Santa Cruz de Tenerife, 24 mar (EFE).
– El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este martes de que el real decreto del Gobierno de España con medidas urgentes para hacer frente al impacto de la guerra de Irán, “no va a proteger a Canarias” y puede “castigar tres veces” a la población, por lo que ha reclamado medidas compensatorias y flexibilidad fiscal.
Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con los portavoces parlamentarios para tratar las medidas para paliar los efectos de la guerra, ha comentado que el Ejecutivo autonómico ha analizado el decreto y ha detectado “carencias importantes para desplegar su efecto sobre la población canaria”.
Entre las propuestas planteadas, ha citado la devolución del impuesto del combustible a transportistas y la bajada al 0 % del IGIC, con el objetivo de negociar con el Gobierno central “por la vía de la compensación o por la vía de la flexibilización de barreras fiscales”.
Según ha detallado, las medidas estatales supondrían una merma de unos 150 millones de euros en la financiación de Canarias a través del fondo de compensación, lo que afectaría a cabildos y ayuntamientos.
El presidente ha sostenido que esta situación implicaría un triple perjuicio: un decreto que “no despliega su protección” en Canarias, una reducción de la financiación autonómica y la posibilidad de tener que detraer recursos de otras partidas por las limitaciones de gasto.
En este contexto, ha valorado el “tono positivo” de la mayoría de los grupos políticos y ha señalado que existe consenso en que las medidas estatales “no van a proteger a Canarias”, por lo que ha apelado a la unidad ante un contexto de incertidumbre económica.
Asimismo, ha agregado que ha solicitado una reunión “con carácter inmediato” con el Gobierno de España, ya que el impacto económico, vinculado al aumento de costes como el combustible, puede prolongarse durante meses y afectar especialmente a las familias más vulnerables.
El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha admitido su preocupación porque la subida del precio del barril de petróleo, que supera los 100 dólares, provoca una inflación “importada” que afecta especialmente a Canarias por su dependencia de importaciones y su separación del resto del territorio.
Domínguez ha insistido en que las acciones que pueda tomar el Gobierno autonómico ayudarán a reducir el impacto, pero no solucionarán el problema de manera integral, por lo que se requieren medidas desde el Gobierno de España.
Reacción de la oposición: Piden un decreto canarioEl portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha reclamado al Gobierno autonómico la aprobación de un decreto ley con medidas “concretas, evaluadas y cuantificadas” para complementar el paquete estatal y reforzar el “escudo social” en las islas.
En este sentido, ha planteado reforzar el escudo social con iniciativas como los complementos de la renta de ciudadanía o ayudas específicas para personas con mayores dificultades económicas.
“Lo que esperábamos hoy era un decreto ley concretado por el Gobierno donde se evaluaran y cuantificaran las medidas”, ha manifestado, al tiempo que ha recordado que otras comunidades autónomas, como País Vasco, Cataluña o Asturias, ya han aprobado paquetes similares, y que Canarias, ha señalado, debe hacer lo mismo en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, ha rechazado las afirmaciones del Ejecutivo canario sobre que el real decreto estatal no afecta a las islas, al asegurar que “no es cierto” y que existen medidas que sí tienen impacto en la sociedad y en los sectores productivos.
En la misma línea, Luis Campos, de NC, ha defendido el autogobierno y la capacidad del Ejecutivo autonómico para actuar con sus competencias y presupuesto en un contexto “tan delicado”, por lo que ha reclamado la aprobación de un decreto con medidas específicas para el archipiélago.
Entre las propuestas de Nueva Canarias figuran la bonificación del 99,9 % del impuesto sobre el combustible, la recuperación en el IRPF de la deducción por el alza de precios —que, según ha indicado, benefició a cerca del 80 % de los contribuyentes— y el refuerzo de las ayudas a las familias más vulnerables.
Asimismo, ha planteado incrementar la cuantía de la renta de ciudadanía y desarrollar los complementos previstos en este instrumento, como los de educación, vivienda y pensiones no contributivas.
Desde Vox no se han hecho declaraciones porque debido a la borrasca no han podido asistir a la reunión, si bien fuentes del partido han indicado a EFE que apoyan al Gobierno de Canarias en sus reivindicaciones.
El resto de partidos que apoyan al Ejecutivo canario como la Agrupación Socialista Gomera ha defendido la implicación de todas las administraciones públicas ante la actual situación económica y ha planteado medidas fiscales sobre el combustible, especialmente para las islas no capitalinas.
Al igual que la oposición, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera Casimiro Curbelo ha abogado por aprobar un decreto canario con medidas específicas que contemplen revisar la fiscalidad del combustible, al considerar que el incremento de precios ha superado el efecto de anteriores bonificaciones, especialmente en las islas no capitalinas.
EL diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta, ha señalado que las medidas que puede aplicar Canarias estarán condicionadas por la compensación del Estado o la flexibilización de la regla de gasto, y ha reclamado reforzar el apoyo al combustible y al tejido económico.
Según ha alertado, la bonificación actual al combustible ha quedado “subsumida” por el incremento de precios, y puso como ejemplo la isla de El Hierro, donde el gasóleo ha subido 18 céntimos y la gasolina 25 céntimos.
Luz Reverón, del PP, ha criticado que el decreto del Gobierno de España con medidas vinculadas a los efectos de la guerra no tiene suficientemente en cuenta las características específicas de Canarias, una región ultraperiférica que cuenta con un régimen fiscal diferenciado respecto al territorio peninsular, ha recordado.
Por CC, José Miguel Barragán, ha opinado que el actual escenario en el Congreso dificulta la convalidación del real decreto estatal y ha defendido la aplicación inmediata de medidas propias en Canarias con carácter flexible.
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