Las Palmas de Gran Canaria, 12 may (EFE).
– Once organizaciones sindicales han presentado este martes un escrito ante la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas en el que denuncian una actuación «inadmisible» de la Policía Nacional durante la manifestación del Primero de Mayo, al considerar que se vulneró el derecho fundamental de reunión y manifestación reconocido en la Constitución.
Según el documento registrado, la manifestación –debidamente comunicada y autorizada para celebrarse entre las 11.
00 y las 14.
00 horas– reunió a unas 2.
000 personas y «se desarrolló inicialmente sin ningún tipo de incidente».
No obstante, los organizadores aseguran que desde el inicio el mando policial presionó de forma reiterada para imponer un ritmo concreto a la marcha, exigiendo «máxima puntualidad» en su comienzo y evitando cualquier parada, incluso mínima, para corear consignas.
Los sindicatos sostienen que agentes de la Policía Nacional se dirigieron tanto a la cabecera de la manifestación como a los distintos colectivos y sindicatos participantes, instándoles a acelerar el paso y a no detenerse, lo que generó «un importante malestar» entre los participantes.
A su juicio, estas actuaciones exceden la función policial de evitar cualquier alteración del orden público durante el evento al señalar que «no corresponde a la Policía Nacional marcar el ritmo, imponerlo, dirigir ni presionar a los manifestantes en el ejercicio de su derecho de reunión y manifestación, sin motivo alguno».
Antes de presentar el escrito, la secretaria insular de CCOO en Gran Canaria, Esther Ortega, ha subrayado que el Primero de Mayo «es una manifestación que se hace desde hace años, reivindicativa, donde participan personas mayores y familias con niños pequeños» y en la que tradicionalmente se realizan paradas breves para lanzar consignas.
Ortega ha denunciado que «no se puede pretender que en una manifestación de varios kilómetros las personas no se paren» y ha comparado la situación con otros eventos, como maratones o ciclistas, que implican cortes prolongados de tráfico sin cuestionamiento.
«No vamos a permitir que las organizaciones sindicales y la clase trabajadora estemos por debajo del derecho al ocio y al ciclismo, porque esto es un derecho fundamental», ha manifestado.
La secretaria insular de CCOO ha advertido que es la primera vez que esto ocurre en una manifestación por el Día del Trabajador y que «así se empieza recortando los derechos».
«Ya sufrimos un recorte gravísimo con la ley mordaza y no vamos a pretender que se recorten derechos fundamentales, como es el derecho a la libre manifestación pacífica», ha agregado.
La representante del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias (MTC), Lucy Rodríguez, ha afirmado que lo ocurrido no es un hecho aislado y lo ha enmarcado en un contexto más amplio de «aumento de la represión» y «libre criterio» de la conocida como ley mordaza.
Rodríguez ha asegurado que el activismo social, en especial el vinculado a la causa palestina, acumula más de 20.
000 euros en sanciones, muchas de las cuales, según ha dicho, están siendo anuladas en los tribunales.
El escrito dirigido a la Subdelegación del Gobierno solicita información detallada sobre las instrucciones que tenían los agentes desplegados ese día y reclama una reunión urgente entre representantes sindicales y la Delegación del Gobierno para abordar lo sucedido.
La representante del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias (MTC) ha advertido de que, si tras conversaciones cordiales con la Delegación del Gobierno no logran una solución, intensificarán «la denuncia pública de la represión que vienen sufriendo los distintos movimientos sociales y sindicales».
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