Santa Cruz de Tenerife, 22 may (EFE).
– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha asegurado este viernes en comisión parlamentaria que la coordinación entre el Ejecutivo autonómico y el Cabildo de Fuerteventura “está funcionando plenamente” en materia de dependencia, y ha afirmado que los resultados “se notan en los datos”.
Durante su intervención en la comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Parlamento de Canarias, Delgado ha respondido a una pregunta formulada por la diputada del PP María Isabel Saavedra Hierro sobre los mecanismos de coordinación entre ambas administraciones y las medidas previstas para mejorar el sistema en la isla.
La consejera ha indicado que el tiempo medio de espera para entrar en el sistema de dependencia en Fuerteventura se sitúa actualmente en 130 días, “muy por debajo de los seis meses que marca la ley”.
Según ha explicado, el convenio suscrito con el Cabildo majorero, al igual que con el resto de cabildos insulares, ha permitido “ordenar objetivos comunes, compartir prioridades y trabajar no solo sobre plazas y recursos, sino sobre toda la cadena” del sistema de atención.
Delgado detalló además que en Fuerteventura permanecen en gestión 85 expedientes iniciales pendientes de cita, 65 revisiones de grado y 32 revisiones del Programa Individual de Atención (PIA), lo que significa que “más del 85% de los expedientes están resueltos”.
La titular de Bienestar Social destacó también la puesta en marcha del nuevo servicio de ayuda a domicilio especializada, con capacidad para llegar “a todas las localidades de la isla por muy alejadas que se encuentren”.
Por su parte, Saavedra defendió la necesidad de abordar la dependencia “con responsabilidad” y sostuvo que la mejora del sistema no pasa únicamente por resolver más expedientes, sino también por lograr que “la atención llegue antes y mejor” y que las familias sientan el acompañamiento de la administración.
La diputada popular subrayó además el crecimiento poblacional y la dispersión territorial de Fuerteventura, factores que, a su juicio, incrementan la presión sobre los servicios públicos y obligan a reforzar la coordinación entre administraciones.
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