Santa Cruz de Tenerife, 2 oct (EFE).
– La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, María Isabel Doreste, ha llamado a reflexionar sobre «cuántas Maricarmen» habrá en Canarias si finalmente son expulsados de sus apartamentos quienes residen en zonas turísticas.
Doreste ha comparecido este viernes en comisión parlamentaria y ha apelado a los diputados de todos los grupos a que reflexionen «con calor humano y con el corazón» y piensen en alguien cercano al que «abocan» a abandonar su hogar «sin una solución y sin nada que justifique» su expulsión.
«Son trabajadores, ancianos, niños, gente común, no especuladores», que se han visto castigados por algo que no se merecen», que es «que alguien les diga que su vivienda no la pueden usar, la tienen que entregar a quien Turismo da una autorización para hacer negocio, y si no obedecen, les multan».
Una «trágica situación» que afecta a «miles y miles de canarios» que cuando compraron su apartamento o bungalow adquirieron «una vivienda, no una autorización administrativa para vivir en ella».
«Se puede engañar a cinco, veinte personas, ¿pero a 70.
000? ¿Todos nos equivocamos, notarios, registradores, jueces? ¿No se enteraron de que lo que compramos fue una unidad alojativa y no una vivienda?», ha reflexionado.
Doreste ha esgrimido que la principal excusa es que alguien pueda alquiler fuera de la unidad de explotación, lo cual representa a su juicio «una parte ínfima» de los propietarios, y se ha preguntado si esto no es «matar moscas a cañonazos».
«Y de paso», ha continuado, «se les abre a las patronales turismo un mundo maravilloso, una ventana de oportunidad» para «quedarse con el complejo entero y convertirlo en un establecimiento turístico a modo de hotel».
La presidenta de la plataforma de afectados ha rememorado que cuando se compraron estas propiedades fue antes de que se aprobara ninguna ley turística, y que esas operaciones se rigieron por la Ley del Suelo de 1956, con lo cual «nuestra legalidad es incuestionable».
También ha recalcado que los afectados no se oponen a convivir con la actividad turística en los complejos donde residen y que las patronales han creado «un problema inexistente».
«Ni somos personas no gratas ni dejamos de arreglar nuestros apartamentos ni impedimos la convivencia.
Se nos dice de todo.
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por ser canarios parece que somos proscritos en nuestra tierra», ha lamentado.
María Isabel Doreste ha recordado que hay presentados ocho recursos de casación en el Tribunal Supremo en los que se cuestiona la unidad de explotación, sobre los que el alto tribunal deberá pronunciarse: si esa cesión a un tercero es «constitucionalmente legítima y responde a razones de interés general o si, al contrario, vulnera derechos fundamentales».
Sobre el decreto en el que trabaja el Gobierno de Canarias, ha comentado que, «por lo que se filtra», a los afectados por la Ley Turística se les dejará vivir en sus casas «pero cualquier acto que se pueda hacer sobre la propiedad, una venta o una herencia, ya lo convierte en una unidad alojativa».
La presidenta de la plataforma ha cerrado su intervención con un recuerdo para Dolores, una mujer que sufrió esta situación de incertidumbre y amenaza y que falleció el pasado verano «con la pena» de pensar en que a su marido lo expulsen de casa.
«No nos roben nuestra historia y no nos cambien el relato», ha cerrado.
Raúl Acosta (AHI) ha admitido que «esto es una tragedia que viene de la falta de organización, de que en su día había varios planes generales que catalogaban el suelo de una determinada manera», y en la búsqueda de soluciones, ha advertido, «no se pueden pervertir los fines de las tipologías de suelo».
Jesús Ramos (ASG) ha citado el ejemplo de Valle Gran Rey, donde «conviven desde hace muchos años residentes y turistas y nunca ha pasado nada», y ha llamado a articular una fórmula jurídica para asegurar que esa convivencia se pueda mantener en el tiempo sin necesidad de esta incertidumbre y amenaza de sanciones.
Paula Jover (VOX) ha cargado contra los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias cuando dicen que se hacen cargo de la situación, pero ¿qué se ha hecho hasta ahora?», ha preguntado, y ha recordado el rechazo de una iniciativa popular y que continúa habiendo sanciones.
Esther González (NC) se ha preguntado cómo es posible que a su vez el Gobierno de Canarias aprobó un decreto para «liberar suelo en todo el mundo» para promover la construcción de vivienda y luego «desahucia» a quienes «compraron legalmente y registraron» sus viviendas en zonas no tensionadas «y se les sanciona por cumplir la ley».
«Se llevan las manos cabeza por Maricarmen pero no pestañean al desahuciar a decenas de miles de personas», ha proclamado.
David Morales (PP) ha esgrimido que la acción legislativa «no se hace a toque de corneta sino con rigor», ha rememorado el sentido del voto de PSOE y NC en diferentes instituciones sobre la situación de estos apartamentos y bungalows en San Bartolomé de Tirajana, y ha introducido en el debate al Gobierno de España, que «perpetúa contratos» y «mima a okupas e inquiokupas» mientras «Ceuta sigue invadida».
Socorro Beato (CC) ha opinado que la situación de las miles de familias afectadas «no es la misma» que a comienzos de la presente legislatura y ha indicado que el decreto de 2025, «bueno o malo», en todo caso «insuficiente», ha producido «avances» como la posibilidad de que las sanciones de oficio se paralicen.
Beato se ha sentido interpelada por ese llamamiento al «corazón» y ha asegurado que desde el Gobierno de Canarias «estamos poniendo todo de nuestra parte para llegar a una solución».
El Ayuntamiento San Bartolomé trabaja en una ordenanza para clarificar en qué supuestos el uso residencial en zonas turísticas quede consolidado, lo cual dará seguridad jurídica hasta que el ejecutivo regional apruebe el plan que impulsa el área de Política Territorial sobre la especialización de parcelas, ha indicado la diputada nacionalista.
Gustavo Santana (PSOE) ha puesto el acento en que quienes residen en esas viviendas lo hacen desde hace cinco décadas y entonces no había ningún plan general y el vigente, que es de 1995, reconoce los usos mixtos de los suelos.
Ha opinado que la solución a este problema requiere de «decisión política» y la cuestión es si «se quiere o no», y ha apelado al ejecutivo canario a que acepte la proposición no de ley del PSOE y que no opte por «el decretazo sin consenso».
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