Las Palmas de Gran Canaria, 9 sep (EFE).
– Municipalistas Primero Canarias ha considerado este miércoles que la aprobación del denominado decreto Canarias por el Gobierno central es «insuficiente» para el archipiélago porque las medidas adoptadas se quedan «muy por debajo de lo que espera, merece y necesita» el archipiélago canario.
En un comunicado, Primero Canarias ha reconocido, no obstante, que con la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 23/2026 se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que se espera contribuyan a mejorar la situación económica en las islas.
Aparte de las medidas fiscales para la recuperación económica de la isla de La Palma, que consideran «de justicia», el secretario de Organización de Primero Canarias, Samuel Henríquez, también ha reconocido que se autoriza destinar el superávit presupuestario de la Comunidad Autónoma a sufragar inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2026 y 2027.
En la práctica, esto permitirá al Gobierno de Canarias utilizar unos 600 millones de euros para invertir, por ejemplo, en la creación de vivienda social y asequible, señala la nota.
Para los municipalistas, sin embargo, se trata de un logro «insuficiente», ya que «nos dejan emplear el dinero público sobrante de años anteriores en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, en lugar de obligarnos a depositarlo en el banco, como hasta ahora», pero «Canarias necesita mucho más que eso», ha subrayado Henríquez.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros dista mucho de la propuesta original, en cuya elaboración participó Municipalistas Primero Canarias, ha remarcado el dirigente del citado partido, quien ha recordado que el texto solicitaba al Gobierno de España la mejora de los recursos destinados a políticas esenciales y proyectos estratégicos para el archipiélago.
Además de la actualización de los convenios de carreteras y obras hidráulicas, figuraba, a petición de Primero Canarias, la suscripción de un nuevo convenio específico con el Estado para la construcción y rehabilitación de vivienda pública, según el comunicado.
Así mismo, Henríquez ha indicado que se pedía también la extensión a toda la población residente en las islas de la deducción general del 60 % del IRPF, correspondiente a la cuota estatal de este impuesto, como compensación por la merma de poder adquisitivo y la mayor carestía de la vida que imponen la lejanía e insularidad.
El documento, añade la nota, incluía medidas de apoyo a los trabajadores autónomos de Canarias, cuya actividad se resiente por las desventajas estructurales del archipiélago, así como un fondo de compensación adicional para la movilidad interinsular que permita financiar la implantación del bono canario de transporte regular válido para todas las islas.
A propuesta de los municipalistas, el decreto original incorporaba también un programa extraordinario de saneamiento, depuración y reutilización de aguas en zonas de alta presión antrópica con el objetivo de eliminar los vertidos contaminantes al mar, un programa de fondos estatales para la recuperación social, económica y laboral en las zonas rurales deprimidas, la creación de una comisión mixta Canarias – Estado, con representación de los cabildos insulares, para la elaboración de los planes de ordenación del espacio marítimo en Canarias y varios programa de ayudas para la implantación de las energías renovables.
«No podemos renunciar a todo eso», ha recalcado Henríquez, al tiempo que ha destacado la necesidad de seguir reclamando «una financiación estatal más justa para Canarias».
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