Santa Cruz de Tenerife, 30 dic (EFE).
– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha respaldado la condena a un acusado de cometer una estafa informática a cumplir un año de cárcel y devolver los 57.
500 euros más intereses de los que se apropió haciéndose pasar por comercial de una empresa de recambios y así simular que iba a vender un tractor y otras herramientas.
También se da el visto bueno al pago de una multa de casi 1.
500 euros y se ratifica la absolución a una entidad bancaria inicialmente acusada por la Fiscalía.
La sentencia de instancia consideró probado que a finales de junio y principios de julio de 2020 el gerente de una sociedad contactó con una entidad por medio de correos electrónicos de manera y cerró un acuerdo para lo que transfirió 57.
500 euros.
Un día después una persona no identificada envió un correo haciéndose pasar por la empresa de recambios indicando que el dinero debía ser enviado a otra cuenta bancaria, tal y como hizo el comprador un día después.
Sin embargo, luego se constató que la misma estaba a nombre del acusado, con antecedentes penales que actuaba en connivencia con otras personas no identificadas a quienes les facilitó la numeración sabiendo que iba a servir para un fraude.
Este mismo hombre sería quien retiraría personalmente el dinero del banco, sin que luego el denunciante pudiera nunca recuperarlo por lo que acudió a los juzgados y reclamó una indemnización, de manera que en primera instancia se le dio la razón.
El TSJC cree que el engaño es sustituido por la manipulación informática al entrar en el correo de la víctima, alterar las facturas y desviar los pagos a su cuenta y aunque se desconoce quien llevó a cabo esta operación sí está claro a dónde fue el dinero y que pese a lo elevado de la cantidad la retiró de golpe, sin sospechar de su origen.
El acusado mantuvo siempre que un tercero le había pedido “prestada” su cuenta para un negocio porque le aseguró que tenía ciertos problemas y siempre pensó que era “una buena persona” y a continuación éste intentó incluir a otro particular más como receptor del dinero.
El procesado aseguró que este depósito bancario servía como “provisión de fondos” para la asesoría de su propiedad aunque el juzgado más bien sospecha que fue creada para recibir este dinero y que también por medio de mensajes se hizo una especie de simulacro sobre la intención de devolver la transferencia.
En su momento la Fiscalía pedía 3 años y devolver los casi 57.
500 supuestamente obtenidos por medio del fraude.
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