Autor: Redactor

(actualiza con el número de bebés afectados y hospitalizados en Canarias)Madrid/Las Palmas de Gran Canaria, 19 feb (EFE).

– Nueve bebés sufrieron en Canarias síntomas gastrointestinales asociados al consumo de leches infantiles retiradas por posible contaminación con la toxina cereulida, dos de los cuales llegaron a ser hospitalizados, aunque en ningún caso se trató de problemas graves.

En el conjunto de España se han registrado 41 casos de bebés afectados a través de las leches infantiles por esa toxina producida por la bacteria bacillus cereus.

Trece de ellos -incluidos los dos de Canarias- fueron hospitalizados, pero todos han recibido ya el alta.

Así lo han confirmado el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad, que ha comunicado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) esos 41 casos que se han registrado en España.

Los 41 casos comunicados han sido notificados por diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

La media de edad de los casos ha sido de cuatro meses, según han señalado desde el Ministerio, que han precisado que todos los casos han presentado síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados.

Se han notificado otros diez casos con síntomas compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas, aunque en nueve de ellos no ha sido posible identificar el lote de fórmula infantil consumido.

En relación con la evolución clínica, trece de los casos han requerido hospitalización, aunque se insiste en que todos ellos han sido dados de alta.

Únicamente uno de los casos hospitalizados ha precisado su ingreso en una unidad de cuidados intensivos al presentar, además de la sintomatología gastrointestinal, una infección respiratoria.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha venido informando a través de sucesivas alertas sobre la retirada de estos productos, en coordinación con las autoridades competentes y en el marco de los mecanismos europeos de intercambio rápido de información.

Entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero, la Aesan ha emitido seis alertas por la retirada de fórmulas infantiles en varios países tras detectarse contaminación con esta toxina.

Diferentes países de la Unión Europea han comunicado la identificación de casos que podrían estar relacionados con este evento, pero por el momento, según Sanidad, no se dispone de una definición de caso común a nivel de la UE.

Sanidad asegura que mantiene la coordinación con las comunidades autónomas, la Aesan y las autoridades sanitarias europeas, y que continuará actualizando la información conforme avance la evaluación epidemiológica y se disponga de nuevos datos.

EFEbec/aam/jmr

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 19 feb (EFE)- El PP ha solicitado este jueves al grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura, formado por CC y el PSOE, «mayor diligencia, control de gasto corriente y superfluo» y que atienda los requerimientos de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

En un comunicado, el Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura ha denunciado “el grave” incumplimiento en el que ha incurrido el gobierno insular de CC y PSOE al no respetar los plazos legales para la remisión de la documentación relativa a la Fiscalización de las Cuentas Generales del ejercicio 2024 ante la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Según consta en el acuerdo adoptado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas el pasado 17 de diciembre de 2025, y notificado con registro de entrada con fecha 23 de enero de 2026, el Cabildo de Fuerteventura incumplió el requerimiento efectuado para remitir la documentación correspondiente a la “Fiscalización de las Cuentas Generales de los Cabildos Insulares, ejercicio 2024”.

Esta, según han informado los populares, debía ser elevada al Parlamento de Canarias en cumplimiento de la Ley 4/1989, de 2 de mayo.

El portavoz del Grupo Popular, Claudio Gutiérrez, ha calificado la situación de “extremadamente preocupante” y ha subrayado que “no se trata de un simple retraso administrativo, sino de un incumplimiento formal advertido por el órgano fiscalizador de Canarias, que puede acarrear responsabilidades y la retención del 2 % de las transferencias con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma”.

Además, “sobre todo, proyecta una imagen de descontrol e irresponsabilidad institucional”, ha indicado.

La propia Ley 4/1989 establece en su artículo 14 que, ante la falta de colaboración o el incumplimiento de plazos, la Audiencia de Cuentas puede requerir nuevamente a la entidad, proponer la exigencia de responsabilidades e, incluso, comunicar el incumplimiento a los órganos de gobierno correspondientes.

“Estamos hablando de un aviso serio, no de una mera recomendación”, ha añadido Claudio Gutiérrez.

Desde el Partido Popular han recordado, además, que este incumplimiento se produce en un contexto en el que el Cabildo ya ha vulnerado la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, tal y como ha denunciado la formación política en reiteradas ocasiones.

“Nos encontramos ante un patrón de gestión económica basado en la improvisación, que está acarreando consecuencias serias en la gestión de los grandes retos de Fuerteventura en materia de vivienda, aguas o transporte”, ha afirmado el portavoz popular.

Un ejemplo de ello, ha indicado, se puede ver en “la imposibilidad de usar el remanente, a pesar de que el Gobierno de España lo ha permitido a las administraciones cumplidoras y no es el caso de Fuerteventura, desgraciadamente”.

Para el PP, la rendición de cuentas en tiempo y forma no es un trámite menor, sino una obligación esencial en cualquier administración pública que gestione recursos de todos los majoreros.

“Quien no cumple con la fiscalización externa, quien no respeta los plazos legales y quien incumple las reglas fiscales básicas, pierde autoridad moral para hablar de buena gestión”, ha señalado Gutiérrez.

El popular ha asegurado que, “lamentablemente, no es la primera vez que el Cabildo de Fuerteventura tiene que hacer frente a esta situación, ocurrió en 2021, tras la Presidencia de Blas Acosta, y después en 2023 cuando, a pesar de que lo mandata la ley, no se habían remitido las cuentas en octubre de 2022 por la que la hoy es presidenta (Lola García) y en aquel momento consejera de Hacienda”.

EFE1011279evs/cda

Castellón, 19 feb (EFE).

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, resaltó el buen hacer de su equipo, que es líder de LaLiga Hypermotion, y reconoció que «cuando las cosas salen y los resultados son positivos siempre es más fácil trabajar».

«Veo al equipo muy enchufado», afirmó este jueves en la rueda de prensa previa al duelo contra Las Palmas del próximo sábado (21:00 hora peninsular).

«Estamos con ganas de que llegue el partido», añadió.

El conjunto castellonense buscará afianzarse en el primer puesto ante el equipo insular, aunque Hernández admitió que «va a ser un partido muy difícil».

«No vienen en una dinámica positiva, son un equipazo.

Son el conjunto menos goleado y eso denota lo que cuesta marcarles», señaló sobre la UD Las Palmas.

Pablo Hernández aseguró que no quiere confianzas entre los suyos dado que se miden a un rival que busca el ascenso.

«Sabemos que es un rival directo, pero tenemos claro que tenemos que ir partido a partido, sin pensar en el siguiente duelo» ante el segundo, el Racing de Santander, destacó.

EFE1010914qrg sm/ism

(corrige las identificaciones de los historiadores africanos en el decimotercer párrafo de la información GC4026)Las Palmas de Gran Canaria, 19 feb (EFE).

– Casa África y el Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), del Cabildo de Gran Canaria, muestran en una exposición el papel social de la mujer en diversas culturas africanas a través del arte tradicional con una selección de esculturas que ilustran su dimensión simbólica, social y espiritual en sus comunidades.

Procreadora, educadora, proveedora, guardiana del hogar y de la memoria del linaje.

Así es como estas figuras, procedentes de varios países de África occidental y dispuestas sobre palets como si fueran altares, reflejan los múltiples roles atribuidos a la mujer en comunidades como las fulani, kissi, dan, baulé, asante y senufo.

La exposición, denominada ‘Musó (‘mujer’ en mandinga).

Representaciones femeninas en la Colección Pipino’ recoge 41 piezas que ha sido seleccionadas del total de 449 que conforman esta colección, perteneciente al FEDAC, en su mayoría esculturas ejecutadas en madera, pero también en piedra y metal.

La comisariada de la muestra, Idalmy González, ha explicado que la exposición se articula en dos discursos distintos, distribuidos en dos salas de Casa África.

Por un lado, ‘Rituales y ceremonias’, que exhibe representaciones tradicionales femeninas relacionadas con ritos donde la mujer representa la fertilidad, abundancia y los valores de la comunidad, como el cuidado de la familia y la descendencia.

«No han sido realizadas para exhibirse en un museo ni en salas expositivas, sino que son representaciones para estar en altares, en las casas, en los propios rituales que realizan estas familias y estas comunidades», ha explicado.

Por otro, ‘Vidas y costumbres’, que presenta obras que han sido elaboradas con una orientación decorativa, para la venta o por encargo, pero que están vinculadas a aquellos elementos que tienen relación con la mujer, con su forma de vestir, sus costumbres y las funciones que asumen en su comunidad.

Con este recorrido, la exposición también invita a reflexionar sobre los roles que encarna la mujer en las sociedades africanas actualmente «y que es responsable de orientar su vida, tomar decisiones y tener la libertad de decidir qué quiere hacer.

«Sobre la mujer africana recae preservar esta cultura, identidad y riqueza cultural que forma parte de ella, pero también tomar decisiones que no estén tampoco vinculadas a estas tradiciones» e «impulsar la transformación social y contribuir al rumbo del continente», ha agregado.

El gerente del FEDAC, Carmelo Ramírez, ha explicado que las obras fueron adquiridas en 2001 por el Cabildo, tras la donación de Salvatore Palella —conocido como Pipino—, un empresario que viajaba con frecuencia por África y las fue adquiriendo.

Además, ha indicado que esta es la segunda ocasión en que algunas de ellas salen del almacén, tras la exposición de máscaras africanas en el Museo Castillo de Mata, ‘Máscara migrante’, en 2022.

González ha señalado que las piezas no tienen autor conocido, son anónimas, y que «eso es muy valioso porque lo que estamos destacando también es a las propias comunidades, los pueblos que realizan estas obras, su cultura y su identidad».

La exposición ha contado con el apoyo científico y los textos académicos del doctor e historiador Kinva Via Jean Alda Gouledehi y la doctora y arqueóloga Affoua Eugénie Kouamé, ambos investigadores de la Universidad Felix Houphouët Boigny, en Abiyán (Costa de Marfil).

El secretario general de Casa África, Justo Artiles, ha indicado que la exposición se enmarca dentro del plan anual 2026 de la entidad en el ámbito de cultura y educación, con un enfoque específico en diversidad, igualdad de género y feminismo.

La muestra se inaugurará este jueves, 19 de febrero, a las 19.

00 horas en Casa África y podrá visitarse de lunes a viernes, de 8.

30 a 18.

00 horas hasta el 24 de abril.

EFEmrgz/jmr(foto)

Las Palmas de Gran Canaria, 19 feb (EFE).

– Intersindical Canaria ha denunciado este jueves que la sanidad pública de las islas se encuentra en una situación «crítica, estructural y cronificada» en la que la espera de los pacientes «se incrementa un 50 % más que el discurso oficialista del Gobierno de Canarias».

En una rueda de prensa, la portavoz del colectivo sanitario en el sindicato, Cathy Darias, ha incidido en que se encuentran «en condiciones de afirmar» que las listas de espera quirúrgicas, de especialidades y de pruebas diagnósticas, que acumulan más de 200.

000 pacientes, se labran con «estratagemas de gestión» y sin tener en cuenta el almacenaje de peticiones a las que no se les da curso.

Darias ha calificado de «insalubre, tramposa y maquillada» la gestión el Servicio Canario de la Salud (SCS), que, a su juicio, «pone en riesgo la vida de los ciudadanos», puesto que «acaban viendo cómo sus patologías se cronifican e incluso derivan con resultado de fallecimiento» mientras siguen a la espera de ser atendido de patologías que «habiéndose abordado en tiempo y forma, hubiesen supuesto la supervivencia del paciente».

Y todo parte, según el sindicato, de un proceso estructural que afecta a las siete islas y a las once gerencias de salud, por lo que se extiende «por todos los niveles asistenciales, incluidos los que no son niveles asistenciales propios del servicio».

«Hay un plan de salud mental en el papel que no se cumple, hay un plan de adicciones en el papel que no se cumple, hay un plan de atención a la dependencia en el papel que no se cumple.

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Multitud de planes, protocolos e incluso leyes de presupuesto que no salen a la luz», ha avisado.

Para Cathy Darias, una de las principales explicaciones es la «tendencia progresiva de desprofesionalización” de los cargos de gestión de la sanidad pública canaria.

En esa línea, ha puesto en duda las capacidades de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y del gerente del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, ambos «sin experiencia sanitaria» ni relación con el sector, asegura Intersindical.

Más allá de los altos cargos, ha advertido de que en los últimos dos años existe una abundancia de ceses «muy mal motivados y posteriores nombramientos a dedo» en cargos intermedios de gestión, que además «no han pasado siquiera el preceptivo concurso público» que garantice el acceso por medio del «principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que exige la normativa».

Para este sindicato, el «único mérito» que prima en los nombramientos «es pertenecer a un partido político de los dos que están en este momento gobernando Canarias», CC y PP.

Estas políticas, ha asegurado la representante sindical, son «deliberadas y permanentes» durante más de tres décadas en el Gobierno de Canarias para «mirar con un exceso de cariño hacia el negocio de la sanidad privada».

«Estamos ante un problema estructural resultado de más de 30 años de abandono por parte de las instituciones a través de decisiones políticas conscientes que derivan hemorragias de dinero público a la sanidad privada, mientras debilitan deliberadamente la pública», ha subrayado.

Cathy Darias ha exigido «datos reales y fin de la opacidad y de la propaganda electoral con el derecho a la salud de los ciudadanos», además de reclamar mejoras en los recursos materiales para actualizar «equipamientos e infraestructuras obsoletas» que someten a los trabajadores sanitarios y pacientes a una «situación de riesgo».

Desde la Federación de Salud de Intersindical Canaria han avisado de que esta situación «aburre a los buenos profesionales» del SCS y los aboca a «buscar una alternativa de vida mejor” para desarrollar su carrera profesional, lo que conlleva «un deterioro» a una sanidad pública canaria que «sale adelante por la inercia que inyectan sus trabajadores”.

«Asistimos a un conjunto de más de 36.

000 profesionales agotados que dan el 150 % de lo que deberían dar, a los que se le deben horas y que trabajan por encima de la jornada laboral legalmente establecida en un sistema colapsado que atiende a una población excesiva que también es la población más enferma del conjunto del Estado y con menor esperanza de vida, según datos del INE», ha afirmado Darias.

EFE1012208phd/jmr

Madrid, 19 feb (EFE).

– España ha registrado 41 casos de bebes con síntomas gastrointestinales asociados al consumo de leches infantiles retiradas por posible contaminación con la toxina cereulida, producida por bacillus cereus.

Trece de ellos han tenido que ser hospitalizados, pero ya han sido dados de alta.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad, que ha comunicado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) esos 41 casos que se han registrado en España.

Los 41 casos comunicados han sido notificados por diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

La media de edad de los casos ha sido de cuatro meses, según han señalado desde el Ministerio, que han precisado que todos los casos han presentado síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados.

Se han notificado otros diez casos con síntomas compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas, aunque en nueve de ellos no ha sido posible identificar el lote de fórmula infantil consumido.

En relación con la evolución clínica, trece de los casos han requerido hospitalización, aunque se insiste en que todos ellos han sido dados de alta.

Únicamente uno de los casos hospitalizados ha precisado su ingreso en una unidad de cuidados intensivos al presentar, además de la sintomatología gastrointestinal, una infección respiratoria.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha venido informando a través de sucesivas alertas sobre la retirada de estos productos, en coordinación con las autoridades competentes y en el marco de los mecanismos europeos de intercambio rápido de información.

Entre el 12 de diciembre y el 17 de febrero, la Aesan ha emitido seis alertas por la retirada de fórmulas infantiles en varios países tras detectarse contaminación con esta toxina.

Diferentes países de la Unión Europea han comunicado la identificación de casos que podrían estar relacionados con este evento, pero por el momento, según Sanidad, no se dispone de una definición de caso común a nivel de la UE.

Sanidad asegura que mantiene la coordinación con las comunidades autónomas, la Aesan y las autoridades sanitarias europeas, y que continuará actualizando la información conforme avance la evaluación epidemiológica y se disponga de nuevos datos.

EFEbec/aam

Santa Cruz de Tenerife, 19 feb (EFE).

– La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto por la inconsistencia de las pruebas que los señalaban a dos ciudadanos senegaleses procesados por una de las peores tragedias ocurridas en los últimos años en la Ruta Canaria de la inmigración: la de un cayuco en el que murieron hasta 80 personas tras pasar 15 días a la deriva en el Atlántico, sin agua ni comida.

La Fiscalía había solicitado para ellos penas de 16 a 21 de cárcel, por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, cuatro homicidios por imprudencia (uno por cadáver recuperado de la embarcación) y cinco lesiones por imprudencia (debido las graves secuelas que la deshidratación dejó en cinco supervivientes).

Hasta que se los sentó ante tribunal, el pasado 3 de febrero, los procesados, A.

y M.

, habían pasado 19 meses en prisión preventiva.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia pone en tela de juicio la fiabilidad de las pruebas de cargo recabadas contra ellos por la Policía y el Ministerio Fiscal: básicamente, declaraciones prestadas por varios compañeros de cayuco durante la fase de instrucción que no pudieron reproducirse en el juicio por inaudibles, debido a la mala calidad de la grabación.

El tribunal precisa que no cuestiona la validez de esos testimonios como prueba preconstituida (grabada en previsión de que los testigos no pudieran ser citados al juicio), sino su «eficacia», debido a «la pésima calidad del sonido», que no permite utilizarlos para fundamentar sobre ellos una sentencia condenatoria.

Pero, además, subraya que la declaración de los testigos que sí acudieron al juicio fue contradictoria, tanto entre ellos, como respecto a lo que esas mimas personas dijeron durante la instrucción.

Además, los magistrados aprecian «móviles que afectan a la credibilidad» de uno de los testigos, al que la Audiencia ve afectado por el hecho de que el procesado al que señala fue una de las personas que arrojó al mar los cuerpos de su mujer y su hijo, cuando ambos murieron de sed tras quedarse a la deriva.

«Medida esta que no puede ser tachada de extravagante, pues ante una situación como la vivida en el cayuco, es difícil no justificar el desprenderse de los cadáveres que yacen en su interior con agua en las sentinas y claro peligro de propagación de enfermedades entre los hacinados pasajeros», añade la Audiencia, que no acepta que de ello se tenga que derivar que A.

era uno de los patrones del cayuco.

En el caso del otro acusado, M.

, la sentencia subraya incluso que «no puede pasarse por alto que el único testigo migrante que viajó en el cayuco y compareció en sala a declarar, de la mano del Ministerio Fiscal, fue claro, preciso y tajante al señalar (.

.

.

) que a este acusado no lo reconocía», a lo que añadió, cuando le mostraron su foto, que esa persona «no hizo nada», era «un viajero más».

El tribunal explica, en resumen, que no le convence la prueba presentada por la acusación porque «no resulta ser constante y sin fisuras, pues no se trata de un conjunto de testimonios que venga dotado de la precisión, firmeza, constancia y dosis de certeza adecuados para mantener un relato de hechos como el presentado».

En esas circunstancias, la Audiencia entiende que debe aplicar «el principio de ‘in dubio pro reo’», ante las dudas que existen sobre lo que ocurrió a bordo de ese cayuco y, en particular, sobre los hechos concretos que se atribuían a los dos procesados.

El cayuco al que se refiere esta sentencia fue localizado por un buque petrolero en abril de 2024 a 670 kilómetros de El Hierro.

En ese momento, quedaban a bordo 68 supervivientes que fueron recogidos por un crucero que se dirigía a Tenerife desde Cabo Verde, junto a tres cadáveres (un pasajero más murió en las horas siguientes).

El tribunal explica que no puede saberse con exactitud cuántas personas murieron en los 20 días que sus ocupantes pasaron en el mar tras partir de Mauritania (15 a la deriva), porque hay testimonios diferentes sobre ese particular.

Para la Policía y la Fiscalía, fueron alrededor de 80 las personas que murieron de hambre y sed.

EFEjmr/brr