Autor: Redactor

Madrid, 13 ene (EFE).

– Exceltur constata que en 2025 se redujo la presión turística, con un descenso medio en el número de turistas españoles y extranjeros de 20.

000 personas al día, lo que favoreció una relajación del clima de rechazo social, además de que observa una racionalización de las viviendas de uso turístico por el «mayor compromiso político» de algunos destinos.

En su informe sobre situación del sector en 2025 y avance de 2026, la alianza turística explica que sigue creciendo el volumen de residentes, que es el factor que explica en un 93,5 % el aumento de la presión humana en los principales destinos.

Según sus datos, la presión media diaria de los turistas en España descendió en 2025 hasta una media de 7,4 turistas (españoles y extranjeros) por cada 100 residentes, por debajo de los 7,5 de 2024, lo que arroja un descenso de casi 20.

000 turistas de media al día y un aumento de 365.

000 nuevos residentes.

Pese al aumento constante de los turistas extranjeros la caída de la presión se explica, fundamentalmente, por el menor número de viajeros españoles por el interior del país.

La presión de los residentes, mayor que la turísticaDefiende que la incidencia del turismo como factor explicativo de la creciente presión sobre el tráfico, la vivienda y otros servicios públicos es muy limitada respecto a la llegada de nueva población residente, salvo en algunos destinos y en los momentos de temporada alta.

Añade que el aumento de la presión humana media en España desde 2019 a 2025 ha sido de 2,3 millones de personas, de las cuales el 93,5 % se ha debido a un aumento de los residentes y solo el 6,5 % al mayor número de turistas.

Incluso en comunidades autónomas como los archipiélagos el crecimiento demográfico es el principal factor explicativo de la mayor presión humana, que tensiona la calidad de vida de los residentes.

Es el caso de Baleares, donde el aumento de la población residente explica el 80,7 % del aumento de la presión humana en su territorio, o en Canarias donde el crecimiento demográfico determina el 69,5 % de la mayor población en las calles, añade el informe.

Baja el número de viviendas turísticasExceltur explica también que la conversión de viviendas en alojamientos turísticos «racionalizó» su comportamiento en 2025, gracias a la entrada en vigor en julio de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y el esfuerzo, «desigual por destinos», para ordenar su crecimiento y erradicar la ilegalidad.

Así, por primera vez, el número de viviendas de uso turístico en las 25 principales ciudades españolas se redujo (un 4,1 % la media julio-noviembre frente a ese periodo de 2024), lo que supone 15.

963 plazas menos y un total de 366.

000 al terminar el año.

Esta evolución frena el principal causante del desbordamiento de la oferta turística en las ciudades españolas, con sus efectos negativos sobre el mercado de la vivienda y la convivencia ciudadana.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha explicado en la presentación del informe que la racionalización de la oferta de viviendas turísticas ha sido posible por un «mayor compromiso político», mediante ordenaciones urbanísticas «equilibradas» y más medios para su control.

Encabezaron esa reducción sobre sus máximos Ibiza, con una caída del 80 %, Palma de Mallorca (-63 %), Santiago de Compostela (-39 %), San Sebastián (-38 %), y Barcelona (-37 %).

Mientras, Bilbao, Málaga y Almería acabaron 2025 con plazas en viviendas turísticas en valores máximos, seguidos por otras ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba o Granada, donde la oferta apenas se reduce, respondiendo al carácter «más laxo» de la normativa autonómica.

EFEeb/jlm

Santa Cruz de Tenerife, 13 ene (EFE).

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha advertido este martes de que una subida generalizada de los salarios sin un incremento paralelo de la productividad puede tener efectos negativos sobre el empleo, especialmente en un contexto de inflación elevada y aumento de los costes empresariales.

Pedro Alfonso, en la presentación de los resultados del Barómetro del Empresario 2025 por parte de la Asociación Valenciana de Empresarios y la Asociación de Empresa Familiar Canarias, señaló que el encarecimiento de la energía, las materias primas, la vivienda y los impuestos ha incrementado de forma significativa los costes de las empresas, y afirmó que trasladar estos aumentos únicamente a los salarios no es viable sin generar tensiones en el mercado laboral.

Indicó que un incremento salarial de 400 euros mensuales supondría unos 5.

000 euros anuales por trabajador y, aplicado al conjunto de trabajadores en Canarias, tendría un impacto económico cercano a los 5.

000 millones de euros, una cifra que calificó de «difícilmente asumible» para el tejido empresarial.

El representante empresarial subrayó que las empresas no cuentan con la capacidad de emitir deuda o asumir déficits como la administración pública, por lo que necesitan beneficios para invertir, crecer y mantener el empleo.

En este sentido, afirmó que “no se puede repartir lo que no se ha generado previamente”.

Asimismo, defendió que la mejora de los salarios debe ir acompañada de políticas públicas que actúen sobre otros factores que afectan a la renta de las familias, como la vivienda, la fiscalidad o los costes energéticos, y reclamó una mayor eficiencia administrativa y una reducción de la burocracia.

El presidente de la CEOE también insistió en la necesidad de abordar el debate salarial desde una perspectiva global y con diálogo entre administraciones, empresas y agentes sociales, y advirtió de que un enfoque basado únicamente en la subida de sueldos puede aumentar el desempleo en lugar de mejorar el poder adquisitivo.

EFEbrr/asd

Santa Cruz De Tenerife, 13 ene (EFE).

– Las Agencias de Extensión Agraria de Tenerife tramitaron en 2025 ayudas dirigidas al sector primario de la isla por un valor superior a los 25 millones de euros, según ha informado este martes el Cabildo tinerfeño.

«A medida que diferentes administraciones van convocando líneas de ayuda, las Agencias difunden las convocatorias, informan sobre los requisitos, preparan la documentación, realizan informes asociados a los trámites y finalmente ayudan a presentar las solicitudes, lo que supone un servicio de gran importancia para los agricultores”, ha detallado en una nota el consejero insular de Sector Primario, Valentín González.

Por otro lado, más de 4.

000 personas se beneficiaron, durante el último año, de las 148 actividades formativas organizadas por las Agencias, incluidas en el Plan de Formación 2025.

En total, fueron 20.

000 las personas atendidas el año pasado, gracias al servicio de asesoramiento técnico y empresarial, dirigido a los habitantes del medio rural.

Valentín González ha valorado la labor realizada por los técnicos de Extensión Agraria durante este año, “que ha sido complicado, al estar marcado por la aparición de filoxera de la vid en Tenerife”.

En este contexto, se organizaron 23 charlas informativas, en diferentes puntos de la isla, a las que asistieron 1.

022 personas.

“La filoxera fue la gran protagonista del año agrícola”, ha expresado el consejero, que ha dicho que esta circunstancia supuso una carga de trabajo significativa para las agencias, ya que, entre las medidas urgentes a adoptar, se estableció la obligatoriedad de inspeccionar las parcelas de viña de las zonas afectadas antes de la vendimia, además de todas las parcelas del resto de la isla cuya uva se destinara a bodegas situadas en otras comarcas vinícolas.

EFEcmg/asd

Las Palmas de Gran Canaria, 13 ene (EFE).

– La Federación Provincial de la PYME del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) ha alertado este martes de que la gestión de un residuo peligroso como es el amianto puede quedar bloqueada en Canarias desde marzo, con las consecuencias que ello tendría para varios sectores económicos y para la protección de la salud pública.

En un comunicado, Femepa explica que Andalucía, la comunidad a la que se transportaba para su gestión la mayor parte del amianto retirado en Canarias, ha prohibido por ley que sus vertederos importen restos de ese material de otras comunidades autónomas y en marzo de este año vencen las últimas autorizaciones aprobadas.

Los empresarios del Metal subrayan que, al no haber infraestructuras de tratamiento del amianto en Canarias, la situación puede afectar a todo tipo de proyectos, desde la retirada de viejas tuberías de saneamiento fabricadas con fibrocemento, hasta obras en centros sanitarios y educativos y edificios públicos, o la sustitución de cubiertas de uralita susceptibles de albergar placas solares.

«La retirada segura del amianto es una obligación legal y sanitaria.

Si se cierran las vías de eliminación sin ofrecer alternativas específicas para territorios como Canarias, se pone en riesgo el cumplimiento de la normativa, la seguridad de las personas y la continuidad de proyectos estratégicos», asegura Femepa.

Esta patronal advierte además de que otras comunidades autónomas están tramitando normas para los residuos peligrosos similares a la aprobada en Andalucía, lo que agravaría el problema que afronta Canarias.

Por ello, insta al Gobierno de Canarias, a los cabidos y a las entidades públicas o privadas vinculadas a la gestión del agua y las infraestructuras a «activar una respuesta coordinada y urgente».

Pide, en concreto, que «el Gobierno de Canarias lidere una negociación inmediata con otras comunidades autónomas, especialmente Andalucía», y se defienda «la excepcionalidad» de Canarias en los órganos interterritoriales de residuos.

También solicita que se impulsen «soluciones estructurales y estables, ya sea mediante acuerdos externos específicos o mediante el desarrollo de capacidades propias, siempre bajo criterios de seguridad y sostenibilidad».

«Femepa insiste en que el tiempo es un factor crítico y que no actuar ahora supondría una paralización progresiva de obras, infraestructuras esenciales y proyectos estratégicos para Canarias, con consecuencias económicas, sociales y sanitarias de gran alcance», añade.

EFEjmr

Santa Cruz De Tenerife, 13 ene (EFE).

– La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicado la solicitud de patente de un material inorgánico luminiscente desarrollado en la Universidad de La Laguna, que puede ser aplicado como tinta de seguridad antifalsificaciones a partir de las llamadas tierras raras.

Este material inorgánico puede ser usado en la impresión de textiles, papelería, etiquetas inteligentes, señalética, circuitos impresos y papel moneda como los billetes de euro, entre otros usos, ha informado este martes el centro docente.

Explica también la Universidad de La Laguna que la OEPM incluye un informe sobre el estado de la técnica donde se avala la «novedad y capacidad inventiva» en todas las reclamaciones presentadas y, por tanto, su patentabilidad.

La invención se enmarca en el campo de las tecnologías de antifalsificación en el área de especialización relativa a la fotónica y la nanotecnología y ha sido dirigida por el catedrático de Física Aplicada del Departamento de Física de la Universidad de La Laguna Jorge Méndez junto a su equipo, entre los que figuran como autores de la patente el doctor Pablo Acosta y el doctorando Francisco Miguel Medina.

La patente, publicada el 19 de noviembre 2025, consta de un procedimiento para la obtención de un material inorgánico luminiscente con múltiples combinaciones de iones de tierras raras con diferentes fases micro y nanoestructuradas.

De esta manera, el material es capaz de generar un patrón de luminiscencia con emisión simultánea en el espectro infrarrojo cercano y en el visible que permite su aplicación en dispositivos de seguridad antifalsificaciones a modo de una “llave de luz”.

La tecnología surge de la trayectoria de investigación del grupo coordinado por Jorge Méndez y lleva desarrollándose desde 2021 con colaboraciones entre las que destacan la mantenida con la División de Innovación y Tecnología del Efectivo del Banco de España en el ámbito de la tecnología de los billetes, junto al responsables de esta División, Fernando León.

Esta investigación está respaldada por varias publicaciones internacionales en la revista especializada Ceramics International en 2023 y en 2025, con el resto del equipo formado por los profesores Pedro Esparza y Javier del Castillo, además de la doctoranda Sheila Torres, junto a la colaboración iniciada con Zaida Curbelo-Cano desde el Instituto IMDEA Nanociencia de Madrid y Ester Palmero, actualmente en el Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC en Madrid.

Esta la tecnología será presentada, junto a otras de la Universidad de La Laguna, de la mano del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, en la Feria Science for industry (S4i) en Madrid los próximos días 28 y 29 enero bajo la categoría de prototipos.

Actualmente se encuentra en proceso de constitución una empresa ‘spin-off’ basada en este descubrimiento bajo la dirección de los profesores Jorge Méndez y Pablo Acosta, con la financiación del Gobierno de Canarias y el soporte de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de La Laguna.

EFEasd/cmg

Las Palma de Gran Canaria, 13 ene (EFE).

– La Federación Provincial de la PYME del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) alerta de la situación que afecta a la correcta gestión del amianto y otros residuos peligrosos en Canarias.

A su juicio, puede tener consecuencias directas sobre la salud pública, el medio ambiente, la obra pública, el abastecimiento de agua y el despliegue de energías renovables en las islas.

El origen del problema se encuentra en la Ley 3/2023, de Economía Circular de Andalucía, que introduce una prohibición general de entrada de residuos peligrosos procedentes de fuera de esa comunidad cuando su destino final sea la eliminación en vertedero, en aplicación del denominado principio de autosuficiencia, indica FEMEPA en un comunicado.

Canarias depende actualmente de infraestructuras de eliminación ubicadas fuera del archipiélago y Andalucía es uno de los principales destinos autorizados.

Aunque los gestores canarios disponen de notificaciones de traslado vigentes hasta marzo de 2026, a partir de esa fecha no existe a día de hoy una alternativa técnica ni jurídica viable, lo que podría bloquear completamente la gestión de estos residuos.

FEMEPA advierte de que la imposibilidad de retirar y eliminar correctamente el amianto no es solo un problema administrativo o empresarial, sino un riesgo directo para la salud pública, dado el carácter altamente peligroso de este material.

Asimismo, asegura que campañas públicas de retirada de amianto en viviendas, como las impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria, podrían verse seriamente comprometidas si no se garantiza una solución estable para el tratamiento final de los residuos generados.

La Federación considera que «Canarias no puede ser tratada como un territorio continental, debido a su condición de archipiélago, su fragmentación territorial y la limitada disponibilidad de infraestructuras propias para la gestión de residuos peligrosos».

Además, FEMEPA alerta de que otras comunidades autónomas están estudiando la adopción de normativas similares, lo que podría agravar aún más la situación a corto plazo si no se actúa de manera anticipada.

En este contexto, FEMEPA ha remitido un escrito formal a las principales instituciones competentes, entre ellas la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, las Consejerías de Transición Ecológica y Sanidad y el Cabildo de Gran Canaria, así como a entidades públicas y mixtas vinculadas a la gestión del agua y las infraestructuras, con el objetivo de activar una respuesta coordinada y urgente.

EFEas

Las Palmas de Gran Canaria, 13 enbe (EFE).

– La Federación Ben Magec Ecologistas en Acción ha solicitado a la Demarcación de Costas de Canarias aclarar si las actuaciones emprendidas ante el episodio de contaminación marina que ha afectado a la costa de Telde (Gran Canaria) irán a la Fiscalía y si se realizará algún requerimiento a las empresas acuícolas afectadas, según ha anunciado este martes.

La organización se interesa, así, por las consecuencias de unos hechos que han llevado al cierre de las playas de Melenara, Salinetas y Clavellinas de Telde, en Gran Canaria, a raíz de las oleadas cíclicas de contaminación de restos orgánicos con origen en las piscifactorías de la bahía de Salinetas, señala en un comunicado el colectivo Turcón, miembro de la federación ecologista.

Turcón sostiene que este episodio de contaminación «no es un hecho aislado, siendo un evento anual común en los meses de calmas marítimas, concretamente entre septiembre y octubre».

Época en que «tal situación concentra en la orilla restos de materia orgánica en descomposición, excrementos, piensos y una masa de grasa que cubre la superficie de la bahía», afirma.

Desde ese planteamiento, explica que Ben Magec ha pedido a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conocer sus conclusiones respecto a un informe de toxicología encargado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los ecologistas se interesan, además, por «el destino del mismo, si se va a remitir a la Fiscalía en el procedimiento abierto y si se realizará algún requerimiento a las empresas acuícolas afectadas».

Al tiempo, apuntan que tanto Turcón como Ben Magec creen preciso «realizar análisis más profundos, permanentes y concluyentes, no solo para detectar posibles episodios de contaminación, sino también para preservar la salud pública», al considerar que las lubinas criadas en las instalaciones en cuestión podrían exceder el contenido permitido por la ley determinados metales y compuestos.

Concluyen que «la Federación Ben Magec y Turcón Ecologistas en Acción consideran necesaria una exigencia de controles reales y transparentes», consistentes en «investigaciones ambientales profundas, no meras inspecciones visuales».

Y demandan «transparencia total en los resultados y en los criterios utilizados».

EFEcms/jmr