El sistema de atención sociosanitaria vigente en el llamado «estado de bienestar, tal y como está planteado, no es sostenible, ni en este momento ni a futuro», por el grado de envejecimiento de Canarias, según los economistas de Las Palmas.
Entre 2000 y 2022, la población de 65 años o más creció un 87 %, «casi el doble que en el conjunto de España», ha resaltado este viernes en una rueda de prensa este colectivo profesional, en base a un estudio que ha hecho sobre «el reto asistencial creciente», que afirma que supone el aumento de los mayores en las islas, hasta el punto de instar a las administraciones públicas a «replantear el propio sistema» de prestaciones actual.
Ya que, en el archipiélago, «de aquí al año 2030 se prevé que aproximadamente 500.000 personas sean mayores de 65 años», lo cual «va a tener un impacto en el número de residencias, plazas residenciales, y actividad sociosanitaria», ha expuesto el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho.
En sus premisas ha abundado la economista Rosa Rodríguez, coordinadora del estudio, quien ha vaticinado que en 2035 un cuarto de la población isleña tendrá 65 años o más y que eso empeorará la situación de un sistema que, de por sí, «no se sostiene financieramente» ni siquiera en el presente, como demuestran las listas de espera para ser reconocido como persona dependiente o para acceder a una plaza en una residencia sociosanitaria.
Todo ello lleva a la conclusión de que «no se puede seguir adelante» sin modificar el modelo asistencial vigente, «sin tomar decisiones, porque el problema se agrava» con los años y «en algún momento habrá que ver si hay que cambiar el sistema», ha aseverado.
Apostillando que lo conveniente sería «hacer algo, no esperar a 2030» para tratar de solventar el problema cuando sea mucho peor, porque toda esta situación es resultado de que «las administraciones no planifican».
Rosa Rodríguez ha apuntado, además, que las cada vez mayores necesidades económicas del sistema se conjugan con la circunstancia de que «no es posible aumentar más la presión financiera» sobre la ciudadanía, única vía por la que la Administración tendría opción de incrementar sus ingresos, debido a la carga fiscal que ya existe, y que, de subir, pondría en peligro la propia dinámica de la economía del archipiélago y del país.
Un planteamiento que ha resumido diciendo que «el problema es que los recursos son los que hay», y argumentando que, si ya de por si no son suficientes para atender la demanda asistencial actual, menos los serán en el futuro.
Y especialmente en Canarias, comunidad donde la lista de espera para ser reconocido como dependiente es de las mayores del país y el plazo para obtener ese reconocimiento, que por ley no debería superar los seis meses, llega a demorarse hasta un año y medio en muchos casos, ha destacado. EFE
