Las Palmas de Gran Canaria, 24 feb (EFE).
– El servicio de Asuntos Internos de la Policía decidió investigar al agente acusado de torturar a un inmigrante y maltratar a otro en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Lanzarote el 1 de enero de 2024 al considerar «graves y de tipo penal» las denuncias trasladadas por sus compañeros acerca de esos hechos.
Así lo ha declarado un jefe de uno de los grupos de la citada unidad policial ante la Audiencia de Las Palmas durante el juicio que se ha celebrado este martes contra el acusado, que es la primera vez que declara sobre estos hechos y ha asegurado que «nunca» ha tenido «contacto físico con inmigrantes».
Según la versión del procesado, las cosas «no sucedieron como relatan los testigos», que son las víctimas, tres policías y una intérprete.
En el caso del inmigrante al que dicen que dio una bofetada cuando lo interrogaba en el cuarto número 15 del CATE para tratar de averiguar quién había organizado el viaje de la patera en la que había llegado a la isla, lo ocurrido lo oyeron el compañero que estaba con él y una intérprete.
Así lo han corroborado ambos este martes al tribunal, pero el acusado sostiene que lo que hizo fue dar una «palmada en el aire» porque el inmigrante «se estaba quedando medio dormido».
En cuanto a la otra víctima, que asegura que él y otro compañeros recibieron golpes en la cara y patadas, procesado ha defendido que sus testimonios no tienen «ninguna lógica».
Sin embargo, el fiscal Jorge Pobre no ha creído su versión y ha pedido al tribunal que lo condene porque la prueba practicada es «contundente» y permite sostener una solicitud de tres años de cárcel y la inhabilitación para empleo o cargo público durante 13 años.
El Ministerio Público ha pedido al tribunal que considere como indicio la grabación de las declaración de las dos víctimas ante el juzgado que instruyó la causa en Arrecife, al no haberse presentado como prueba preconstituida, y ha recalcado que existe prueba directa como la del otro policía que se encontraba con el procesado en el cuarto.
Este escuchó el golpe y lo identificó con un bofetón y vio cómo el inmigrante se echaba las manos a la cara, según ha declarado, y su versión se corrobora con la de la intérprete, que también la escuchó y vio cómo elevaba la mano el acusado, ha indicado el fiscal, quien ha añadido que estas declaraciones coinciden con lo que comunicaron agentes del CATE a Asuntos Internos, que trasladó la investigación al Juzgado.
El fiscal ha explicado que el tercer inmigrante que fue agredido por el acusado no lo ha incluido en su escrito porque no se le pudo tomar declaración en sede judicial al encontrarse en Francia en esos momentos.
Ha incidido en que se dan los supuestos de tortura porque se ocasionó un sufrimiento a la víctima y el acusado se prevalió de su cargo para obtener información con malos tratos.
El otro delito por el que acusa también lo da por probado porque la víctima cuenta en el juzgado que recibió un bofetón y patadas al salir del baño y en el contexto de las agresiones del encausado «tiene peso para fundamentar la acusación».
La defensa del Policía ha restado validez a las grabaciones porque en la declaración de las dos víctimas no pudo intervenir, ya que se llevaron a cabo en febrero y su cliente fue detenido en marzo de 2024 y ha alegado que sería «un fraude de ley» tenerlas en cuenta como reclama el fiscal.
Ha apuntado también que la investigación fue declarada secreta por el juzgado pero no hay ningún auto que así lo determine.
Sobre el delito de tortura, el abogado se ha preguntado con qué versión se va a quedar el tribunal, si con la del inmigrante que dice que fueron dos las bofetadas que recibió del acusado cuando lo interrogaba o con la de la intérprete y la del policía.
Así mismo, ha argumentado que la identificación de su cliente es confusa porque refieren que el Policía que les agredió tenía barba y era grueso, descripción que no coincide con el acusado.
Además, ha remarcado que no existen partes médicos en la causa, por lo que ha concluido que el Ministerio Fiscal «ha comprado esta película y ha tenido que escalar gravedad para conseguir una condena», y que en todo caso lo que pudo haber un delito leve de maltrato de obra con agravante de abuso de superioridad.
«En este caso no existe menoscabo de integridad moral», ha subrayado el letrado.
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