y análisis técnicos.

    Según el plan funcional ya aprobado, el CAE de La Lajita contará con una superficie mínima construida de 16.

    000 metros cuadrados, lo que lo convertirá en un centro ambicioso, diseñado para responder a las necesidades actuales y futuras de la población y con una cartera de servicios amplia para acercar los servicios sanitarios especializados a los residentes del sur de la isla.

    Estará dotado con un área de consultas externas y pruebas funcionales e incluirá veintidós consultas de especialidades médicas, once consultas de enfermería y matrona y cinco salas de curas.

    También dispondrá de unidades como la de Salud Mental, Atención Temprana, Rehabilitación o Tratamiento del Dolor, y contará con el servicio de hospitalización a domicilio (HADO).

    El CAE tendrá hospital de día general, unidad de hemodiálisis, cirugía ambulatoria, diagnóstico por imagen, laboratorio y banco de sangre, detalla la nota.

    EFEpcr

  • Gobierno canario reconoce que cartas de Visocan a inquilinos de Añaza «no son de recibo»

    Santa Cruz de Tenerife, 9 dic (EFE).

    – El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reconocido que las cartas enviadas por la empresa pública de vivienda Visocan a los vecinos de las llamadas 358 viviendas de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, «no son de recibo» y son «absolutamente desagradables», por lo que ha dado instrucciones para que se hagan los cambios necesarios.

    La situación fue denunciada en el pleno del Parlamento por la diputada del PSOE Patricia Hernández, quien relató la situación de dolor e incertidumbre que sufren las familias que viven en esas viviendas públicas de Añaza por las cartas que reciben de Visocan en las que se les da unos meses para ponerse al día de sus deudas y que «si no lo hacen, que se vayan».

    A los inquilinos se les dice que les fraccionan la deuda en unas cuantías «inasumibles para personas que cobran 1,5 veces el IPREM» y recordó al consejero que hace dos años ya se había comprometido a regularizar su situación, lo cual «no ha sucedido».

    «Usted se comprometió a que aquellas personas que llevaran más de una década viviendo en esa situación, sin título habilitante, tendrían un análisis de su situación para regularizarla, pero nada de esto ha sucedido», insistió la diputada del PSOE.

    «Hay gente que está pidiendo un préstamo» para hacer frente a esa deuda y se lo deniegan, «y mientras usted no analiza la carga de lo que pueden pagar, hace oídos sordos», denunció Patricia Hernández.

    Pablo Rodríguez admitió que «las cartas no son de recibo» y defendió que la empresa tiene que «mejorar la comunicación con los vecinos y no hacerla a través de cartas que pueden ser absolutamente desagradables».

    «Hemos dado instrucciones para que se hagan los cambios necesarios», aseguró, y apuntó que también se mejorará la coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

    Pablo Rodríguez respondió que la situación en las 358 viviendas no es homogénea y hay «una casuística inmensa entre quienes viven en esas viviendas públicas gestionadas por Visocan».

    La mayoría de las situaciones se han regularizado gracias al trabajo de la empresa Visocan y al compromiso del vecindario, afirmó el consejero.

    Destacó también que en este año se han destinado 600.

    000 euros en «dignificar las viviendas» y otros 130.

    000 euros a través de una ONG para el acompañamiento social.

    EFEacp/cmg

  • El Cabildo grancanario pagará la mutualidad de los menores de 16 años federados

    Las Palmas de Gran Canaria, 9 dic (EFE).

    – El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, ha informado de que, de cara a 2026, la administración abonará la mutualidad de todos los menores de 16 años federados en Gran Canaria, más de 39.

    000, con un pago máximo de 40 euros por cada licencia.

    En un desayuno informativo ofrecido este martes, el máximo responsable del Instituto Insular de Deportes (IID) ha respaldado la medida para “ayudar y subvencionar” a las familias al igual que se hace con todo el ecosistema deportivo de la isla de Gran Canaria: “Era la parte que nos faltaba”.

    Romero ha asegurado que se toman “muy en serio” las políticas públicas deportivas y ha anunciado un nuevo “vertical sobre el que cimentar la acción del IID” para acompañar a las personas que practican deportes sin licencia federativa, que ha cifrado en más del 80 por ciento.

    El consejero de Deportes ha resaltado que su departamento, que contará en 2026 con un presupuesto histórico de 63,8 millones de euros, ofrece “políticas de discriminación positiva” para municipios más pequeños, con las que ayudan a los clubes para que sus jóvenes “no vuelen a ciudades más grandes y clubes con más estructuras”.

    “Por cada niño pagamos 120 euros a cada club en los municipios de menos de 25.

    000 habitantes y 100 euros en los más grandes, mientras que por cada niña es 140 en los municipios pequeños y 120 en los de superior tamaño”, ha abundado.

    Tras analizar el 2025, Aridany Romero ha dicho que inicia un año 2026 “vertiginoso” para los proyectos de los próximos “cuatro o cinco años”, en especial con las inversiones para mejorar y modernizar las instalaciones propias del Cabildo, como son el Estadio de Gran Canaria, el Centro Insular de Deportes, la Ciudad Deportiva de Gran Canaria o la zona deportiva de El Garañón.

    Romero, que ha admitido que en este mandato “toca poner al día nuestras instalaciones”, ha defendido que “no hay institución en Canarias que invierta más en deporte que el Cabildo de Gran Canaria”, una afirmación sobre la que su presidente, Antonio Morales, ha recalcado que la inversión y el impulso al deporte se ha hecho “como nunca en la historia”.

    Morales ha destacado que los diez de gobiernos de progreso han permitido dar continuidad a un modelo de isla que otorga al deporte “una acción transversal” al ser un fenómeno capaz de “cohesionar la isla” y transmitir valores “indispensables”: “El Cabildo es el dinamizador del mundo del deporte en Gran Canaria”.

    El presidente insular ha enumerado los logros de su administración, entre los que ha resaltado la promoción del deporte base, el sustento del deporte de élite, la generación de infraestructuras y equipamiento “de vanguardia”, el impulso de los deportes autóctonos o la atracción de “grandes estrellas”, con el ejemplo de Tadej Pogaçar, para mostrar a Gran Canaria como destino.

    En cifras económicas, Morales ha asegurado que el deporte en Gran Canaria tiene un impacto directo de mil millones de euros en el Producto Interior Bruto (PIB) de la isla, mientras que en el global, sumando impactos indirectos e inducidos, aumenta hasta los 2.

    200 millones de euros.

    Sobre La Vuelta a España, Aridany Romero ha informado que Gran Canaria tampoco participará en 2027 porque “ya está cerrada”, pero ha emplazado las conversaciones con la organización para la edición de 2028.

    El consejero ha vuelto a refrendar la decisión de no permitir la celebración de la Vuelta en Gran Canaria si mediaba de por medio el antiguo equipo Israel Tech porque “un evento deportivo deja de ser neutral cuando se utiliza para ‘sportwashing’ (usar el reporte para mejorar una reputación dañada)».

    También ha negado que estén en conversaciones con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para acoger un partido de la Selección Española masculina, si bien ha dicho que están “dispuestos” a conversar si la RFEF y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) así lo desean.

    EFE1012208phd/cda(foto)

  • El Cabildo advierte a la UD Las Palmas que no cree beneficiosa la explotación del Estadio

    Las Palmas de Gran Canaria, 9 dic (EFE).

    – El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, ha advertido este martes a la UD Las Palmas de que no cree que poseer la concesión de explotación del Estadio insular “le sea beneficioso” porque tendrían que establecerse unos cánones “muy importantes”.

    No obstante, ha resaltado que “todavía no están en el análisis de explotación” del Estadio de Gran Canaria, sino que están centrados en finalizar las obras en julio de 2029, aunque también ha apostillado que la fórmula “óptima” de administrar recursos públicos es “hacerlo desde lo público”.

    En este sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha recordado que no pueden “primar unos intereses sobre otros” y ha apelado a seguir gestionando públicamente el nuevo Estadio de Gran Canaria a través de un método “transparente y abierto a la participación”.

    Sobre las obras del Estadio de Gran Canaria, Romero ha asegurado que las demoliciones comenzaron el lunes pasado, “aunque no sean visibles”, y ha recordado que el 19 de diciembre recibirán el proyecto de ejecución material de L35 Arquitectos, despacho encargado de modelar la reforma del recinto.

    Siguiendo los plazos, está previsto que, “si no hay vicisitudes”, antes de junio se adjudiquen las obras y se empiecen a ver los primeros cambios de la transformación del Gran Canaria de cara al Mundial de Fútbol 2030.

    “Queremos que sea un Estadio de Gran Canaria sostenible, que sea un emplazamiento donde los 365 días del año se genere actividad económica.

    Queremos que esa inversión retorne con el paso de los años”, ha apostillado Morales.

    EFE(foto)1012208phd/cda