Autor: Redactor

Santa Cruz de Tenerife, 28 abr (EFE).

– La diputada del PSOE Nira Fierro ha exhortado al vicepresidente canario y líder regional del PP, Manuel Domínguez, a que le diga a María Guardiola y Javier Azcón «nanay de lo que han firmado» con Vox para la gobernabilidad de Extremadura y Aragón en cuanto a la llamada «prioridad nacional».

Fierro ha hecho esta petición en el pleno del Parlamento de Canarias al preguntarle a Domínguez si es «una prioridad» para el ejecutivo canario que las familias «lleguen con dignidad a final de mes», y si cree que para conseguirlo la mejor forma es «rebajar impuestos a quien juega al golf o contrata a empleadas del hogar».

Ha urgido al Gobierno de Canarias a «intervenir» el mercado inmobiliario, limitando los precios de los alquileres e invirtiendo más en vivienda pública, como se ha comprometido a hacer el ejecutivo central.

Fierro ha abundado en que la dificultad en el acceso a la vivienda «es una prioridad nacional», como también la sanidad y la educación públicas o «el empleo digno»; esto es, «políticas que nos hacen iguales a todos», con independencia del apellido, el dinero que uno tenga en el bolsillo o su origen,En cambio, ha proseguido, ha quedado al descubierto cuál es «la prioridad nacional del PP: la segregación institucionalizada».

Anticipándose a la respuesta de Domínguez de que el PP canario «es distinto» al nacional, le ha recriminado que lleva toda la legislatura «utilizando dos almas, la que tiene y le pertenece y la que aparenta ser, porque la primera le da vergüenza».

Porque al fin y al cabo, ha afirmado, «pertenece al PP que vota no a la acogida solidaria de los niños y que firma los pactos de la indignidad absoluta hacia las personas migrantes».

Manuel Domínguez ha replicado a la diputada socialista si ya ha hablado con Pedro Sánchez para preguntarle si «de las 246.

000 viviendas prometidas llega al menos una a Canarias».

Ha bromeado con que esperaba que Fierro le preguntaría, «como hizo hace una semana el ministro Ángel Víctor Torres, si vamos a deflactar el IRPF» cuando desde Canarias «llevamos dos años» haciéndolo.

Domínguez le ha planteado a la diputada socialista que «si tiene la oportunidad de hablar con el Gobierno», da igual si es «a través de un asesor», como en su día hicieron «con Koldo» García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, que le diga que haga lo mismo porque «el impuesto más silencioso que afecta a la subida salarial es la inflación».

Ha abundado en que si el Gobierno de España deflactase el IRPF, «hoy los canarios, la clase trabajadora, llegaría mejor a fin de mes».

EFEjmor/spf

Las Palmas de Gran Canaria, 28 abr (EFE).

– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha abierto una pieza disciplinaria a un abogado por citar dos sentencia inexistentes del Tribunal Supremo y el Constitucional en su recurso de apelación contra el fallo que condenó a los miembros de una banda de narcotraficantes de Lanzarote.

La Sala de lo Penal detectó esa irregularidad, que considera «intolerable», al revisar la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que impuso penas de hasta seis años de cárcel por tráfico de drogas a nueve personas que introducían cocaína en Lanzarote.

Para combatir esa resolución, uno de los abogados defensores invocó una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y otra del Tribunal Constitucional de 1990, que le servían para cuestionar la documentación que justificaba la actuación de la Policía.

El TSJC remarca que el letrado presenta esas citas jurisprudenciales como centrales en su recurso, las entrecomilla y resalta en negrita, y fundaba en ellas una grave consecuencia procesal: la posible nulidad de las actuaciones.

Sin embargo, añaden los magistrados, hay un problema: los párrafos con la supuesta jurisprudencia que menciona el letrado no aparecen en las sentencias citadas, ni en otras con una numeración conexa.

La sentencia del Supremo que invoca «no solo no guarda ninguna relación con esta cuestión (documentación de las diligencias policiales) sino que no contiene ni ese texto, ni ninguno parecido», explica la Sala.

Y lo mismo sucede con la sentencia del Constitucional, que «ni contiene este texto transcrito, ni uno parecido, ni trata de esta cuestión directa o indirectamente».

Para el TSJC, no se trata de un «mero desliz o error venial», sino de una conducta «intolerable» por parte del letrado que puede merecer una corrección disciplinaria.

Los magistrados comparan lo sucedido con la otro caso reciente en el que detectaron que un abogado había invocado jurisprudencia inventada por una aplicación de inteligencia artificial, sin hacer una comprobación para verificarla.

«Esta conducta tiene otro efecto, que es el de la pérdida de la confianza en la profesionalidad técnica, lo que conduce a desviar la tarea judicial a la comprobación de las citas jurisprudenciales invocadas en los escritos de los profesionales, lo que conduce a una ralentización de las resoluciones», advierten.

«Los órganos del Poder Judicial no pueden quedar pasivos ante estas conductas», remachan.

Respecto al fondo del asunto, el TSJC rechazada los recursos y confirma las condenas dictadas por la Audiencia de Las Palmas para los narcotraficantes juzgados en esta causa.

EFEjmr/mrgz

Arrecife (Lanzarote), 28 abr (EFE).

– El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha adquirido dos nuevos vehículos tipo pick-up y una embarcación con el objetivo de reforzar su parque móvil «para optimizar las intervenciones en entornos terrestres y marítimos».

Durante el acto de presentación, realizado este martes, el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco J.

Aparicio, ha destacado que estas adquisiciones forman parte del plan estratégico de modernización técnica iniciado por la entidad para garantizar la máxima eficacia en cada servicio, según se recoge en un comunicado.

Aparicio ha explicado que los dos vehículos pick-up permitirán una mayor agilidad en desplazamientos rápidos y una versatilidad para acceder a zonas de difícil orografía donde los camiones de gran tonelaje tienen limitaciones.

Por su parte, la nueva embarcación refuerza el área de salvamento acuático, por la que el Consorcio gestiona numerosos servicios en el litoral, como rescates y asistencias técnicas en el mar.

La llegada de estas unidades se suma a la incorporación reciente de un nuevo vehículo autoescala de 32 metros y el refuerzo permanente de medios en La Graciosa, consolidando una infraestructura de emergencias cada vez más robusta y moderna, ha destacado la corporación insular.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, aseguró durante el acto que próximamente también se ampliará la plantilla del Consorcio, con la incorporación de más de una veintena de bomberos.

EFE1012213sgc/cas

Santa Cruz de La Palma, 28 abr (EFE).

– El Cabildo de La Palma ha aprobado la ampliación del plazo de la Declaración de Emergencia Sociosanitaria y de Atención Prioritaria, con el objetivo de agilizar la atención a personas mayores en situación de dependencia y garantizar el funcionamiento de los centros sociosanitarios de la isla.

La medida, acordada en Consejo de Gobierno, da continuidad al decreto aprobado en octubre de 2024 para mantener un marco administrativo excepcional que permita reducir los tiempos de respuesta ante la elevada demanda de plazas en residencias y centros de día.

La consejera de Acción Social insular, Ángeles Fernández, ha afirmado que el objetivo es evitar que las personas dependientes queden desatendidas por cuestiones burocráticas, destacando que esta herramienta facilita una gestión más ágil de recursos y personal.

El acuerdo incluye medidas para reforzar el sistema sociosanitario, como la creación de listas supletorias y equipos volantes para cubrir bajas y necesidades urgentes, en coordinación con los ayuntamientos.

También se prioriza la tramitación de expedientes vinculados a dependencia y salud, al tiempo que se garantiza la continuidad de los servicios esenciales en residencias de mayores y centros de atención a la discapacidad.

EFElgm/spf1012035

Santa Cruz De Tenerife, 28 abr (EFE).

– El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha asegurado que el futuro Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) contará con una ficha financiera superior a la actual y ha expresado su confianza en que su gestión pueda recaer directamente en la comunidad autónoma.

Domínguez ha respondido así este martes en el pleno del Parlamento a una pregunta del diputado del PP Juan Manuel García Casañas sobre la valoración del programa tras su reunión este mes en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Christoph Hansen, y los ponentes del informe del próximo Marco Financiero Plurianual.

El vicepresidente ha explicado que el Gobierno canario impulsó una enmienda en las instituciones europeas con el objetivo de garantizar tres aspectos: que el POSEI mantenga su identidad propia fuera de la Política Agraria Común (PAC), que incremente su dotación económica y que se clarifique su modelo de gestión.

Según ha indicado, en el primer debate en comisión parlamentaria europea se logró evitar su integración en la PAC, un paso que se somete este martes a votación en el Parlamento Europeo antes de continuar su tramitación en el Consejo, ha dicho.

En cuanto a la financiación, Domínguez ha afirmado que el programa “tendrá una partida económica superior a la actual”, mientras que sobre la gestión ha reconocido que sigue abierta la posibilidad de que la administración recaiga en el Estado o en la comunidad autónoma.

“El objetivo es que lo gestione directamente Canarias”, ha señalado el vicepresidente, quien ha defendido que el archipiélago, como región ultraperiférica, debe tener capacidad para administrar estos fondos.

Por su parte, García Casañas ha destacado la “unidad” política y del sector primario en las islas para evitar la recentralización del POSEI y ha subrayado la importancia de actualizar una ficha financiera que, según ha dicho, llevaba más de 17 años sin revisarse.

EFEcmg/spf

Santa Cruz de Tenerife, 28 abr (EFE).

– El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este martes que las medidas articuladas por el ejecutivo regional para paliar los efectos de la guerra de Irán en la economía doméstica van dirigidos a la población más vulnerable.

Clavijo ha indicado en el pleno del Parlamento de Canarias, a preguntas del diputado de Nueva Canarias Luis Campos, que lo que hará su gobierno es lanzar «medidas generales para toda la población» porque el impacto de la guerra se centra en las familias más vulnerables «y a ellas nos dirigimos», ha dicho.

Ha explicado que dentro del ámbito de competencias del ejecutivo autonómico se le está devolviendo «el 99,9%» del impuesto a los carburantes a los transportistas, pero si los productos «vienen de fuera» no puede intervenir en el coste de ese transporte.

Además, ha aludido a la bajada del IGIC para determinados productos y ha contrastado la menor subida de la inflación en Canarias que en el resto de España: un 3% frente a un 3,5%, con lo que «la estamos conteniendo», ha dicho.

Clavijo se ha referido también, dentro de las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, a los bonos consumo, a la renta de la ciudadanía, a los pretendidos complementos de las pensiones no contributivas, a expensas de que el Gobierno de España dé su autorización, y a la posible articulación de un fondo eléctrico.

Luis Campos (NC) ha opinado que la respuesta del ejecutivo regional ante el impacto económico del conflicto bélico en Oriente Medio ha sido «insuficiente, siendo benevolente», pues las medidas articuladas «llegan tarde» y de fondos propios Canarias «solo» aporta 14,5 millones de euros.

Campos ha denunciado que ninguna de las medidas están pensadas para las familias y las personas con menos recursos, y ha ironizado con la lista de productos a los que se le rebaja el IGIC, como la sal, la mantequilla o el café.

El diputado de NC ha indicado, asimismo, que apoya al Gobierno de Canarias en su reclamación de una flexibilización de las reglas de gasto y de un mayor margen de endeudamiento, pero eso no es excusa para afirmar que «no tiene margen para actuar» cuando «maneja 12.

500 millones y cada año deja de ejecutar 1.

000″.

También ha dicho que el resto de comunidades tienen los mismos condicionamientos y, sin embargo, han presentado «presupuestos más ambiciosos», y le ha planteado medidas específicas como la activación de complementos de la renta canaria, un bono social eléctrico y la moratoria alquileres en el parque público de vivienda.

Fernando Clavijo ha replicado que tiempo habrá tras el 30 de junio de analizar si las medidas articuladas «tienen o no efecto» en el bolsillo de los canarios, y ha añadido que lo que no harán es «mentir a la ciudadanía» porque «lo que podemos es amortiguar los efectos -de la guerra-, en ningún caso eliminarlos».

EFEjmor/spf

Santa Cruz de Tenerife, 28 abr (EFE).

– El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este martes su “gran preocupación” ante la inminente entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, al considerar que podría aumentar la presión sobre el archipiélago y convertirlo en un espacio de retención de personas migrantes.

Durante una sesión de control en el Parlamento, y en respuesta al diputado del grupo Mixto Raúl Acosta ha alertado de que el nuevo marco europeo presenta “lagunas” en su aplicación en territorios frontera como Canarias, en un contexto marcado además por el repunte de la ruta atlántica.

Clavijo ha subrayado que el Ejecutivo autonómico rechaza medidas como la creación de centros fuera de la Unión Europea o la posibilidad de que los países “paguen” para evitar acoger migrantes, lo que, según ha indicado, podría convertir a regiones como Canarias en “sumideros” de incumplimiento de derechos humanos.

El presidente también ha mostrado su inquietud por la falta de definición de la posición del Estado y ha confirmado que el próximo 18 de mayo se celebrará una conferencia sectorial para abordar este asunto.

En ese encuentro, Canarias defenderá sus propuestas, ya trasladadas al Gobierno central, ha agregado.

Otro de los aspectos que preocupa al Ejecutivo canario es que el pacto contemple periodos de retención de hasta seis meses para personas migrantes adultas, lo que podría tensionar aún más los recursos de las islas.

Clavijo ha anunciado que, tras la conferencia sectorial, convocará a los grupos parlamentarios para tratar de fijar una posición común de Canarias frente al nuevo marco migratorio europeo.

El diputado del grupo Mixto había advertido previamente de los riesgos de que el pacto genere una “sobrecarga inasumible” para las islas y de que se vulneren derechos fundamentales, en un escenario internacional complejo con focos de inestabilidad en países como Senegal o Mali, que podrían incrementar los flujos migratorios hacia Canarias.

En otra pregunta sobre el mismo asunto formulada por David Toledo, diputado de CC, partido del que el presidente es secretario general, Clavijo ha insistido en que el Gobierno de España ha actuado sin diálogo en un asunto “tan importante” como el nuevo reglamento migratorio europeo, al no haber convocado “ni una sola conferencia sectorial de inmigración ni una conferencia de presidentes”.

De nuevo ha cuestionado el enfoque del nuevo marco europeo, al considerar que “pone precio” a la gestión migratoria al permitir que países ricos paguen a otros para asumir la presión en zonas frontera, como es el caso de Canarias.

“El sistema pretende que los migrantes se queden recluidos en territorios limítrofes para que no ‘molesten’ a los países ricos por sus calles”, ha denunciado, al tiempo que ha calificado esta estrategia como “un sinsentido” y un ejemplo de “mala política”.

El presidente también ha reprochado que el debate se esté utilizando desde la “polarización” y el “enfrentamiento”, favoreciendo, a su juicio, el crecimiento de la ultraderecha, en lugar de abordar el fenómeno desde una perspectiva humanitaria.

En su intervención, Clavijo ha apelado además a la memoria histórica de Canarias, al recordar que más de medio millón de isleños emigraron el siglo pasado en busca de oportunidades, lo que, ha dicho, obliga a afrontar la migración actual desde el respeto a las personas.

Por último, ha expresado su confianza en que la conferencia sectorial prevista para el 18 de mayo suponga “un punto de inflexión” que permita fijar la posición de España y avanzar en cuestiones como la regularización y la gestión del nuevo reglamento europeo.

EFEbrr/spf