Santa Cruz De Tenerife, 24 may (EFE).
– El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha convocado una manifestación el próximo 27 de junio para defender el derecho a la vivienda y denunciar el avance de la especulación inmobiliaria que, a su juicio, continúa expulsando a vecinas, trabajadores y familias de sus barrios y de sus municipios.
La movilización se celebrará en La Laguna porque este municipio simboliza de forma clara el impacto de la crisis habitacional que atraviesa Canarias, así como las lógicas especulativas, según ha informado este domingo el Sindicato de Inquilinas en un comunicado.
Esta movilización nace en un contexto de emergencia habitacional cada vez más grave en Canarias, donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la clase trabajadora, añade.
Frente a esta realidad, el Sindicato denuncia que el actual sistema habitacional responde a una lógica estructural profundamente subordinada a la rentabilidad económica, la inversión especulativa y la mercantilización del territorio, situando el beneficio privado por encima del derecho a la vivienda.
Entre las principales demandas que se trasladarán con esta convocatoria se encuentran la declaración inmediata de zonas tensionadas, y el consiguiente tope al alquiler, en municipios especialmente afectados por el aumento de precios y la presión inmobiliaria, como La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, donde el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda está expulsando progresivamente a residentes y familias trabajadoras.
Asimismo, defiende la puesta en marcha de una política efectiva de recuperación de vivienda vacía, especialmente aquella acumulada en manos de grandes propietarios y tenedores, a través de mecanismos de presión fiscal e incremento de impuestos que incentiven su incorporación real al mercado residencial.
Frente a ello, rechaza modelos como la denominada bolsa de vivienda vacía impulsada por el Gobierno de Canarias, basada en la voluntariedad y en incentivos fiscales a propietarios, una fórmula que no modifica las dinámicas especulativas ni garantiza un aumento estructural de vivienda accesible.
También reclama la prohibición de la compra de segundas residencias por parte de capital especulativo, incluido el extranjero, entendiendo que el territorio y la vivienda no pueden seguir utilizándose como activos financieros o instrumentos de acumulación mientras se profundiza la exclusión residencial de quienes viven y trabajan en Canarias.
Junto a ello, considera imprescindible una ampliación decidida y sostenida del parque público de vivienda, sobre todo, a través de la recuperación, movilización y puesta en uso de vivienda vacía ya existente, priorizando su función social y su destino a alquiler asequible o vivienda protegida blindada de por vida.
La movilización del 27 de junio busca abrir un nuevo espacio de presión social y organización colectiva frente a un modelo habitacional que continúa beneficiando la especulación frente al derecho a la vivienda, añade el Sindicato de Inquilinas.
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