Las Palmas de Gran Canaria, 20 ene (EFE).
– El Cabildo de Gran Canaria pide al Ministerio para la Transición Ecológica que adapte la licitación que promueve para autorizar 302 megavatios adicionales de generación de electricidad con centrales térmicas en su territorio a la estrategia insular, que prioriza las renovables y el almacenamiento.
Así lo ha manifestado este martes Morales en una rueda de prensa en la que ha asegurado que la seguridad energética de las islas «depende totalmente del margen de generación disponible, que en este momento es muy reducido» en Gran Canaria y depende «de centrales térmicas obsoletas, de 30 y 40 años de antigüedad», lo que implica «más averías imprevistas, menos eficiencia, menos flexibilidad».
«No disponemos de un colchón de generación que entre en funcionamiento de inmediato si se produjera un incidente como el ocurrido en La Gomera o en Tenerife no hace mucho», ha referido.
Morales ha recalcado que «se ha estirado irresponsablemente la vida útil de instalaciones viejas, lo que hace que el sistema opere al límite de la seguridad» y ha añadido que «aunque han aumentado las energías limpias, el almacenamiento en estos momentos es altamente deficiente, ya que las renovables no siempre están disponibles cuando baja el viento o el sol y se necesita de un respaldo» porque ha aumentado la demanda.
Para hacer frente a ello se han tomado dos decisiones.
Una es generar un parche de seguridad con tres plantas distribuidas en el territorio de Gran Canaria, en el norte, sur, y el puerto de Las Palmas de Gran Canaria con un buque flotante, «que entrarían en funcionamiento si se produjera un cero energético».
El Cabildo no muestra «objeción a la propuesta y ha decidido que efectivamente son alternativas que solo entrarían en funcionamiento en el momento que se produjera un incidente de estas características».
La segunda decisión es la concurrencia competitiva promovida por el Ministerio para instalar 302 Mw de potencia térmica adicional para 2028 en Gran Canaria.
Esta convocatoria «está en proceso de resolución de oferta» y la corporación grancanaria no la conoce en detalle, pero desea expresar su posición «en un asunto que es clave para el futuro energético» de la isla.
«No estamos ante un debate técnico menor, estamos ante decisiones que van a condicionar cómo producimos, cómo gestionamos, cómo pagamos la energía en la isla durante las próximas décadas», ha referido.
El planteamiento técnico de esta concurrencia estatal «responde a un enfoque concebido para un sistema eléctrico con baja penetración renovable y escasas soluciones de flexibilidad, un enfoque que podría tener sentido en el pasado, cuando la prioridad era exclusivamente garantizar el suministro, pero no responde al escenario actual de Gran Canaria con más renovables, más vertidos (de electricidad a la red) y una necesidad evidente de flexibilidad y almacenamiento», ha dicho.
Morales ha recalcado que «hoy la situación en la isla es otra.
Gran Canaria ha avanzado de forma notable en energía es renovable y tiene potencial para seguir creciendo», por lo que «el principal problema ya no es que falte energía, sino que no siempre somos capaces de gestionarla bien.
La prueba más clara es que en determinados periodos hemos llegado a verter más del 20 % de energía renovable que se produce en la isla».
«Producimos energía limpia, pero el sistema no tiene suficiente capacidad para absorberla, lo que obliga a tirarla mientras se sigue quemando combustible fósil, lo que genera más emisiones, más coste y una contradicción evidente en plena transición energética», ha apuntado.
En este contexto, los grupos previstos son grandes, poco flexibles y con mínimos técnicos elevados, a juicio del Cabildo.
«Dicho de forma sencilla: son centrales que no se pueden apagar ni modular fácilmente, aunque haya sol o viento de sobra.
Lejos de resolver los problemas actuales del sistema, van a perpetuar un modelo pensado para otro tiempo», ha aseverado.
El presidente de la corporación grancanaria ha asegurado que «un sistema poco flexible reduce el papel del almacenamiento energético, lo hace menos necesario desde el punto de vista operativo y, por tanto, menos viable desde el punto de vista económico».
«El resultado es un círculo vicioso muy claro: menos flexibilidad implica menos almacenamiento, menos almacenamiento limita la integración futura de energías renovables», ha opinado.
Para el Cabildo de Gran Canaria, en un territorio insular como el suyo, «el almacenamiento no es un complemento ni una tecnología futurista, es una infraestructura clave para dar estabilidad al sistema, absorber excedentes renovables, reducir vertidos, disminuir de verdad la dependencia de la generación fósil.
Además de criticar «la falta de claridad territorial de la concurrencia», Morales ha afirmado que incluye generar electricidad en el entorno del puerto de Las Palmas y ha advertido de que «Gran Canaria no va a aceptar nuevas instalaciones térmicas en el puerto y en las áreas colindantes con su capital».
«Gran Canaria no quiere nuevas plantas de generación térmica teniendo normativa como tiene con las energías limpias y además apoyándose en un sistema como el que propicia a partir de 2027 la central hidroeléctrica de Salto de Chira», ha advertido.
Por todo ello, el Cabildo de Gran Canaria ha hecho un llamamiento al Ministerio «para que revise el planteamiento de esta concurrencia antes de su resolución definitiva», convencido de que «va a generar una enorme contestación social y un rechazo institucional que va a hacer que se retrase la solución alternativa para inyectar en el sistema propuestas que garanticen que ante una caída, ante un cero energético se pueda dar una respuesta inmediata».
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