Santa Cruz de Tenerife, 29 may (EFE).
– La Diputación del Común sugiere la realización de una auditoría externa sobre la situación del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, que fue objeto de una investigación de oficio por parte de esta institución en 2025.
El HUC «necesita una auditoría ya», ha proclamado la Diputada del Común, Dolores Padrón, en la presentación en comisión parlamentaria del informe de la institución correspondiente al pasado ejercicio.
Cree que la de este hospital en Tenerife es «el reflejo de la situación que pueden tener todas las urgencias» en Canarias por la obsolescencia del modelo y porque la falta de personal «es evidente», al punto de haberse encontrado en esa investigación de oficio con un médico residente «solo en urgencias con 30 personas en una habitación».
Padrón ha insistido en que se debe mejorar «todo el sistema de urgencias en Canarias», y ha señalado que le «rechina» cuando se alude a los pacientes con alta que ocupan una cama hospitalaria por falta de plazas sociosanitarias «para justificar que las urgencias están colapsadas».
Más allá de la sanidad, el informe de la Diputación del Común de 2025 pone el acento en los menores, y de hecho incluye un apartado específico sobre acoso en las aulas, y en la dificultad en el acceso a la vivienda.
«Lo más preocupante» de la fotografía que hace este informe sobre la realidad socioeconómica de Canarias que todos los grupos del Parlamento, sin excepción, han reconocido como fiel y certera, está en la situación de los menores y los adolescentes.
Dolores Padrón ha advertido de que «quizá» el porcentaje de pobreza y riesgo de exclusión social que señalan las estadísticas, cercano al 40%, es mayor, ya que no se cuenta a los que están en centros de acogida.
Ha urgido a actualizar los instrumentos normativos -Canarias lleva 25 años sin un nuevo plan integral de protección de menores- y a aprovechar el pacto canario por la infancia para que todas las áreas, Educación, Sanidad, Servicios Sociales y otras, «puedan relacionarse y construir juntas en base a su experiencia».
En definitiva, lo que plantea es «montar una estructura diferente porque la actual no responde», pues existe «un problema de fondo», ya que hay protocolos pero «las respuestas no llegan siempre a la velocidad que los menores necesitan»; falta personal especializado y hay dificultades en el acogimiento y la adopción.
La Diputación del Común propone una «atención temprana real» de 0 a 6 años, así como reforzar las escuelas infantiles y la conciliación, y avanzar hacia el objetivo del 5% del PIB regional en Educación fijado por ley.
Padrón se ha dirigido a los diputados que conforman la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia y les ha pedido «que se apliquen con la infancia» porque «es un problema donde se nos va el futuro».
Ha insistido en que los menores, y también los mayores, deben ser una prioridad en la agenda política de todas las administraciones, porque además siempre acaban repercutiendo en las mujeres: seis de cada diez quejas recibidas en 2025 por la institución las interpusieron ellas.
Es el caso, por ejemplo, de uno de los grandes problemas que refleja el informe del año pasado, el acceso a la vivienda, donde las mujeres acapararon el 68% de las quejas, bien de familias monomarentales, con dificultades económicas o víctimas de violencia machista.
Las quejas relacionadas con derechos sociales aumentaron el año pasado un 7,36% y dentro de éstas, las relativas a la renta canaria representaron el 67%.
Padrón ha analizado que en estos momentos el sistema de derechos sociales «se sostiene en gran media» gracias a los «esfuerzos invisibles» de las familias y del llamado tercer sector, y ha reconocido que en materia de dependencia ha habido avances en la tramitación de los planes individualizados (PIA), y que ahora hay que mejorar en la prestación efectiva de la ayuda.
Pero sucede que cuando no existe ese respaldo familiar y la persona que necesita ayuda se encuentra con el silencio administrativo, tiene que lidiar sola con la pobreza o con una situación de dependencia, lo cual provoca «un colapso vital».
Dolores Padrón ha hecho hincapié en el déficit de personal en la administración, no solo en Servicios Sociales, sino también en el Instituto Canario de la Vivienda, en Menores e Infancia, e incluso en la propia Diputación del Común.
Porque «cuando la administración no responde, la cohesión social se resiente», ha sentenciado.
El informe de 2025 recoge más de 29.
000 actuaciones y 3.
572 quejas tramitadas, de las cuales el 70% tuvieron una resolución favorable para el ciudadano.
Una de las novedades del informe es que más allá del recuento de quejas, realiza un análisis cualitativo de los problemas que subyacen y que perduran con el paso de los años.
Otra es que ahonda en la mediación en materia de discapacidad y dependencia, que acaparan más de un tercio de toda la actividad de la institución.
Asimismo, refleja la consolidación de la llamada ‘Escuela de ciudadanía’ y el convenio con la Real Academia Española para eliminar «barreras terminológicas».
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