Las Palmas de Gran Canaria, 29 may (EFE).
– El grupo del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha acusado este viernes a la corporación insular y sus entes dependientes de otorgar más de 213 millones de euros en «subvenciones a dedo» en el ejercicio 2025.
En un comunicado, el portavoz del PP y líder de la oposición en el Cabildo, Miguel Jorge, afirma que esta cantidad «supone un incremento del 4,4% respecto al año anterior», tal y como recoge un informe de control interno elaborado por la Intervención General llevado este mismo viernes al Pleno en sesión ordinaria.
En total, el gobierno de NC y PSOE que preside Antonio Morales «concedió el pasado año 282 millones en subvenciones, lo que representó el 28,6 % del presupuesto consolidado de la corporación insular», refiere el escrito.
La mayor parte de estas ayudas, detalla, un total de 210 millones, se corresponde con transferencias corrientes, mientras que el resto, 72 millones, se asignó mediante transferencias de capital.
Una año más, la Intervención General advierte de que, “en el 75,6 % del total de subvenciones concedidas en 2025, se utilizó el procedimiento de concesión directa, normalizándolo como forma habitual”, pese a tener “carácter excepcional”, sostiene el PP.
Partido que afirma que, aunque el órgano fiscalizador recomienda desde hace varios años “la utilización del procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva”, el volumen de subvenciones a dedo aumentó un 34,5 % respecto a 2024.
Añadiendo que el informe señala que “la gran mayoría de la subvenciones del Cabildo se conceden de forma anticipada, siendo esta también la excepción legal”, ya que, además, si dichas concesiones no van acompañadas de un adecuado seguimiento que permita su justificación y reintegro, en su caso, «se puede producir un perjuicio para los fondos públicos”.
El portavoz popular apostilla que el pago anticipado de las ayudas ha provocado, según la Intervención General, que más de 88 millones de euros estuvieran pendientes de justificación a 31 de diciembre de 2025.
Para Miguel Jorge, esto supone «un retraso que se agrava», por el hecho de que “raramente se regula la posibilidad de exigir garantía para el cumplimiento de la subvención y la justificación de la misma”.
Su conclusión es que este proceder «revela una vez más un modo de gobernar basado en el clientelismo político, en el que se utiliza el presupuesto público para intentar comprar voluntades y tener una sociedad domesticada”.
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