Las Palmas de Gran Canaria, 11 may (EFE).
– La jueza de Instrucción de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha ordenado el ingreso en prisión por delitos de asesinato y estafa continuada del hijo de la ciudadana belga cuyo cuerpo apareció desmembrado el viernes pasado en el vertedero de la ciudad, cinco días después de su desapariciónSegún el extracto del auto de prisión que facilita el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se han recabado indicios de que el detenido, de 22 años, acudió el domingo, día 3, al domicilio de su madre, Katty O.
, de 56, con «la intención acabar con su vida» y conseguir un dinero que la víctima no quería entregarle.
Siempre según esos indicios, en el interior de la vivienda se produjo una discusión y una agresión «con extrema violencia».
El auto sostiene que, tras matar a su madre, el investigado habría efectuado varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima a la suya por un importe total de 3.
000 euros.
El juez explica que parte de ese dinero se habría destinado, presuntamente, a gastos realizados durante la madrugada y a la compra, a primera hora de la mañana, de diversos utensilios, entre ellos una sierra radial con la que supuestamente habría desmembrado el cuerpo y productos de limpieza.
Después, continúa, el investigado habría regresado a la vivienda, habría descuartizado el cadáver y se habría deshecho de los restos en contenedores próximos al domicilio, además de limpiar la escena y eliminar parte de los instrumentos utilizados.
Entre los principales elementos indiciarios valorados por el juzgado figuran las manifestaciones testificales, los vídeos de cámaras de seguridad, los movimientos bancarios, los albaranes de compra, la inspección ocular practicada en la vivienda, los hallazgos efectuados en el vertedero y la propia declaración del investigado, señala el TSJC, en un comunicado.
El auto también menciona indicios sobre la posible participación de una tercera persona no identificada plenamente en este momento.
Asimismo, la instructora destaca que todavía no han aparecido algunos de los objetos supuestamente empleados en los hechos, circunstancia que refuerza, a juicio del juzgado, el riesgo de destrucción de pruebas si el investigado quedara en libertad.
Desde el punto de vista jurídico y de manera provisional, la jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de asesinato con varias circunstancias agravantes.
En concreto, el auto aprecia de forma indiciaria alevosía, ensañamiento y la finalidad de facilitar la comisión de otro delito, además de un delito continuado de estafa por las transferencias realizadas sin consentimiento desde la cuenta bancaria de la fallecida.
La resolución examina igualmente la alegación de la defensa relativa al consumo de drogas y concluye, en esta fase inicial, que no existen elementos suficientes para apreciar que esa circunstancia afectara de forma relevante a la capacidad del investigado en el momento de los hechos.
También razona que, según los indicios expuestos, el consumo de sustancias no excluiría la posible planificación previa, que el auto sitúa al menos desde la mañana del mismo día.
Para justificar la medida cautelar, la jueza subraya principalmente el riesgo de fuga, atendida la gravedad de los delitos investigados y de las penas asociadas, que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión por el asesinato cualificado.
La resolución también tiene en cuenta la edad del investigado, su escaso arraigo familiar tras los hechos y la situación personal y laboral reflejada en las actuaciones.
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