Santa Cruz De Tenerife, 23 may (EFE).
– El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha abierto un procedimiento sancionador contra el Real Casino por desarrollar actividades de ocio y restauración sin título habilitante, en una actuación que, ha afirmado, no responde a criterios arbitrarios ni discrecionales sino de defensa de la legalidad.
En un comunicado el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha indicado que esta decisión no supone cuestionamiento alguno de la relevancia histórica del Real Casino de Tenerife, cuyo papel en la vida social y comunitaria valora, y ha subrayado su voluntad de diálogo para buscar una solución dentro de la legalidad.
Añade que la adecuación administrativa responde a criterios de seguridad, control de actividades y protección de los derechos vecinales y sostiene que, precisamente por esa relevancia institucional y con voluntad de colaboración y entendimiento, el Ayuntamiento ha mantenido durante un prolongado periodo de tiempo numerosas reuniones y contactos con representantes de la entidad con el objetivo de facilitar la adecuación de determinadas actividades a la normativa vigente.
En ese marco colaborativo, el Ayuntamiento de Santa Cruz puntualiza que la actuación municipal no responde, por tanto, a una intervención súbita o desproporcionada, sino a un proceso continuado en el tiempo orientado a encontrar soluciones compatibles con la legalidad.
Añade que la ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias establece la obligación de obtener el correspondiente título habilitante para aquellas actividades susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, generar riesgos para las personas o producir afecciones medioambientales, entre ellas las acústicas.
La exigencia de dicho título habilitante no constituye una mera formalidad administrativa, sino un mecanismo legal esencial para garantizar la seguridad de las personas, la adecuada prevención de riesgos, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigibles y la protección de derechos de terceros, continúa.
La obtención de esta autorización permite verificar, con carácter previo al desarrollo de este tipo de actividades, el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa vigente en ámbitos tales como la protección contra incendios, evacuación, aforos, accesibilidad, salubridad, insonorización o seguridad de las instalaciones.
Explica el consistorio que las actividades de restauración, ocio y eventos desarrolladas en la entidad se dirigen a una colectividad amplia de personas y presentan características propias de pública concurrencia, con independencia de la naturaleza asociativa de la institución o de la existencia de la condición formal de socio.
Asimismo, señala que los riesgos cuya prevención persigue la normativa no son meramente hipotéticos y detalla que a raíz de una denuncia vecinal, se han constatado episodios de contaminación acústica superiores a los límites legalmente establecidos.
Como consecuencia de dicha constatación, y en cumplimiento de las obligaciones legales que corresponden a la Administración municipal en materia de disciplina y control de actividades, se ha incoado el correspondiente procedimiento sancionador, actualmente en tramitación y pendiente de resolución definitiva, con plena garantía de los derechos de audiencia y defensa de la entidad afectada.
El Ayuntamiento tiene la obligación legal de garantizar el equilibrio entre el legítimo desarrollo de actividades sociales y culturales y la protección de los derechos de los vecinos, actuando siempre conforme al principio de interés general y al sometimiento pleno a la legalidad, precisa.
La Gerencia Municipal de Urbanismo subraya igualmente que las actuaciones practicadas responden exclusivamente al ejercicio de las potestades legales de inspección, control y disciplina administrativa atribuidas a la Administración municipal, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de actividades clasificadas, seguridad, protección ambiental y convivencia ciudadana.
Al respecto, señala que los procedimientos de regularización y adecuación administrativa no afectan de manera singular al Real Casino de Tenerife, sino que forman parte de las actuaciones que se vienen desarrollando respecto de distintos clubes y entidades sociales de la ciudad cuya situación administrativa requiere adaptación a las exigencias legales actualmente vigentes.
Por ello, la actuación municipal no responde a criterios arbitrarios ni discrecionales, ni supone cuestionamiento alguno de la relevancia histórica del Real Casino de Tenerife, sino al ejercicio responsable de las competencias que la legislación atribuye a la Administración pública en materia de seguridad, convivencia y protección de derechos.
El Ayuntamiento reitera finalmente su disposición al diálogo y a la colaboración institucional para mantener cuántas reuniones sean necesarias de forma que la entidad pueda adaptar sus actividades a las exigencias legales vigentes en condiciones de seguridad jurídica y convivencia adecuada con el entorno residencial.
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