Puerto del Rosario, 20 sep (EFE).
– Asamblea Majorera–Coalición Canaria Fuerteventura ha denunciado el “maltrato” del Ministerio de Transición Ecológica hacia el litoral majorero por el reciente caso de la vivienda en Cueva de la Negra, una casa centenaria sobre la que hay una orden de derribo.
Los nacionalistas denuncian, en un comunicado, lo que entienden como la “autoridad caciquil” que mantiene el Estado “sin tener en cuenta las singularidades de Fuerteventura y de Canarias con respecto a su litoral”.
Asimismo, AM-CC ha criticado la “sumisión” de los representantes del PSOE en Canarias y Fuerteventura que “han sido incapaces de levantar la voz ante su propio partido para poner fin a estas actuaciones”.
En este sentido, han señalado tanto al ministro Ángel Víctor Torres, como a la representante socialista por Fuerteventura en el Senado, Paloma Hernández, así como alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, y al vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, a quienes reprochan “no exigir a sus compañeros en el Gobierno de España un cambio en su forma de actuar sobre nuestro litoral”.
Por otro lado, la formación nacionalista ha recordado que fue el Cabildo de Fuerteventura quien adoptó las medidas cautelares que permitieron frenar el primer intento de derribo de la vivienda de la Casa de la Cueva, mientras se estudian los posibles valores patrimoniales del inmueble.
El reciente anuncio sobre una nueva intervención del Estado en dicha vivienda, prevista para el próximo 21 de septiembre y dirigida a su inhabilitación para los usos prohibidos por la Ley de Costas, ha generado una gran preocupación.
La institución insular, a pesar de no contar con competencias para decidir sobre la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, continúa trabajando para buscar una solución dentro de sus competencias y evitar que cualquier actuación pueda ocasionar una pérdida irreparable.
En este contexto, desde el partido se ha puesto en valor la implicación de la Presidencia del Cabildo y del área de Patrimonio, poniendo en marcha herramientas para tratar de proteger el inmueble, y han criticado que el Estado mantenga una política de hostilidades sobre el patrimonio y las familias majoreras.
“No se entienden las prisas del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Dirección General de Costas del Gobierno de España por actuar, pues no creemos que la Casa de Cueva de la Negra sea ahora mismo el principal problema del Estado ni que exista una urgencia que justifique estas actuaciones”, insisten los nacionalistas.
Asamblea Majorera–Coalición Canaria Fuerteventura considera que esta situación pone en evidencia las limitaciones del actual reparto competencial en materia de Costas y la necesidad de que Canarias pueda ejercer plenamente las competencias reconocidas en su Estatuto de Autonomía de 2018.
Por este motivo, desde el Parlamento de Canarias se ha continuado reclamando, mediante diferentes iniciativas, que el archipiélago ejerza plenamente las competencias que le corresponden sobre su costa.
Según los nacionalistas, “no tiene sentido que decisiones que afectan a nuestro litoral se sigan tomando a kilómetros de aquí, sin conocer el territorio ni las singularidades de Canarias”.
“El caso de la Cueva de la Negra ha servido para poner nuevamente el foco sobre esta situación”, han apuntado desde CC mientras se muestran preocupados porque “en circunstancias similares se encuentran varias viviendas y enclaves tradicionales como Los Molinos, Isla de Lobos, Jacomar y otros asentamientos costeros que forman parte de la historia de Fuerteventura”.
El derribo o desocupación de la Cueva de la Negra no es el único conflicto abierto en el municipio de Pájara.
En este municipio existen varias las actuaciones que se están siendo perjudicadas por la política “abusiva” del Gobierno de España sobre el litoral majorero.
Entre ellas, han apuntado al requerimiento para eliminar el aparcamiento del cementerio de Cofete, así como los aparcamientos de Risco del Paso y de la playa de El Salmo, este último ya cerrado.
También, el Estado ha interpuesto dificultades para acondicionar los accesos a las playas en buena parte de la costa del municipio y el bloqueo a la adecuación del paseo de La Lajita.
Desde la formación han concluido asegurando que “estas circunstancias seguirán produciéndose mientras el Gobierno de Canarias no pueda ejercer plenamente las competencias que le corresponden sobre la gestión de su litoral en el archipiélago”.
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