El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha puesto en marcha un sistema de seguimiento y control de la implementación de las medidas y recomendaciones que se acuerdan en los comités de crisis por los asesinatos de violencia de género.
Según señala el departamento que dirige Ana Redondo, los comités de crisis tienen como objetivo realizar un análisis «exhaustivo y pormenorizado» de los antecedentes, así como del propio asesinato para obtener información útil que sirva para avanzar en la prevención de estas situaciones, «detectando aquellos puntos mejorables para su posible corrección o refuerzo».
En estas reuniones participan, a petición del Ministerio de Igualdad, varios ministerios, como Sanidad o Interior; la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las comunidades autónomas.
De esta forma, el Ministerio de Igualdad ha enviado ya a los participantes un listado que recoge 74 recomendaciones, divididas en nueve categorías, en el que aparece además qué administración, institución u organismo está encargado de desarrollar cada una de ellas.
El objetivo, según precisa Igualdad en un comunicado, es «realizar un seguimiento activo de la implementación de cada una de las decisiones que se acuerdan en los comités de crisis, analizando qué medidas ya están ejecutadas, o en qué punto se encuentra cada una», un control que se realizará además de forma semestral.
Las recomendaciones se clasifican en varios epígrafes temáticos. En el apartado de sensibilización y campañas se incluyen acciones destinadas a los entornos de las víctimas, pero también para instar a un tratamiento adecuado de las noticias sobre violencia de género en los medios de comunicación.
Otras medidas se centran en la formación de profesionales de todos los ámbitos que tienen contacto con las víctimas, incluyendo jueces y juezas, abogacía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o servicios de emergencia.
También se incluyen las recomendaciones centradas en la mejora de los mecanismos de coordinación interinstitucional, para elaborar por ejemplo protocolos para abordar víctimas plurivictimizadas y con multiagresores, o mejoras de los sistemas de detección de violencia contra mujeres, niñas y niños, con acciones centradas en ámbitos como la educación o la sanidad.
El sistema de seguimiento recoge además recomendaciones para el sistema educativo, «con el objetivo de no normalizar la violencia de género y de sensibilizar a los menores»; así como posibles mejoras de los sistemas asistenciales y de atención integral, «insistiendo, sobre todo, en la coordinación entre todos los organismos».
Igualmente, se recomiendan acciones de mejora del sistema judicial, incluyendo las actuaciones policiales dirigidas a los procedimientos judiciales y la fase posterior de ejecución penal, las Oficinas de Asistencia a Víctimas, las Unidades de Valoración Forense Integral o la asistencia jurídica gratuita.
Por último, el documento también refleja posibles mejoras en VIOGEN o en sistemas autonómicos similares y acciones relacionadas con la interseccionalidad y vulnerabilidades.
