Madrid, 10 jun (EFE).- La Comisión Europea sostiene que la ley de amnistía no responde «a un objetivo de interés general», sino más bien «parece ser una autoamnistía» por formar parte de «un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España» y porque los beneficiarios han sido claves para aprobarla.
La Comisión hace ese diagnóstico en sus alegaciones a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía.
Y su evaluación, que nos es vinculante para la corte europea, se produce el día en que el Tribunal Constitucional aborda por vez primera en un Pleno el borrador de la ley de amnistía, que avala en líneas generales la norma con algunas objeciones de menor calado.
«Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario», exponen los abogados de la Comisión Europea.
Y añade que «los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español», por tanto, «no parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión», señala el escrito, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso EFE.
Critica también que la norma «siguiera un procedimiento por vía de urgencia, eludiendo así importantes informes de órganos consultivos y sin consulta pública» porque, como ha señalado la Comisión de Venecia, «la amnistía ha ahondado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española»
Y «a pesar de ello, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política».
Como «tampoco atendieron» las autoridades españolas «la recomendación de que fuera aprobada con una mayoría cualificada superior».
En cuanto a los intereses financieros de la UE, señala que «no existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión, en lo que respecta a los recursos propios de la Unión».
Por tanto, entiende que «corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si las particularidades del asunto principal podrían justificar la existencia de un vínculo de conexión suficiente, en particular en el supuesto de que se hubieran desviado fondos de la Unión para financiar el referéndum ilegal».
Ahora bien, si se muestra crítica con el alzamiento de las medidas cautelares, porque «una obligación impuesta por la legislación nacional a los órganos jurisdiccionales nacionales de alzar todas las medidas cautelares antes de haber decidido si la aplicación de la amnistía está justificada en un caso concreto (…) es incompatible con los principios de primacía del Derecho de la Unión».
Como también es igual de «incompatible» el «plazo imperativo de dos meses para decidir sobre la aplicación de la amnistía», si este plazo no permite a los órganos jurisdiccionales competentes la adopción de las medidas procesales que consideren necesarias, como la obtención de pruebas adicionales o la audiencia de personas, para poder evaluar el fondo del asunto pendiente. EFE
