Santa Cruz de Tenerife, 9 mar (EFE).
– La presidenta de la Plataforma Canaria Educación Inclusiva, Carolina Buriticá, ha asegurado en el Parlamento que la proposición de ley de autoridad del profesorado, promovida por los partidos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI), «criminaliza» a los alumnos con discapacidad y vulnera su derecho a la educación.
Esta normativa pretende dotar al colectivo docente de presunción de veracidad y de respaldo jurídico en caso de conflictos en las aulas, mientras muchas familias con hijos en situación de discapacidad se sienten indefensas y tienen que recurrir a los tribunales a sus expensas ante situaciones que consideran arbitrarias por parte del profesorado, ha denunciado en la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias.
«No vamos a permitir que se use esta ley para criminalizar al alumnado con discapacidad, se agrava lo que estamos viviendo las familias ahora mismo», ha denunciado Carolina Buriticá.
Al respecto, ha planteado casos concretos de alumnos con problemas de autismo o de TDAH a los que se les aplican medidas sancionadoras y se los expulsa de los centros educativos por comportamientos derivados de su neurodiversidad, en vez de promover medidas pedagógicas.
«Es increíble que los docentes tengan desconocimiento absoluto de cómo tratar las diversidades y que desconozcan los derechos fundamentales de nuestros hijos a la educación», ha lamentado la representante de la Plataforma Canaria Educación Inclusiva.
Entre las propuestas presentadas a la proposición de ley ha pedido que se prioricen las medidas pedagógicas sobre las sancionadoras, que se mencionen los derechos de los alumnos con discapacidad recogidos en los tratados internacionales y que se garantice la asistencia jurídica gratuita para el alumnado con discapacidad, de manera que no se produzca esta «asimetría jurídica» a favor del profesorado.
«Pretenden usar fondos públicos para blindar al profesorado», pero las familias se ven desamparadas y obligadas a afrontar procesos judiciales largos y costosos para luchar contra las decisiones arbitrarias de los centros educativos, lo que supone una «discriminación» contra esos alumnos que vulnera sus derechos, reconocidos en los tratados internacionales, ha denunciado Carolina Buriticá.
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