Santa Cruz de Tenerife, 29 dic (EFE).
– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha reiterado la condena de 5,5 años de prisión para cada uno de los cuatro patrones de un cayuco que llegó a Tenerife el 2 de julio de 2023 con un cadáver y once heridos.
La pena fijada en primera instancia por la Audiencia Provincial tinerfeña implicaba tres años por favorecer la inmigración irregular y 2,5 por el homicidio y los lesionados.
El TSJC también rechaza el recurso contra la responsabilidad civil, de manera que los cuatro acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al padre del fallecido con 90.
000 euros y desembolsar a seis de los once heridos, 6.
000, 1.
800, 2.
500 y a tres de ellos 270 euros a cada uno.
Durante la vista oral los peritos ratificaron que el origen de la muerte fue un fallo multiorgánico y deshidratación y que los demás lesionados presentaron infecciones, insuficiencia respiratoria, quemaduras y úlceras, entre otras dolencias, que en algunos casos fueron “muy graves” y requirieron hasta 51 días para su curación.
Los cuatro procesados estaban al frente de un cayuco que partió de Senegal y llegó al sur de Tenerife con un total de 65 pasajeros de los que cinco eran menores y pese a que todos se declararon inocentes, la Sala los considera coautores y responsables de un plan común para hacer el viaje.
Las defensas plantearon ante el TSJC que sólo se recogió el testimonio de siete viajeros y que otras nueve entrevistas fueron descartadas por que no resultaban inculpatorias.
La respuesta es remitir a lo manifestado por los agentes durante el juicio en el sentido de que por razones operativas tuvieron que actuar como viene reflejado en el atestado por lo que la Sala no aprecia vicio formal que lo invalide.
A las críticas de que sólo se exhibiera un número limitado de fotografías, el TSJC recuerda que este trámite es un medio de investigación, no una prueba en sentido estricto y en este caso los cuatro fueron reconocidos, tal y como se ratificó también en el Juzgado.
En segunda instancia se considera que la prueba realizada fue “suficiente” y que la Audiencia cumplió con su deber de motivación, explicando las razones que lo llevaron a concluir que los recurrentes “no pueden decir que no saben por qué se les ha condenado” y creen lógicas las contradicciones de los testigos.
Las defensas recuerdan que la decisión de continuar el viaje cuando se estropearon los motores fue tomada por todos los viajeros, lo que demostraría que no existía una jerarquía y lamentan que no se investigue a las mafias que están detrás de estos viajes.
La respuesta de la Sala es que cuando se decidió no dar marcha atrás el cayuco estaba a la deriva y en cuanto al segundo argumento se señala que los tribunales se limitan a enjuiciar delitos, no a investigar.
La declaración de todos los acusados durante el juicio fue muy similar, y dijeron que en Senegal trabajaban en el campo, pagaron alrededor de 500 euros por viajar, no sabían manejar un barco, su única intención era mejorar las condiciones de vida de su familia y se habían conocido en prisión.
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