Santa Cruz de Tenerife, 30 ene (EFE).
– La salud mental en Canarias atraviesa una situación de emergencia invisible, caracterizada por una crisis estructural y una carga de enfermedad que supera los promedios nacionales, según un informe presentado este jueves por el presidente de la Asociación Defensa Sanidad Pública Canaria, Guillermo de la Barreda.
El estudio, el que también ha participado el profesor de Psiquiatría de la Universidad de La Laguna, Francisco Rodríguez, indica que aproximadamente el 20% de la población canaria padece algún tipo de trastorno mental.
Señala asimismo que en los últimos cinco años se ha registrado un incremento de entre el 25% y el 30% en la demanda asistencial, con especial incidencia en cuadros de ansiedad y depresión, según han detallado en rueda de prensa, en la que también ha participado Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canaria.
El documento, al que ha tenido acceso EFE, destaca además una brecha de género significativa, ya que las mujeres presentan tasas de prevalencia casi dobles en trastornos comunes, vinculadas a factores como la precariedad laboral, la brecha salarial y la sobrecarga estructural de los cuidados familiares.
Los datos del informe reflejan que, mientras en otras comunidades los episodios de ansiedad suelen ser reactivos y temporales, en Canarias se observa una cronicidad superior, atribuida a la falta de intervención psicoterapéutica temprana en la red pública.
Según esta investigación, en contextos de alto desempleo estructural y baja renta per cápita, la probabilidad de que un trastorno común derive en una patología grave se multiplica por tres, convirtiendo la salud mental en un problema de salud pública estrechamente vinculado a la realidad socioeconómica del archipiélago.
El informe también subraya la relación entre exclusión social y salud mental, citando estudios sobre barrios de Las Palmas, que establece una correlación directa entre el lugar de residencia y la salud emocional.
Señala que la población sin hogar presenta una elevada incidencia de patología mental grave y consumo de sustancias, y recibe atención únicamente en situaciones de crisis aguda, debido a la falta de coordinación entre servicios sociales, red de salud mental, drogodependencias e instituciones locales e insulares.
La tasa de exclusión social entre personas con diagnóstico mental alcanza el 43,3%, mientras que el riesgo de exclusión social infantil se sitúa en el 40% y la pobreza extrema en el 12%.
En cuanto a la mortalidad por suicidio, Canarias registra entre 8,5 y 9 muertes por cada 100.
000 habitantes, cifras que superan sistemáticamente la media nacional de 8,1.
En 2021 se alcanzó una tasa de 10,58 por 100.
000 habitantes, equivalente a unas 230 muertes al año, mientras que en 2024 se registraron 211 fallecimientos, con una tasa de 9,5, agrega.
En materia de recursos, el informe revela que Canarias destina apenas el 5% del presupuesto sanitario total a salud mental, frente al 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, persiste un déficit de profesionales: las ratios por cada 100.
000 habitantes son de 8,2 psiquiatras (40 % por debajo del estándar UE/OMS), 6,1 psicólogos clínicos (66 % de déficit), 5,4 enfermeras especialistas (70 % de déficit) y 2,8 trabajadores sociales (72 % de déficit).
Según resalta, la saturación de las Unidades de Salud Mental (USM) es notable, especialmente en las islas orientales, con alta dependencia de derivaciones interinsulares, lo que limita el seguimiento de los pacientes.
La distribución de plazas sociosanitarias concentra el 80 % de los recursos en Gran Canaria y Tenerife, mientras que Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro disponen de recursos limitados o simbólicos.
El documento también destaca la falta de integración efectiva entre las redes de salud mental y drogodependencias, lo que obliga a los pacientes a circuitos separados y reduce la continuidad de los cuidados.
En la atención infanto-juvenil, Canarias cuenta con dos nodos especializados saturados en Tenerife y Gran Canaria, mientras que las otras islas disponen de atención parcial, con derivaciones frecuentes y dependencia del lugar de residencia.
El modelo vigente, según estas fuentes, genera además una sobrecarga en docentes, que según el informe asumen tareas propias de profesionales de salud mental sin contar con formación ni recursos suficientes.
El documento concluye que la situación requiere un cambio hacia un modelo comunitario, integral y basado en derechos humanos, que integre la prevención, los cuidados domiciliarios y los determinantes sociales, como vivienda y empleo.
Recomienda además aumentar la inversión, reforzar las Unidades de Salud Mental (USM) periféricas, integrar las redes de salud mental y adicciones y garantizar la atención prioritaria a menores con ideación suicida.
EFEbrr/cmg(foto)
