Arrecife (Lanzarote), 26 mayo (EFE).
– El PSOE ha exigido la comparecencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, tras conocer que un Juzgado de Arrecife investiga al consejero del Área de Residuos, Domingo Cejas, por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente relacionado con el incendio de mayo de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas, ha anunciado este martesLos socialistas señalan, en nota de prensa, que la Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife mantiene abiertas diligencias penales por aquel incendio, después de que la Fiscalía apreciara indicios de posibles delitos medioambientales.
El consejero socialista en el Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, denuncia que “lo más grave no es solo que exista una investigación penal por un incendio en una instalación pública esencial, sino que el gobierno de Oswaldo Betancort haya decidido ocultarlo durante meses a la ciudadanía”.
Para el PSOE, estos hechos obligan al presidente del Cabildo a comparecer y explicar “desde cuándo conocía esta situación, por qué no informó públicamente, qué medidas se han adoptado desde entonces y qué evaluación interna se ha realizado sobre las condiciones de seguridad, vigilancia y control del Complejo Ambiental”.
“Esperamos que esta vez el gobierno no repita el guion de siempre: parapetarse detrás de los técnicos para no asumir ninguna responsabilidad política.
Aquí hay una investigación judicial por un incendio grave en Zonzamas y quien tiene que dar explicaciones es quien gobierna”, ha señalado Perdomo.
El consejero asegura que “la investigación judicial no se refiere a un episodio menor ni aislado, sino a un incendio de enormes proporciones en una infraestructura pública esencial para Lanzarote” que obligó a activar el Plan de Emergencias Insular.
Subraya que el fuego afectó a la celda de vertido y generó una intensa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la isla, “lo que evidencia la gravedad de unos hechos sobre los que el Cabildo no puede limitarse a guardar silencio”, apunta.
“Cuando una investigación judicial alcanza esta dimensión, cuando afecta a un servicio público esencial y cuando puede tener consecuencias administrativas, penales y reputacionales para la institución, el Cabildo tiene la obligación democrática de dar la cara, explicar lo ocurrido y asumir responsabilidades políticas”, concluye el consejero Perdomo.
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