Bruselas, 9 sep (EFE).
– La Comisión Europea propuso este miércoles la Ley de Vivienda Asequible, un reglamento que da a las autoridades mayor seguridad jurídica para restringir el alquiler turístico y la compra de inmuebles no destinados a residencia habitual en las zonas más afectadas por la crisis de vivienda.
La norma define, en el derecho comunitario, la ‘zona bajo tensión de vivienda’, que podrá declararse si el precio medio de una casa o piso equivale al menos a ocho veces a la renta disponible per cápita en la zona, si esa proporción aumentó en la última década y si no se prevé que la tensión se alivie en los siguientes tres años.
El reglamento solo permite restringir dos tipos de actividad: el alquiler turístico y la adquisición o el uso de vivienda no destinada a residencia habitual.
Declarada la zona, las autoridades deberán probar que la actividad afectó durante tres años a la disponibilidad o el precio de la vivienda, limitar la restricción a esa zona, descartar alternativas igual de eficaces y menos restrictivas, y diferenciar el alquiler ocasional del profesionalizado.
Las medidas no podrán exceder los cinco años y deberán someterse a revisión periódica.
«Reducir la incertidumbre»»Cuando el mercado falla a la hora de ofrecer algo tan fundamental como un hogar asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar», declaró la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.
«Con (esta ley), estamos dando seguridad jurídica a las autoridades locales, permitiéndoles actuar y abordar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo», valoró.
Aun así, la nueva ley no regula los alquileres de larga duración, pese a que el propio texto reconoce que las restricciones de corta duración, por sí solas, «no pueden abordar las causas estructurales de la escasez de vivienda a largo plazo».
También están excluidos los estándares de construcción y las normas de planificación y zonificación de carácter general, así como la fiscalidad o las cargas de cumplimiento para plataformas y anfitriones.
La Comisión cita el ejemplo de Madrid, en cuyo centro urbano hay unos 40 alojamientos de alquiler turístico por cada 100 viviendas en el mercado de alquiler de larga duración, cuyos precios han subido cerca de un 75 % en los últimos diez años, según sus propias cifras.
Bruselas sostiene que la norma ayudará a «reducir la incertidumbre regulatoria, la carga administrativa y los costes de cumplimiento» y dará a las autoridades que la adopten una vía para blindar sus restricciones ante posibles litigios.
Compatibilidad con el mercado interiorLas medidas ya adoptadas por los Estados miembros no quedan sujetas al reglamento, salvo que la autoridad decida revisarlas voluntariamente conforme al nuevo marco.
Por eso, una zona ya declarada tensionada no obtiene cobertura automática para restringir el alquiler turístico ni la compra de vivienda no destinada a residencia habitual.
Al carecer de competencia directa en materia de vivienda, Bruselas plantea la norma como una regulación de las condiciones bajo las que las medidas nacionales son compatibles con las libertades del mercado interior, ámbito en el que sí tiene competencia.
«Planes de aceleración de la vivienda»El paquete también incluye una recomendación no vinculante que insta a las autoridades a elaborar «planes de aceleración de la vivienda» en zonas bajo tensión o en riesgo de estarlo para aumentar la oferta.
La Comisión pide agilizar la concesión de permisos, mejorar el uso del suelo y fomentar la renovación y reconversión de edificios existentes, así como el aprovechamiento de viviendas y suelos vacíos o infrautilizados, con especial atención a la vivienda social y asequible.
«La vivienda no es solo una mercancía; es un derecho y un pilar fundamental de la dignidad humana.
Los europeos deberían tener la posibilidad de vivir, trabajar y quedarse en los lugares que llaman hogar», dijo el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.
Además, Bruselas reclama reforzar la capacidad del sector de la construcción y hacer pleno uso de los instrumentos de financiación de la UE y nacionales, incluidas las normas sobre ayudas de Estado.
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