El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado este miércoles que el auto del Tribunal Supremo que obliga al Estado a acoger más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo «hay que cumplirlo» porque, ha proseguido, «si el Gobierno de España no tiene capacidad, imaginemos Canarias, con un nivel de saturación que dificulta» atender a los derechos de estas personas.
Autor: corresponsal
La jueza de la dana pide a Emergencias los avisos que dio a los ayuntamientos el 29-O
València, 7 may (EFE).- La jueza que instruye la causa penal sobre la dana del 29 de octubre ha pedido al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat que informe de los avisos que dio ese día a los ayuntamientos con riesgo de inundaciones para tomar medidas de control sobre los cauces de los ríos.
La instructora Nuria Ruiz Tobarra ha acordado también que el Centro de Emergencias informe de las rondas de seguimiento con los organismos y servicios colaboradores hechas ese día para tener información sobre la intensidad y el lugar donde se estaban produciendo las precipitaciones y aumentos en los niveles de los cauces.
Así consta en un auto por el que la titular del Juzgado de instrucción 3 de Catarroja (Valencia) acepta varias solicitudes de documentación planteadas por una de las acusaciones populares en esta causa, el sindicato Fetap-CGT.
Solicitudes al Centro de Emergencias
La instructora quiere saber si, en cumplimiento del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones y dada la situación de preemergencia declarada el 28 de octubre, se remitieron desde el Centro de Emergencias «los correspondientes avisos» a todos los municipios con un plan de riesgo para controlar los cauces de los ríos.
También pide cuántos municipios constituyeron el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) -el sindicato sostiene que solo lo hicieron Algemesí y València-, si se les requirió que lo hicieran, y los datos de retorno facilitados por estos al Centro de Emergencias.
Además, reclama el informe de seguimiento de la situación de emergencia que debía elaborar este Centro de Coordinación según el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones, y qué rondas se hicieron con los organismos y servicios colaboradores para saber el alcance de la situación.
Pide asimismo al Centro de Emergencias si se establecieron los procedimientos de actuación específicos con las actuaciones de los diferentes órganos que integran el Cecopi, y si esos protocolos establecían las pautas de coordinación sobre las demandas de servicios por los ayuntamientos y las llamadas efectuadas al teléfono 112.
También plantea si se solicitó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ajustar la predicción a muy corto plazo en una cuenca o zona de la que se precisara conocer la evolución, y cuándo se constituyeron y por qué personas dentro del Cecopi el Comité Asesor, el Grupo de Seguimiento del Riesgo, el Grupo de Gestión de Medios y Recursos y el Gabinete de Información, como marca el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones.
Rescates en helicópteros de Salvamento
La jueza ha pedido además a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) los servicios de salvamento y rescates de personas por parte de los bomberos forestales de la Generalitat el 29 de octubre con helicópteros de salvamento aéreo.
También ha admitido un análisis presentado por CGT sobre el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana e informes ampliatorios.
Por otra parte, la jueza da cuenta de la inhibición del juzgado de refuerzo transversal de Torrent sobre una denuncia contra el presidente de la Aemet y su incorporación a una pieza separada de la causa donde se han recogido otros escritos y denuncias de personas que no son perjudicadas ni ejercen acusación popular. EFE
El Supremo se opone a indultar la condena de inhabilitación a Junqueras
Madrid, 7 may (EFE).- El Tribunal Supremo se ha opuesto a conceder un segundo indulto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que exonere la condena de inhabilitación vigente hasta 2031, al advertir de que no cabe convertir en total lo que fue un indulto parcial concedido en 2021, que extinguió las penas de prisión.
La Sala que juzgó el ‘procés’ ha informado desfavorablemente contra la petición de indulto que fue presentada el pasado 12 de julio por un ciudadano catalán ante el Ministerio de Justicia, poco después de que el alto tribunal rechazase aplicar la amnistía a Junqueras y a los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raul Romeva.
Esta postura choca con el criterio de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, que había solicitado a la Sala Segunda que accediese a la petición de indulto.
Recuerda la Sala que el carácter parcial de indulto concedido por el Gobierno, que extinguió las penas de prisión, era consecuencia obligada del informe negativo a su concesión emitido por la Sala, lo que impedía un indulto total de acuerdo a la Ley.
El tribunal considera que conceder un segundo indulto «vulneraría de forma flagrante la prohibición legal. Se abriría así una indisimulada vía de interferencia gubernativa en las resoluciones judiciales firmes que permitirían convertir en total lo que el legislador ha querido que sea parcial».
«Y -continúa- no puede ser el fruto de una fragmentación de la condena que, mediante la acumulación de sucesivas solicitudes de indulto, eluda la prohibición legal. El encadenamiento de peticiones de indulto por los mismos hechos delictivos no puede servir de excusa para eludir los límites impuestos por la ley».
La Sala subraya que «sustituir ahora el primer indulto parcial otorgado por el Gobierno por un segundo indulto parcial o total chocaría frontalmente con los límites que hacen legítima su concesión» y destaca que ambas peticiones provienen del mismo ciudadano.
Además, el auto deja claro que no concurre la más mínima prueba ni el más débil indicio de arrepentimiento por parte de los condenados, requisito previsto en la ley de indulto para valorar la conducta posterior a la ejecutoria de la condena.
Por todo ello, reitera que el derecho de gracia no puede funcionar como una vía para dejar sin efecto una condena firme, ni ser entendido como una forma de segunda instancia ante el Gobierno. EFE
Clavijo afea el “desconocimiento” de Cantabria hacia la ley por solicitar que se valore expatriar a 18 menores
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este miércoles que la decisión del Gobierno cántabro de solicitar que se valore la apertura de procedimientos de expatriación para 18 de los 20 menores extranjeros no acompañados tutelados por esa comunidad muestra su “desconocimiento absoluto” por las leyes españolas, así como un “cierto desprecio” por los derechos del menor, que “realmente tienen que ser escuchados”.
“Yo creo que pierden el tiempo. Al final, muestran un desconocimiento absoluto de las leyes españolas, y muestran también cierto desprecio por los derechos de los menores, que realmente tienen que ser escuchados. Desde luego, ni se lo va a autorizar ninguna fiscalía ni ningún juzgado”, ha respondido Clavijo a esta cuestión en La Laguna (Tenerife), a donde ha asistido a un acto de presentación de la estrategia canaria aeroespacial.
Así, el presidente canario ha defendido el derecho que tiene el menor a “ser escuchado”. De este modo, ha proseguido, “si el menor dice que no quiere irse, no se va a ir. Con lo cual, prevalece la voluntad del menor”.
Fortalecer la lactancia materna, una cosa de todos
La lactancia materna es la manera más adecuada, sana y segura de alimentar a un recién nacido y es ampliamente reconocida nutricionales, inmunológicas y por la cercanía emocional que genera entre madre y bebé.
Para fomentar su empleo, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF pusieron en marcha, hace 30 años, la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (iHAN). Con ella, se busca lograr que todos los centros sanitarios españoles promuevan, de forma adecuada, el parto humanizado y el empleo de la lactancia materna exclusiva.
En los últimos años, la promoción de esta acción ha cobrado una especial relevancia en Canarias, formando parte de una de las prioridades de la Consejería de Sanidad. Esto se puede ver reflejado en los diversos programas e iniciativas que, desde los complejos hospitalarios y centros sanitarios, se desarrollan para potenciarla.
Prueba de ello es la reciente celebración del XII Congreso de Lactancia Materna, que se desarrolló en Gran Canaria, y que contó, entre otras personalidades sanitarias, con la consejera Técnica del Área de Promoción de la Salud y Equidad del Ministerio de Sanidad, la presidenta del Comité canario de UNICEF o la presidenta de la iHAN en España.
Pero no solo esto, puesto que las profesionales canarias lideraron la mayoría de las ponencias, exponiendo programas, protocolos y nuevas ideas con las que mejorar las acciones de fomento de la lactancia materna exclusiva.
Es destacable, también, dentro de las iniciativas que se desarrollan en el Archipiélago, la reciente creación del Banco de Leche Materna Donada del Hospital Insular – Materno Infantil de Gran Canaria, que se suma al del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Estas unidades permiten que aquellas madres que, por diversos motivos, no pueden alimentar a sus recién nacidos con leche propia, puedan emplear la de otras mujeres, previo cumplimiento de una serie de requisitos.
A pesar de los evidentes avances y esfuerzos que se realiza desde todos los centros sanitarios, persisten desafíos como la conciliación laboral y familiar de las madres, que pasa por la necesidad de ampliar los permisos de maternidad para facilitar la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses.
Esto se traduce en que, a pesar de que más del 60% de las mujeres emplea la lactancia materna exclusiva en las primeras seis semanas desde el nacimiento del bebé, esta cifra desciende drásticamente cuando se llega a los seis meses, quedándose en menos del 30%.
Es fundamental que se continúen aplicando medidas que permitan mantener una de las prácticas más saludables para que los menores desarrollen un buen sistema inmunitario. Hablando del futuro de Canarias, fortalecer las políticas públicas y ampliar el apoyo institucional no parece un gran reto.
La atención especializada ante hallazgos sospechosos, clave en el cáncer de riñón
La inexistencia de síntomas en las fases iniciales del cáncer de riñón hace que su diagnóstico se produzca en la mayor parte de los casos de forma incidental al estudiar otras patologías mediante pruebas de imagen como la ecografía o el TAC, afirma el coordinador del Servicio de Urología Hospital Parque-Urointec, Pablo Juárez del Dago. En este sentido, destaca que la atención por parte de especialistas de cualquier hallazgo sospechoso resulta fundamental para poder realizar una detección precoz.
Añade que el estudio por parte de urólogos y el acceso a pruebas de imagen de calidad favorecen un diagnóstico temprano, estadio en el cual la tasa de curación del tumor puede superar el 90% tras una cirugía adecuada.
Explica que el cáncer de riñón, pese a no ser una de los tumores más comunes, representando el 3% de todos los cánceres en adultos, está registrando un aumento en su incidencia, con unos 384 casos anuales detectados en Canarias.
Esta patología afecta principalmente a hombres entre los 55 y los 75 años, aunque se ha detectado un aumento en mujeres. Su presencia no está relacionada con una causa concreta pero se asocia a diferentes factores de riesgo, como el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión. A esto se suman, aunque con menor frecuencia, algunos síndromes genéticos, así como ciertas exposiciones químicas prolongadas.
Pese a que el cáncer de riñón no manifiesta síntomas iniciales, cuando el tumor avanza puede aparecer sangre en la orina, dolor o molestia persistente en el costado, pérdida de peso o fatiga inexplicada, además de la presencia de una masa palpable en el abdomen.
Pablo Juárez del Dago destaca que el tratamiento principal del cáncer de riñón se centra en la cirugía. En este sentido, puntualiza que desde la Unidad de Hospital Parque se lleva a cabo una intervención, precisa, mínimamente invasiva y personalizada, que permita curar el cáncer sin comprometer la función renal ni generar efectos secundarios innecesarios.
Asimismo, incide en la apuesta por la realización de nefrectomías parciales, incluso en tumores grandes, cuando es técnicamente posible, con el objetivo de preservar el riñón y que el paciente pueda mantener una buena calidad de vida a largo plazo.
En los casos más avanzados o metastásicos se incorporan terapias dirigidas e inmunoterapia, tras la valoración del paciente por parte de un equipo multidisciplinar.
Pablo Juárez del Dago señala que en aquellos casos en los que se puede conservar parte del riñón tras la intervención, las secuelas suelen ser mínimas. No obstante, si es necesario extirpar completamente un riñón, el otro suele compensar la función renal, aunque se requiere un seguimiento exhaustivo del paciente.
Por otro lado, resalta la importancia de realizar acompañamiento emocional del paciente a través de una atención humana, integral y cercana.
PP y Vox rechazan limitar la compra de vivienda de extranjeros en Canarias y Baleares
El Senado ha rechazado este martes con los votos del PP y Vox una moción del Grupo Izquierda Confederal, por la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas para limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en Canarias y Baleares.
La moción, debatida en la Comisión Mixta de Insularidad, ha sido rechazada por considerar que esta iniciativa es ilegal, no aporta soluciones y que sólo pretende levantar barreras y culpar a los compradores extranjeros del problema de la vivienda.
Previamente, el senador Fabián Chinea, de Sumar, había hablado del grave problema de vivienda que existe en las islas y de la necesidad de establecer un marco normativo que limite, regule o condicione la compra de inmuebles por parte de ciudadanos no residentes.
También pedía que se impulsaran medidas para fomentar la vivienda asequible, la rehabilitación del parque inmobiliario y que se priorice el acceso para residentes en ambos archipiélagos.
En su exposición, ha hecho hincapié en que son medidas que se están adoptando en otros países europeos como Dinamarca o Malta, y en que esta moción no se enmarca en una batalla ideológica, sino en la defensa del modelo de isla que queremos para el futuro.
El diputado de Vox Jorge Campos, por su parte, ha opinado que lo único que pretende esta moción «ilegal» es desviar la atención de la mala gestión del Gobierno en materia de vivienda culpando a los compradores extranjeros.
Y ha añadido que prohibir o limitar la compra de vivienda a ciudadanos extranjeros es «pura xenofobia», mientras que el PP ha responsabilizado del problema de la vivienda al Ejecutivo de Pedro Sánchez por «no gestionar» y «hacer promesas vacías» en esta materia.
Para los populares, el problema de la vivienda lo ha generado el Gobierno con inseguridad jurídica, burocracia, la subida de impuestos y dando «total impunidad a los okupas».
La diputada del PSOE María Dolores Corujo, del PSOE, por su parte, se ha centrado en las medidas que ha tomado el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la eliminación de las denominadas Golden Visa (el permiso de residencia para extranjeros inversores en España) y la aprobación de ley de la vivienda.
Domínguez dice que el Gobierno «toma el pelo» a Canarias con los menores migrantes y le insta a que se cumpla la ley
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que el Gobierno central «toma el pelo» a Canarias con la distribución de los menores migrantes y le ha instado a que «se haga lo que la ley dice».
En declaraciones a los periodistas al ser cuestionado por la conferencia sectorial de Infancia celebrada este lunes en Madrid, se ha remitido a que el Gobierno está habilitado para impulsar los traslados tras la sentencia del Supremo que obliga a acoger a más de 1.000 menores solicitantes de asilo en la red estatal y al último decreto ley aprobado en el Congreso que abre la puerta a la distribución por comunidades.
Sobre la falta de apoyo del PP a la distribución, ha hecho suyas las declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reconocido que aunque la ley no le guste, «la tiene que cumplir».
Domínguez ha apuntado que el Gobierno tenía cuatro grandes objetivos cuando inició este proceso, y tres de ellos «se han cumplido», concretamente, el «enfrentamiento» de la sociedad, los partidos políticos y las comunidades autónomas, pero no el cuarto, que era «romper» el pacto en el archipiélago.
«No lo va a lograr», ha señalado, subrayando que cada vez que hay una reunión para abordar este tema, aflora el «enfrentamiento».
El PP pide la comparecencia de Puente en el Congreso y una auditoría de la red ferroviaria
Madrid, 5 may (EFE).- El Partido Popular ha exigido este lunes al Gobierno que lleve a cabo una auditoría de la red ferroviaria para analizar los constantes incidentes que se registran y ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, así como que se indemnice a todos los viajeros afectados por los retrasos producidos este domingo.
«Solicitaremos la comparecencia urgente del ministro Puente en el parlamento y exigiremos al Gobierno que elabore una auditoría de toda la red ferroviaria, porque lo que ha ocurrido hoy, repito, no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado», ha apuntado en una rueda de prensa el vicesecretario del PP de Economía, Juan Bravo.
Bravo, que fue uno de los afectados por los retrasos de los trenes, ha apuntado además que van a pedir que se devuelva «cuanto antes» el coste del billete a los pasajeros y que se «indemnice a los miles de afectados por esta circunstancia».
Con lo sucedido, ha agregado, queda «claro» que la alta velocidad en España «ha pasado de ser un servicio modélico» a «convertirse en un modelo catastrófico con este Gobierno».
Hoy en día, ha añadido, «se recaudan más impuestos que nunca para tener los peores servicios públicos» y dentro del ámbito ferroviario todas las semanas se conocen «situaciones especiales» en los trenes.
En la misma rueda de prensa ha estado presente el portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha afirmado que en el partido están «seriamente preocupados» porque «el deterioro de los servicios públicos es continuo» en España.
En España se pagan «impuestos propios de un país avanzado», pero cada vez hay más servicios públicos de un país «en serio retroceso», ha protestado.
Una semana después del apagón del que todavía se desconocen las causas -ha agregado Sémper-, llega una «nueva semana de caos» y «sobresaltos», una «vergüenza más» a la que el Gobierno tiene acostumbrados a los españoles.
El portavoz popular ha criticado también la «desinformación» del Gobierno que permitió que miles de personas se subieran a trenes sabiendo de antemano lo que estaba sucediendo. «Nos hablan de sabotaje» y «culpan a todos» sin «asumir cualquier tipo de responsabilidad».
«Este Gobierno siempre responde al mismo patrón, se lava las manos y la culpa es del resto», ha afirmado.
La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el robo de cable en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
El ministerio de Transportes ha localizado en cinco puntos de los municipios toledanos de Los Yébenes y Manzaneque y su titular, Óscar Puente, ha calificado de «sabotaje» lo sucedido.
La sustracción del cable, junto al posterior «enganchón» de un tren de Iryo que arrastró la catenaria, según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, han afectado en conjunto a al menos 10.700 viajeros y 30 trenes y han causado aglomeraciones en las estaciones de Santa Justa (Sevilla) y Atocha (Madrid). EFE
Nuevo intento de alcanzar un acuerdo sobre el reparto de menores inmigrantes
El Ministerio de Juventud e Infancia reúne hoy a todas las comunidades autónomas, con Madrid y Aragón recurriendo ante el Constitucional
Las comunidades autónomas se reunirán hoy para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias y Ceuta hacia otras regiones.
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia fue convocada inicialmente para el pasado lunes, 28 de abril, pero se suspendió debido al apagón eléctrico.
El Ministerio de Juventud e Infancia reúne hoy a todas las comunidades autónomas
El objetivo de la cita, que estará presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es sacar adelante un acuerdo en diferentes puntos, alineados con el real decreto ley aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso el pasado 10 de abril.
La propuesta recoge cuestiones claves del mecanismo creado por el Gobierno, que supondrá el traslado de unos 4.400 chicos, la mayor parte desde Canarias, durante el primer año y a partir del verano.
El decreto da poder a la Conferencia Sectorial para cambiar varios de sus aspectos si así lo acuerdan las comunidades por unanimidad, algo poco probable, ya que existe una gran oposición de las regiones a esta cuestión, especialmente de las gobernadas por el PP.
La Comunidad de Madrid y Aragón han recurrido ante el Constitucional el decreto y la segunda también ha recurrido ante la Justicia la petición de datos del Ejecutivo a las comunidades autónomas sobre cuántos menores extranjeros no acompañados acoge cada una y la convocatoria de la sectorial.
El mismo texto del real decreto ley especifica que, en el caso de que no haya acuerdo unánime en otro sentido, el Gobierno seguirá adelante con el mecanismo de redistribución según fue aprobado.
Este modelo fija por primera vez cuántos menores debe acoger cada comunidad en función de la población de cada región, lo que el texto denomina su “capacidad ordinaria”. Este primer paso ya ha dado algunos problemas, ya que Aragón no ha facilitado los datos y otras, como Madrid no ha aportado exactamente lo que se pedía por lo que el Ejecutivo trabaja con datos propios.
A la reunión de mañana el Gobierno no llevará una propuesta de cuántos menores debe acoger cada comunidad de los aproximadamente 4.400 jóvenes que se prevé derivar en el primer año, ya que considera que los criterios de distribución podrían cambiar en la propia sectorial.
La propuesta que se debatirá mañana establece que cualquier comunidad podrá pedir al Gobierno que declare la situación de contingencia migratoria en su región cuando su ocupación exceda tres veces su capacidad ordinaria.