Madrid, 11 may (EFE).
– El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye varias piezas del caso Koldo, ha pospuesto al 21 de mayo la toma de declaración como imputado del comisionista Víctor de Aldama, inicialmente prevista para este jueves, en relación a los contratos de compra de mascarillas suscritos por los gobiernos de Canarias y Baleares en plena pandemia del covid-19 en 2020.
Junto a Aldama, el juez había llamado también a declarar como investigado al exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García, cuya citación en principio se mantiene para este jueves 14 de mayo, si bien su abogada Leticia de la Hoz ha presentado este lunes un escrito en el juzgado en el que pide que se anule la comparecencia de su representado por haber sido ya juzgado en el Tribual Supremo en relación a los contratos de compra de mascarillas.
El juez Moreno les ha citado a ambos para interrogarles en la causa en la que investiga los contratos de compra de mascarillas y de pruebas PCR que la trama Koldo gestionó con los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares en plena pandemia, presididos entonces por Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente.
En el primer juicio del caso Koldo, celebrado en el Supremo, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, hizo una misteriosa advertencia en su informes final: «Próximamente en la causa especial se conocerá la suerte del señor Torres y de la señora Armengol».
Recientemente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un informe al juez que apuntaba a que la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, delegó la gestión de compra de mascarillas durante la pandemia del covid-19 en el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino.
En uno de los mensajes analizados por la UCO, Koldo mostraba familiaridad con Armengol, de la que llegó a despedirse con un: «Vale cariño, te mantengo informada», cuando le propuso que contratara a las empresas de De Aldama para las pruebas de detección del Covid en los aeropuertos de Baleares.
En cuanto a los informes referidos a Canarias, por los que el juez ya llamó a declarar en su día a ambos investigados, en ellos la UCO sostiene que Aldama tenía a sueldo a Koldo García, al que presuntamente pagaba 10.
000 euros mensuales por influir a favor de sus negocios en diferentes administraciones.
Uno de los encargos que recibió Koldo fue conseguir que el Gobierno de Canarias abonara las facturas retenidas a Soluciones de Gestión por los problemas de homologación de sus mascarillas o por las reticencias de algunos funcionarios de la comunidad autónoma.
La Guardia Civil relata cómo la trama llegó hasta Torres a través de Koldo para que les ayudara a cobrar y enumera las gestiones que este hizo para que el Gobierno canario abonara lo debido.
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