Autor: Redactor

Asturias y Galicia son las que más dinero ofrecen por regresar y Castilla y León da más ayudas por volver a municipios poco poblados

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) –

Al menos nueve comunidades autónomas ofrecen un plan de retorno, que en algunos casos alcanza los 6.000 euros de subvención, para sus oriundos o descendientes que hayan emigrado al extranjero y deseen volver de manera voluntaria. Además, el Estado pone a su disposición un programa con el que costean una parte del paro, independientemente de que hayan cotizado o ya se haya cobrado, según los datos que ha recopilado Europa Press.

Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Canarias, La Rioja, Madrid y Navarra son las autonomías que tienen, o bien programas y asistencia para que tanto población oriunda como sus descendientes retornen del extranjero, o bien subvenciones para facilitar sus mudanzas, comenzar un emprendimiento unipersonal o incentivar sus contrataciones en el sector privado.

El Principado de Asturias dispone de un presupuesto total de medio millón de euros para brindar ayudas al retorno, de hasta 6.000 euros por persona, a los asturianos que hayan vivido fuera de España al menos cuatro años. La última convocatoria está disponible hasta finales de 2026 y las cuantías varían según las circunstancias familiares del retornado, que se valoran a partir los parámetros que están acotadas en el tercer apartado de los anexos de la resolución PA/7/2026/1406 del Principado.

El caso de Galicia es similar según la Resolución DOG del 29 de enero de 2026. El importe máximo también son 6.000 euros, aunque en esta ocasión requiere que el interesado haya vivido en el extranjero por lo menos dos años y haya llegado después del 1 de enero de 2024. Los parámetros para indicar la cantidad correspondiente están reflejados en dicho documento y el proceso permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

Por su parte, Castilla y León propone subsidios de hasta 5.000 euros para los castellanoleoneses que quieran volver a su tierra natal y trabajar por cuenta propia, o, en su defecto, serán las empresas que opten por contratar a un conciudadano recién repatriado durante al menos un año las que perciban el importe.

20% MÁS POR IR A ZONAS MENOS POBLADAS

Con el programa Pasaportes de vuelta, complementado por el anteriormente detallado Vuelve a Castilla y León, la comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco brinda ayudas de hasta 3.500 euros a los menores de 35 años que hayan pasado seis meses fuera de la comunidad y con hasta 2.500 euros a los mayores de dicha edad que hayan pasado un año en las mismas condiciones. Esta cuantía tiene una posible bonificación del 20 por ciento si la vuelta es a un municipio de menos de 10.000 habitantes, o demás variables detalladas en el BOCyL del 5 de abril de 2023.

En su caso, Extremadura otorga un pago único de 1.500 euros, ampliable a 2.900 si se trata de una familia numerosa o si la familia cuenta con un miembro con una discapacidad igual o superior al 33%, con una víctima de violencia de género o del terrorismo, ya que cada una de estas condiciones supone un incremento de 350 euros en la subvención.

Los catalanes también tienen a su alcance diferentes medidas para recibir ayudas económicas tras su vuelta a su comunidad autónoma de origen. En este caso, la Generalitat ofrece pagar los gastos relativos al coste de la actividad del retorno, siempre que el gasto no supere el 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

UN AUMENTO DEL 30% EN EL SALARIO

Además, en la LEY 25/2002, de 25 de noviembre del ejecutivo autonómico se detalla que, dependiendo de las particularidades familiares y económicas, se podría aumentar el salario del solicitante en un 30% si este es menor que la renta de suficiencia vigente en Cataluña.

También podrán pedir dinero a su gobierno para afrontar los gastos del viaje y mudanza quienes vuelvan Comunidad Foral de Navarra. En esta ocasión, el ejecutivo de María Chivite ofrece 2.000 euros por retornado y otros 500 euros por persona a cargo –adultos incluidos– hasta llegar al límite estipulado, 3.500 euros.

El Ejecutivo central también ofrece una pensión a través del Servicio Público de Empleo Español (SEPE) con la condición de que se establezca la residencia permanente en España, no haber obtenido prestaciones por desempleo en el país en el que residía, ni tener derecho a la prestación contributiva en España, además de haber cobrado menos del 75% del SMI, para acceder a las ayudas destinadas a los españoles retornados.

HASTA UN AÑO Y MEDIO DE SUBVENCIÓN

Así, los subsidios del SEPE tienen una prórroga máxima de 18 meses –que se debe solicitar trimestralmente– y se podrá compaginar con empleos de jornada parcial. La cuantía comienza desde el 95% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en los primeros 180 días, la siguiente mitad del primer año se rebaja al 90% del indicador y finaliza con el 80% hasta el último pago.

Canarias, al igual que la Comunidad de Madrid, ofrecen asesoramiento y colaboración para acceder a las ayudas estatales del SEPE. Además, la comunidad insular informa en su página web oficial que existe una subvención autonómica propia de 1.500 euros, de la cual no detalla más información que los detalles para enviar la solicitud.

Asimismo, el gobierno de La Rioja cuenta con un plan para invertir la tendencia demográfica y con el que tratan de generar unas condiciones económicas y de calidad de vida suficientemente atractivas que eviten las salidas de La Rioja del talento recuperado. Actualmente, figuran en su página web 240 retornados –el objetivo está en 4.500 en 2023– desde la puesta en marcha del proyecto.

AL MENOS TRES COMUNIDADES DAN AYUDAS INDIRECTAS

Dicho esto, las comunidades que ya no disponen de ninguno de estos programas son Andalucía, que lo hizo por última vez en 2010; Aragón, que no lo hace desde 2023; o Castilla La-mancha, cuyo último plan fue en 2022. Además, no guardan constancia de haber ofrecido nunca estas ayudas de manera directa tanto Islas Baleares como Cantabria, como la Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Entre las cinco últimas, los ejecutivos vasco y cántabro ofrecen diferentes subvenciones para personas jóvenes que comienzan a emprender, especialmente en el sector primario.

Del mismo modo, Andalucía, que ya lleva tres lustros sin dar prestaciones económicas directas de este tipo, ha subvencionado a la Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados (FAER) con 70.000 euros anuales –un total de 490.000 desde 2019–, al tiempo que ha destinado 18.000 euros a empresas por contratar indefinidamente a mayores de 45 años retornados, tras haber dado 6.000 euros a tres empresas diferentes por esta razón.

Dicho esto, cualquier persona que desee volver a vivir a España tiene acceso a las ayudas del SEPE, independientemente de que su comunidad autónoma de origen tenga o no un programa para esta causa. Para ello, es indispensable contar con el Certificado de Español Retornado (CER) y demás documentos que están detallados en la Oficina del Retorno y de los que se puede pedir más información llamando al 060.

JAÉN 3 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia de Jaén que en 2024 condenó a once años y ocho meses de cárcel a un hombre de 45 años por agredir sexualmente de forma continuada a su vecina, una niña de cinco años. Las agresiones se produjeron hasta que la menor tuvo ocho años, pero después, hasta que cumplió los 17, la estuvo espiando y acosando por la ventana sirviéndose de que las casas eran continguas.

En el fallo se le imponen once años de prisión por un delito continuado de agresión sexual y otros ocho meses más de cárcél por exhibicionismo obsceno ante menores de edad. A ello se le suma el abono de 30.000 euros en concepto de indemnización a la víctima por los daños morales causados.

La sentencia, ahora confirmada, recoge que el procesado presenta un coeficiente intelectual límite asociado a trastorno adaptativo y de conducta, trastornos que no implican un deterioro de su capacidad cognitiva, ni una alteración íntegra de su capacidad volitiva, conociendo la ilicitud de los hechos.

No obstante se hace constar que no puede descartarse que ante determinadas pulsiones (especialmente de tipo sexual) pudiera presentar una alteración parcial de sus capacidades volitivas por ligero deterioro en el control de impulsos.

En el recurso de apelación presentado por la defensa se alega que la sentencia de la Audiencia de Jaén vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia puesto que la única prueba de cargo radica en la declaración de la denunciante y esto es insuficiente, según el apelante, para sustentar la condena.

La sentencia del TSJA recogida por Europa Press rechaza este extremo argumentando que la prueba de cargo ha enervado la presunción de inocencia y ha sido valorada de modo racional y con detallada fundamentación por parte de la sala que enjuició el caso en la Audiencia de Jaén.

El recurso de la defensa subraya igualmente que la sentencia debió haber apreciado la concurrencia de la circunstancia eximente completa de anomalía o alteración psíquica. En este punto, el TSJA expone que el rechazo de esta alegación viene dado de entrada por su palmaria contradicción e incongruencia con la posición mantenida por la defensa del acusado en la anterior instancia.

Así indica que en las conclusiones provisionales elevadas a definitivas durante el juicio en la Audiencia, la defensa interesó la aplicación de la circunstancia atenuante por analogía a la alteración psíquica, circunstancia que fue aceptada y aplicada por la sala de origen; no comprendiéndose que ahora ésta manifieste su disconformidad con este pronunciamiento que la propia parte instó en su momento.

Durante su declaración en el juicio, el acusado se defendió señalando que todo es mentira y que desconocía los motivos por los que le han denunciado. Recahzó que el tuviera un deseo sexual incontrolado y dijo no entender por qué tardaron tanto en denunciarle si los hechos ocurrieron entre 2008 y 2011 y la denuncia se interpuso en 2021.

Por su parte, la niña, ahora mayor de edad, declaró que el acusado siempre tenía la cochera entreabierta y que cuando la veía en la calle, donde jugaba con sus amigos, la llamaba y la metía dentro. Ya en el interior, la joven ha descrito con todo detalle las prácticas de índole sexual a las que supuestamente la sometía el acusado.

Era muy pequeña, no sabía lo que pasaba, no lo entendía. No tenía una connotación negativa ni positiva de lo que estaba pasando, señaló la joven, que también relató que las agresiones se producían día sí, día no y que a veces le mostraba en un ordenador imágenes pornográficas que ella tampoco entendía.

Durante tres años se sucedieron las agresiones, hasta que cumplió ocho años y se negó a continuar entrando en la cochera. Empecé a tener conciencia de que no era normal, dijo la denunciante, que añadió que los recuerdos de aquellos años en aquel garaje le han acompañado toda la vida.

Finalmente, en abril de 2021, cuando tenía 17 años, optó por contárselo todo a su madre, que sobre la marcha la acompañó a interponer la correspondiente denuncia. Tras casi cuatro años de terapia y tras haberse mudado de casa, la joven declaró que sigue haciendo frente a episodios de ansiedad, depresión y ataques de pánico, además de temer por su vida.

Además de la pena de prisión, la sentencia ahora confirmada le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 15 años.

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Pleno del Senado debatirá este miércoles, 8 de abril, una proposición de ley del PP que tiene por objeto castigar los actos públicos de homenaje a condenados de ETA, conocidos como ongi etorris, con multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros.

La propuesta, que será admitida a trámite por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, reforma la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para añadir un nuevo título octavo para la prevención y sanción de los actos de exaltación del terrorismo y humillación a las víctimas, que contemple sanciones administrativas para los responsables de estas actuaciones.

La Cámara Alta admitió a trámite otra proposición de ley del partido de Alberto Núñez Feijóo para garantizar que la Fiscalía actúe de oficio ante actos enaltecimiento o justificación del terrorismo, ongi etorris y manifestaciones de violencia callejera con finalidad terrorista.

LAS MULTAS IRÁN DESDE LEVES A MUY GRAVES

La propuesta que se debatirá este miércoles, según consta en el orden del día del Pleno, incluirá infracciones para los actos de homenaje a etarras que podrán ser leves, cuando las conductas sean aisladas o de escasa difusión pública; graves, cuando las conductas sean organizadas, reiteradas o tengan un impacto relevante; y muy graves cuando sean en lugares oficiales o masivos, o que incluyan exaltación explícita de organizaciones terroristas, participación de cargos públicos o reiteración de infracciones graves.

Las sanciones leves serán sancionadas con multa de entre 200 y 2.000 euros, las graves con una cuantía entre 2.001 y 10.000 euros, y las más graves desde los 10.001 euros hasta los 150.000.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha defendido impulsar esta iniciativa para que estas conductas tengan alcance penal y ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como uno de los responsables de no frenar estos actos que, a su juicio, lesionan la dignidad de quienes padecieron la violencia terrorista.

Después de engañarnos a todos diciendo que jamás pactaría con ellos, acordó con Otegi acercar para luego liberar a los presos de ETA. Y ahora se cruza de brazos mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas sufren con dolor, ha aseverado García.

García ha explicado que la actual normativa tipifica las conductas de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, pero no contempla actos en el espacio público que no alcanzan el umbral penal. Por ello, el PP quiere incluir esos actos dentro de la legislación.

Las víctimas no están solas, tienen al Partido Popular que no descansará hasta acabar con esas situaciones, al igual que luchó contra la kale borroka, ha remachado.

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) –

Los cristos del barrio de El Cabanyal de València han llegado a primera hora de este viernes a la orilla de la playa para recordar a todas las personas fallecidas en el mar, así como a los marineros muertos durante su trabajo.

Se trata de un momento simbólico en la arena de la playa, como marca la tradición de este acto con el que arranca el Viernes Santo de la Semana Santa Marinera.

En este homenaje y oración a los fallecidos en el mar se encuentran los cristos del Salvador y del Amparo, tras lo que procesionan juntas. Además, el personaje bíblico representando a la Madre Dolorosa deposita unas flores sobre las olas.

Es el preludio de un día cargado de emociones que se inicia con los Vía Crucis y termina con la procesión del Santo Entierro, en la que participan todos los colectivos con sus tronos-anda bellamente engalanados.

Durante el recorrido del primero de los actos de la Semana Santa Marinera de este viernes, el concejal de Movilidad y Policía Local de València, Jesús Carbonell, ha protado el Cristo del Salvador.