Santa Cruz De Tenerife, 12 ene (EFE).
– El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado formalmente al Estado la apertura de un proceso de negociación bilateral sobre dos asuntos prioritarios para el Gobierno autonómico: la cogestión de los aeropuertos y el control tributario de los incentivos fiscales contemplados en el Régimen Económico y Fiscal (REF).
En ambos casos, el jefe del Ejecutivo canario sustenta su solicitud en lo recogido en el Estatuto de Autonomía de 2018, ley del máximo rango que permite a Canarias avanzar en su autogobierno y cuyo desarrollo debe ser negociado con el Estado.
Así, en su artículo 161, el Estatuto recoge el derecho de Canarias a participar en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos, algo que el Gobierno autonómico quiere hacer participando en la toma de decisiones de AENA o con otras fórmulas que podrían ponerse sobre la mesa.
En concreto, dicho artículo indica que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.
En una carta remitida este lunes por el presidente de Canarias al ministro de Política Territorial y Transición Democrática, Ángel Víctor Torres, Fernando Clavijo reclama «acordar la apertura de un proceso de negociación bilateral con el fin de analizar y, en su caso, concretar la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones señaladas en dicho precepto, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en esta materia”.
Con esta petición formal, el Ejecutivo de Canarias abre el camino de la negociación con el Estado para participar en la gestión de los aeropuertos del archipiélago, algo “fundamental para defender el derecho de los canarios a contar con una buena conectividad aérea”, según explicó el portavoz Alfonso Cabello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
“Si hay alguna comunidad autónoma que debe tener voz y voto en la toma de decisiones de AENA es Canarias”, subrayó Cabello.
En cuanto al control tributario de los incentivos fiscales del REF, una segunda carta de Clavijo a Torres solicita la petición de apertura de negociaciones para la cesión de esta competencia a Canarias en base a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía.
Dicha disposición prevé expresamente mecanismos de colaboración, cooperación y, en su caso, gestión consorcial entre la Administración tributaria del Estado y la de la Comunidad Autónoma.
La propuesta elaborada por el Comisionado del REF, José Ramón Barrera, defiende que el control tributario por parte del Gobierno de Canarias de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal “permitiría avanzar hacia un modelo de gestión más próximo y eficiente.
Todo ello, añaden, amparado por el Estatuto de Autonomía de Canarias, alineado con precedentes ya existentes en el ordenamiento español, y compatible con la unidad del sistema tributario, el respeto al marco constitucional y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea”.
La carta remitida por el presidente canario al ministro Torres especifica que el proceso de traspaso del control tributario de los incentivos del REF “se iniciaría en coherencia con el reconocimiento constitucional y estatutario de la singularidad económica y fiscal del archipiélago, así como con el principio de bilateralidad que ha presidido la configuración y evolución del REF, y con la habilitación expresa contenida en el Estatuto de Autonomía de Canarias para la asunción, mediante acuerdo o convenio con el Estado, de funciones vinculadas a materias de competencia estatal”.
En concreto, el Ejecutivo canario reclama que, en el marco del citado proceso bilateral con el Estado, “se evaluaría de manera conjunta, técnica y jurídicamente ordenada, la atribución –total o parcial– de funciones de naturaleza gestora, interpretativa y de control asociadas a los incentivos fiscales del REF».
Se haría así sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en materia de ordenación general del sistema tributario y de control de ayudas de Estado”.
El Gobierno de Canarias negociará asumir el control tributario de los principales incentivos fiscales del REF: la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las deducciones por inversiones en Canarias, los incentivos propios de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes fiscales específicos vinculados a sectores estratégicos implantados en el archipiélago.
Dicha competencia se entendería circunscrita a las fases de aplicación, seguimiento y verificación de los requisitos exigidos por la normativa vigente, “manteniéndose en todo caso la coherencia con el marco normativo estatal y europeo, y articulándose a través de los instrumentos de colaboración interadministrativa previstos estatutariamente”.
Asimismo, el Ejecutivo canario considera que debería debatirse la atribución a la Comunidad Autónoma de facultades para la emisión de criterios interpretativos y consultas tributarias vinculantes en relación con la aplicación de los beneficios fiscales del REF, la calificación de las inversiones y gastos susceptibles de acogerse a los mismos y la interpretación de los requisitos formales y materiales exigidos.
Finalmente, el documento desarrollado por el comisionado del REF solicita al Estado tratar en la negociación la necesidad de “reforzar el papel de la Comisión Bilateral Canarias-Estado en materia de Régimen Económico y Fiscal como marco estable para la adopción de criterios interpretativos comunes, la resolución de discrepancias técnicas y la evaluación periódica del funcionamiento del sistema, asegurando una aplicación homogénea, previsible y adaptada a la realidad económica del archipiélago”.
En términos globales, el artículo 100 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que la Comunidad Autónoma ejercerá las competencias que le sean transferidas o delegadas por el Estado, así como la posibilidad de ejercer actividades de inspección y sanción en materias de competencia estatal, en los términos que se determinen mediante convenio o acuerdo bilateral.
El Gobierno considera que esta previsión estatutaria “configura un marco jurídico idóneo para abordar, desde la lealtad institucional y la cooperación administrativa, fórmulas de atribución funcional en el ámbito de la gestión tributaria de los incentivos fiscales del REF”.
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