Santa Cruz de La Palma, 23 abr (EFE).
– El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que el Gobierno recurrirá «sin ninguna duda» ante el Tribunal Constitucional «cualquier acuerdo» que tome «cualquier comunidad autónoma que vaya en contra de la Constitución y aplastando los derechos humanos».
«Arbitraremos todos los mecanismos y ya estamos hipervigilantes, porque lo que no se puede hace es aprobar medidas para que no se atienda en un centro de salud a una persona, cuando hay un derecho universal de salud, porque es un niño o una persona irregular», ha proclamado.
Torres se ha referido de este modo al concepto de ‘prioridad nacional’ recogido en los acuerdos de gobierno autonómicos del PP con Vox, al tiempo que ha aplaudido la reflexión del obispo de Canarias, José Mazuelos, sobre la necesidad de que algunos pasen unos días en un cayuco o una patera para que empaticen con los migrantes.
El ministro ha recalcado que estas personas han pasado por «una travesía tremenda por África con pérdidas de vida» e ignoran «lo que les va a pasar» cuando se embarcan en un cayuco, y que llegan a las costas canarias «famélicos, muchos fallecidos, en unas circunstancias absolutamente lamentables».
«Hablamos de derechos humanos, de humanidad», pero en sus pactos autonómicos PP y Vox «han dicho claramente que no van a acoger a ninguno», ha censurado.
Torres ha recalcado que, «por supuesto», los presidentes de Extremadura y Aragón tienen que cumplir lo establecido en la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería respecto al reparto de menores migrantes no acompañados «por mucho que Vox les haya obligado a firmar, y han aceptado, un acuerdo de gobernabilidad donde dicen que no van a admitir a ningún menor».
«Les adelanto que eso no lo pueden hacer en tanto en cuanto la ley esté vigente», ha añadido Torres, quien ha advertido de que «si gobiernan otros», será derogada.
«Esa es la amenaza que tienen que conocer los canarios y las canarias: si gobierna el PP actual con Vox y se firma el mismo acuerdo que en el resto de comunidades, los menores, incluso los mayores, que lleguen a Canarias se quedarán en Canarias, porque la deportación de menores no se puede hacer, lo impide el derecho internacional», ha proclamado el ministro.
Ha abundado en que si entre las comunidades se extiende esa negativa a acoger a personas migrantes «están condenando a los menores y a los mayores al hacinamiento en los territorios frontera», lo cual «es dramático para Ceuta, Melilla, y más aún para Canarias», adonde llegan «decena de miles» de personas.
El ministro ha deslizado que «hay quien pueda decir que acabará el fenómeno migratorio según quién gobierna», cuando en realidad quien se sube a una patera o un cayuco ignora esa información.
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