Cristina MagdalenoSanta Cruz de Tenerife, 16 ene (EFE).
– Siete tripulantes indios del carguero United S, interceptado a 500 kilómetros de Canarias con casi diez toneladas de cocaína, se encuentran en Santa Cruz de Tenerife en situación de calle, con la obligación de comparecer en el juzgado todos los lunes, sin pasaporte y sin dinero, pues la compañía responsable del buque les debe cinco meses de trabajo, que cifran en unos 400 dólares.
Uno de ellos, Amit Gudrel, junto a otros cuatro compañeros, relata a EFE lo sucedido y el limbo en el que se encuentran, pues ni se pueden ir ni tienen techo donde dormir, si bien se encuentran atendidos en el albergue municipal, donde pese a que no tienen plazas alojativas les dan de comer y se les ha proporcionado ropa y aseo.
Junto a Deepanshu Choudhary, Himanshu Chaudhary, Chandrasen Yadav y Vishal Kumar, Gudrel asegura que su papel en el carguero fue el de simples marineros, ajenos a las diez toneladas de cocaína que iban a bordo y que cargaron pensando en un principio, dice, que era pescado salado.
Así lo trasladaron, defiende, los oficiales del barco, también cuando preguntaron por la primera entrega en alta mar por parte de otra embarcación.
Según su relato, la situación se volvió especialmente tensa cuando dos hombres armados -los dos hombres de nacionalidad serbia detenidos- les obligaron a almacenar ese cargamento procedente de la otra embarcación, y apunta que les pareció especialmente sospechoso que les obligasen a esconder las cajas en una montaña de sal que iba a bordo.
Cuenta Gudrel que en un principio se negaron, pues «no sabíamos qué era y no queríamos tocarlo”.
Sin embargo, alude el marinero que esas dos personas armadas les apuntaron y les dijeron que si no obedecían sus órdenes «nos dispararían y nos tirarían al mar”.
Durante días, añade, las amenazas se repitieron cada vez que llegaban nuevos entregas de fardos (la Policía Nacional incautó un total de 37) y señala que hicieron todo lo que les pedían porque temían por sus vidas.
Cuando el barco fue finalmente abordado por las fuerzas de seguridad, Gudrel expresa que lo sintieron como un alivio y manifiesta que entregaron a los agentes «información y pruebas» que habían logrado conservar, incluido un teléfono móvil con mensajes y registros del viaje.
“La policía nos ayudó mucho.
Les contamos todo», asevera.
Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad provisional, con la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, y entregaron su pasaporte original, si bien conservan una fotocopia.
«No sabemos cuánto tiempo durará esto: un mes, un año… nadie nos lo dice”, señala Gudrel, que apunta que durante días durmieron en la calle hasta que trabajadores sociales y voluntarios les ayudaron a encontrar un recurso temporal en el albergue municipal.
El frío, la falta de dinero y el miedo a la calle, pues la zona donde está situada el albergue es algo conflictiva, pesan tanto como el proceso judicial.
“Hay gente bebiendo, situaciones peligrosas.
No conocemos la ciudad, no tenemos teléfono.
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«, enumera.
«Solo queremos volver a casa», concluye el marinero, que indica que tras varios días sin teléfono ya han podido mantener contacto con sus familias en la India.
En declaraciones a EFE, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz, Rosario González, señala que la situación les ha cogido por sorpresa y defienden que debe ser la Delegación del Gobierno quien les dé una respuesta a nivel alojativo.
«Les hemos facilitado alimento, aseo y ropa y hemos pedido a la Delegación del Gobierno que les proporcionen algún tipo de recurso y respuesta, pues es la administración la que les ha dejado en esta situación de vulnerabilidad», apunta la edil.
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