Santa Cruz de Tenerife, 13 ene (EFE).
– El principal acusado de la supuesta estafa piramidal conocida como caso Tradex, Mukesh Daswani, ha tratado de diluir su responsabilidad entre su círculo más cercano de colaboradores, que habrían estaba al tanto de lo que ocurría, entre ellos el otro encausado, Francisco Imobach Pomares.
En el juicio que se celebra en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, Daswani ha asegurado que en un momento dado percibió que “la utopía de los beneficios se convirtió en la realidad de las pérdidas”, por lo que admitió que su gestión fue “muy deficiente.
Me vi totalmente desbordado por la situación”, ha aseverado.
El principal encausado es el único que se encuentra en prisión preventiva y al que se le atribuye haber engañado a cerca de un centenar de inversores a los que habría estafado dos millones de euros con la promesa de generarles beneficios de hasta el 50% en poco tiempo.
Ha alegado que en la empresa trabajaban con un contrato tipo en el que aparecía su firma, que manejaban sus colaboradores y que podía ser modificado, por lo que no tuvo conocimiento de muchos de los acuerdos alcanzados con los clientes.
Daswani ha dicho que a principios de 2021 capitalizó el paro y además contaba con la indemnización de la empresa con la que hasta entonces trabajaba, y de esta manera comenzó la creación de Tradex, al principio tan sólo con la intención de impartir clases presenciales.
Ha contado que, en un momento dado, sus alumnos le preguntaron si podían hacer inversiones reales y se negó, pero como insistían decidió aceptar ingresos de apenas 1.
000 ó 1.
500 euros.
“Una persona se lo contó a otra y luego a otra, y de esta manera me hice con unos seis clientes, y cuando en mayo de ese año llegaron a ser unos once me exigieron que aceptara cantidades más elevadas”, ha expuesto en el juicio.
En esos primeros meses no firmaba contratos con los inversionistas ni con los trabajadores porque, según dijo, estos últimos apenas “me echaban una mano”, hasta que a finales de 2021 comenzó la colaboración con el otro encausado, Francisco Imobach Pomares, que primero fue alumno de sus cursos y luego “se implicó profundamente”.
Por esas fechas contaba con otros tres trabajadores, un grupo variable de comisionistas y las inversiones sumaban entre los 5.
000 y los 10.
000 euros hasta febrero de 2022, que es cuando éstas “aumentan de forma exponencial”, en parte gracias los clientes que atrajo Pomares, muchos de ellos amigos y familiares.
En abril comenzaron a aflorar las primeras pérdidas que, según dijo Daswani, eran puntuales y no se concretaron hasta el 22 de julio, cuando los empleados le obligaron a reunirse con ellos, fue víctima de agresiones y tuvo que salir de la oficina escoltado por la Policía.
También en la casa de sus padres, donde intentó refugiarse, y en la suya propia había un grupo de personas en actitud violenta que lo esperaban, por lo que aceptó el consejo de su padre de marcharse a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) “hasta que la situación se calmara”, y donde finalmente fue detenido.
Daswani ha afirmado que en los días previos sus colaboradores accedieron a su cuenta bancaria después de que la gestora les facilitara las claves, con lo cual estaban al tanto de las pérdidas, de ahí su insistencia en reunirse, pero “si alguno se hubiese querido ir, habría encontrado la forma de pagarle”, ha dicho.
Como saldo final cree que llegó a ganar 600.
000 euros de los dos millones que movió en ese tiempo, y el otro acusado habría sumado 245.
000.
El grupo trabajaba con un bróker global de trading en el que llegaron a abrir varias cuentas conectadas con un depósito en un banco pero “la vorágine de dinero” era tal que, en un momento dado, a la gerente le llamó la atención y se entrevistó con él para conocer el origen de los fondos.
Cada día se podían registrar entre siete u ocho transferencias, pese a lo cual el grupo carecía de tesorería y no eran reconocidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) porque, según Daswani, los requisitos eran “inalcanzables”.
La apertura de una cuenta en una entidad localizada en Lituania la justificó porque le ofrecía la suficiente seguridad y garantías y no porque fuera un paraíso fiscal, como le atribuyen las acusaciones.
El procesado admitió que incurrió en gastos como la compra de dos vehículos de alta gama que tuvo que vender a un precio muy bajo cuando necesitó liquidez, o que llegó a pagar 2.
000 euros mensuales por el alquiler de una residencia en Tabaiba.
De su pareja, que aparece en la causa como responsable civil, dijo que abrieron una cuenta en común, que realizó alguna pequeña operación supervisada por él y que los bizums detectados servían para cubrir gastos diarios.
Los artículos de lujo identificados como viajes, estancias en hoteles y bolsos lo justifica como “una manera de demostrarle mi afecto” a la que se refirió como “mi mujer”.
Aseguró que personalmente sólo recibió en efectivo un máximo de 3.
000 euros al principio, que el otro acusado le comentó que un inversionista le había dado casi 65.
000 euros y que se quedó «impactado».
Ha dicho que Pomares le comunicó que un cliente iba a invertir 350.
000 euros, de los que 150.
000 quiso ingresarlos de golpe en su cuenta, pero se negó, por lo que según el fiscal se fraccionó en dos pagos de 50.
000 euros de los que él recibirá 80.
000, sin aclarar qué ocurrió con los restantes 20.
000.
EFEnra/jmor1012088
