Santa Cruz de Tenerife, 30 abr (EFE).
– El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado inicialmente hoy jueves el borrador del proyecto de la ordenanza para la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
El texto pasará ahora a exposición pública durante un mes, periodo en el que se podrán presentar alegaciones, y una vez respondidas las aportaciones que se realicen, la ordenanza se volverá a llevar a pleno para su aprobación definitiva.
La zona de bajas emisiones se ubicará en el perímetro interior comprendido entre el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga.
Las restricciones de acceso a esta área se aplicarán de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas, y no afectarán a los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, vehículos de movilidad personal y vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C y B, que tendrán un acceso libre sin ningún tipo de trámite.
Las restricciones solamente se aplicarán a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001 y los de diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006.
Sin embargo, el desarrollo de la ordenanza contempla un amplio número de exenciones para facilitar su acceso previo cumplimiento de determinados requerimientos, como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o mediante autorización, que tendrá carácter gratuito.
La ordenanza que no será de plena aplicación hasta 2029.
El acceso a la zona de bajas emisiones con autorización dedica una atención especial a los colectivos más vulnerables: se permitirá a los vehículos de titulares que no pueden renovar el vehículo por incapacidad económica, con ingresos que no superen dos veces el IPREM, así como los de personas cuidadoras que acceden para la atender a mayores o dependientes empadronadas dentro de la misma.
Por otro lado, se incluyen los vehículos de las personas integrantes de unidades familiares que tengan reconocida la condición de familia numerosa y cuyo domicilio esté ubicado en el interior de la ZBE, con un máximo de dos coches por unidad familiar, prohibiéndose el uso simultáneo de la autorización.
El acceso a las autorizaciones contempla los automóviles de los titulares o arrendatarios de plazas de garaje privadas dentro de la ZBE, con un máximo de tres por plaza de garaje, que no podrán hacer uso en simultáneo, así como los de los usuarios abonados de alguno de los parkings públicos ubicados en la zona.
También podrán acogerse los vehículos de empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local o mercadillo ubicado en la ZBE, así como los vehículos comerciales destinados a la distribución urbana de mercancías.
A esto se suman los medios de transporte que accedan para dejar o recoger alumnado de educación infantil, primaria y secundaria y los de transporte discrecional y regular de uso especial que den servicio a las líneas que circulan por el interior de las ZBE.
Los vehículos para actos en la vía pública, ocupaciones y reservas de espacio cuyo acceso autorice el órgano competente, así como los que accedan a consultas y tratamientos médicos y centros veterinarios cuyas necesidades de movilidad podrán solicitar también una autorización.
Los vehículos de arrendamiento con conductor, los que estacionen en aparcamientos de uso público localizados fuera de la vía y se hayan integrado con el sistema de gestión de la ZBE y los de los clientes de talleres de reparación de automóviles que accedan a los ubicados en la ZBE completan la lista de excepciones contempladas en esta modalidad.
Además, se incluye los medios de transporte de entrega de medicamentos a centros sanitarios y oficinas de farmacia del área, de servicios funerarios, así como de los que accedan a farmacias de guardia o de apertura 24 horas fuera del horario comercial.
Completan el listado los vehículos con matrículas extranjeras o diplomáticas y los de autoescuelas con local en el interior de la ZBE.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha indicado que el Ayuntamiento tiene «la obligación legal» de establecer una ZBE, «estemos o no de acuerdo», y que esta ordenanza «cumple con la Estrategia de Transición Justa que viene recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética».
«Hemos intentado hacer la mejor ordenanza posible acorde a la ley, la normativa que tenemos, y con la experiencia de lo que ha ocurrido en otros sitios, en los que distintas sentencias han anulado la ordenanza», ha añadido.
A expensas del periodo de alegaciones, «intentaremos hacer un trabajo rápido y serio porque tenemos una espada de Damocles, que es el Gobierno de España, que nos ha dicho que si no se aprueba la ordenanza antes del 30 de junio vamos a perder 11 millones de euros que ya están invertidos en la ciudad», ha añadido.
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